El panorama en materia penal para un eventual sometimiento de los jefes del ‘clan Úsuga’, empezando por ‘Otoniel’, no es nada sencillo, pero la posibilidad de blindar jurídica y hasta económicamente a sus familiares más próximos sí podría ser un incentivo para los jefes de esa banda criminal.
En los últimos dos años, con la operación
Agamenón, las cabezas del cartel del narcotráfico más poderoso del país han tenido que refugiarse en las selvas del Urabá.
Ni ‘Otoniel’ ni su cúpula suelen pasar más de dos noches en el mismo rancho, ante el temor de ser ubicados por la policía. Pero ni esa rutina de seguridad los salva, como lo demostró hace una semana la caída del poderoso ‘Gavilán’, el segundo al mando de esa organización delincuencial.
Esa persecución sostenida, y las incautaciones de droga y dinero que tienen en rojo las finanzas del clan, han llevado a los jefes a contemplar la posibilidad de una entrega. Penalmente, con las actuales reglas de juego, los capos y sus lugartenientes responsables y procesados por crímenes graves solo podrían aspirar a una rebaja de la mitad de la condena. Pero en sus casos, incluidas las rebajas, difícilmente podrían aspirar a menos de 20 años de prisión efectiva.
Sin embargo, hay una gabela económica que sí podría ser llamativa. En julio de este año, el Congreso aprobó una ley, la 1849, que posibilita que quienes tienen propiedades ilegales puedan quedarse con una parte de estos si los entregan y facilitan el proceso legal para que queden en manos del Estado.
Aunque la viabilidad de llegar a un acuerdo de sometimiento con ‘los Úsuga’ aún es estudiada por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, fuentes del ente acusador señalaron que sus allegados podrían conservar algunos de los bienes “según la eficacia de su colaboración”.
La Dirección de Extinción de Dominio ya ha ocupado 4.540 bienes de ‘los Úsuga’ que tienen un valor cercano al billón de pesos. De hecho, Nini Johana Úsuga David, alias Negra, hermana de ‘Otoniel’, ya ha intentado acogerse a esa disposición.
Como lo reveló EL TIEMPO, la mujer –capturada en diciembre de 2013 y fugada 24 días después– se acogió a sentencia anticipada en su proceso de extinción y espera quedarse con el tres por ciento de los bienes que le ocupó la Fiscalía: 13 inmuebles, dos vehículos y la plata encontrada en una cuenta de una entidad financiera. Su caso está pendiente de decisión en el Tribunal Superior de Bogotá.
En la nueva reglamentación se establece que quienes se acojan al trámite abreviado podrían de entrada quedarse hasta con el 5 por ciento de los bienes, e incluso conseguir otro 5 por ciento si cumplen con algunos requisitos como ayudar a desarticular organizaciones criminales”.
También, por entregar información que permita sancionar casos de corrupción o de intentos por afectar la istración de justicia, así como identificar bienes ilícitos y elementos de juicio que permitan obtener las sentencias respectivas.
Juristas consultados por este diario señalan que eventualmente podrían contemplarse beneficios más penitenciarios que penales si cumplen con la reparación de las víctimas de la banda.
Para las bases, la situación jurídica es la siguiente: como mínimo, deberán ser procesados por concierto para delinquir, siempre y cuando no tengan procesos individuales por otros delitos.
Esta salida se ha aplicado en el pasado en casos como el del ‘Erpac’, la banda de alias Cuchillo en los Llanos Orientales. Las condenas en esos procesos suelen ser de entre 6 y 7 años, con libertades efectivas que promedian los 4 años.
Según las fuentes, hay vías para hacer más llamativa para la base la opción de someterse con beneficios de resocialización similares a los que operan para los desmovilizados: por ejemplo, la posibilidad de recibir formación técnica en las cárceles, de tal manera que tengan una opción de trabajo en el sector legal al salir de la cárcel.
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