Protocolos establecen que disidencias no podrán andar armadas en poblaciones

Actividades asociadas al narcotráfico, extorsión, minería ilegal y ataques contra la población civil como homicidios, desplazamiento y confinamientos son considerados actos de violación del cese del fuego bilateral acordado con el Estado Mayor Central,  que se convirtió en el primer grupo en definir con el Gobierno un protocolo para el cumplimiento de esa suspensión de actividades ofensivas.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, señaló que los integrantes de ese grupo ilegal tendrán que suministrar “las coordenadas amplias de los lugares que tradicionalmente han ocupado”, los cuales no pueden coincidir con zonas de tránsito de cargamentos de droga o laboratorios. 

Según información de inteligencia publicada por este diario, esa disidencia tiene presencia en municipios de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Antioquia y Cauca, y los representantes de la organización ilegal deberán entregar la información de los puntos geográficos en donde están ubicados sus hombres.

En efecto, fuentes oficiales señalaron que no hay un plazo definido para la entrega de la información, y que los representantes de la disidencia que ahora lidera ‘Iván Mordisco’ deben dar unas extensiones delimitadas sobre el sitio en el que hacen presencia.

Los avances con las disidencias se lograron luego de que en una resolución del 30 de diciembre se reconoció como representantes a Willinton Henao Gutiérrez, ‘Olmedo’; Carlos Eduardo García Téllez, ‘Andrei’; y Sandra Milena Niño Guerrero.

El ministro Velásquez Gómez señaló que el protocolo establece los acuerdos para detener las acciones ofensivas, pero que no implica que las autoridades salgan de esos territorios o que se detengan las operaciones frente a delitos.

“Las Fuerzas Militares tienen que seguir cumpliendo su función constitucional en defensa de los territorios, en defensa de la población y en la represión de las actividades delictivas”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

El comandante del Ejército, general Luis Ospina, ratificó que no se trata de un despeje y que “cualquier tipo de flagrancia en contra de lo que está establecido en el Estado nos lleva a tomar las acciones pertinentes para ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes”.

En los protocolos igualmente se estableció que las Fuerzas Militares y de Policía mantendrán las medidas de seguridad para enfrentar ataques a los integrantes de esta disidencia por parte de sus enemigos.

El Gobierno se comprometió, además, a no restringir el flujo normal de víveres, ropa o medicamentos para los integrante de esa organización, y a garantizar la movilización de sus que estén cumpliendo labores propias de las negociaciones.

Por su parte, los integrantes de la disidencia no se podrán movilizar o permanecer armados o uniformados en cabeceras municipales, corregimientos e inspecciones de Policía, ni interferir en procesos electorales.

Con eso se busca evitar cualquier afectación al proceso de elección de mandatarios locales o departamentales que se realizarán en el mes de octubre, y evitar algo como lo registrado en hechos recientes –como el de la semana pasada en Yarumal (Antioquia)–, en donde uniformados ilegales ingresaron a un colegio.

Las partes también dan por hecho que quedan prohibidas operaciones ofensivas entre los firmantes de los protocolos, y poner en cualquier tipo de riesgo a sus hombres.

Esta georreferenciación es además un paso inicial para lo que sería un proceso de concentración de los integrantes de las disidencias, el cual aún no ha sido acordado con este grupo de disidencias de las Farc.

Velásquez Gómez afirmó que la concentración garantiza “la posibilidad de un control efectivo de las Fuerzas Militares, pero también la demostración (de las disidencias) de no continuar con sus actividades delictivas”.

Esto fue respaldado por el comandante del Ejército, quien señaló que teniendo a esos grupos concentrados sería más fácil protegerlos, garantizar que no delincan y avanzar en otros acuerdos “para que vayan dejando las armas”.

Lista la verificación

En los protocolos quedó establecida también la forma como funcionará la veeduría del cumplimiento del cese del fuego.

En el mecanismo de verificación estarán cinco representantes del Gobierno Nacional, cinco de las disidencias, dos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Organización de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y de las comunidades.

Igualmente, se tendrá el acompañamiento de la Iglesia católica y de las comunidades de la zonas en las que hace presencia el Estado Mayor Central, y que han sido acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“En esa instancia de verificación se presentan los hechos que podrían ser una afectación del cese, se hace la verificación, se hacen los análisis y se formulan recomendaciones. Frente a un hecho de eventual violación del cese, la reacción no es inmediata de una ruptura del cese, se actúa con responsabilidad pero con prudencia, de manera que en el examen de cada incidente, de cada hecho de afectación al cese tendrá que activarse el mecanismo que tiene una presencia permanente y una réplica a nivel local para la veeduría en los territorios”, dijo el ministro Velásquez Gómez.

Asimismo, indicó que ese mecanismo tiene que empezar a funcionar inmediatamente.

La Defensoría del Pueblo les entregó ayer una carta al Ministerio de Defensa y al comisionado de Paz, Danilo Rueda, para pedir la entrega del protocolo acordado con esta organización ilegal, “en virtud del mandato constitucional y legal que recae en cabeza de esta institución, como veedores naturales del cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y DIH y con el propósito de impulsar, desde la Defensoría del Pueblo, nuestra función de promoción de la efectividad de los DD.HH. y del DIH a nivel territorial, mediante el monitoreo y seguimiento a los efectos humanitarios y situación de derechos en el contexto de su implementación”.

Desde el comienzo de este año, en varios municipios del país se han presentado acciones de grupos armados ilegales que han afectado a la población civil y a de la Fuerza Pública. Entre esas organizaciones están los cuatro que pactaron un cese del fuego con el Gobierno, el cual expidió una serie de decretos en ese sentido.

Los casos más recientes se han dado en Antioquia, Cauca y Nariño, departamentos en los que las disidencias de ‘Iván Mordisco’, de la ‘Segunda Marquetalia’, las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’ y el ‘clan del Golfo’ han adelantado ataques e incursiones que han generado pánico y zozobra.

De acuerdo con Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), tan solo en enero se contabilizaron 37 hechos, que se dividen entre acciones ofensivas sin intercambio de fuego –un hostigamiento a una patrulla– y combates.

Para el experto, con lo que ha pasado en lo corrido de 2023, más que de un cese del fuego se debe hablar de un “acuerdo de desescalamiento con compromisos públicos por parte del Estado y de estos grupos”. Es decir que estos mecanismos están encaminados a reducir la violencia, más que a cesarla de manera definitiva. Llamarlo así, según Restrepo, permitiría al Ejecutivo hacerle una verificación más precisa.

En medio de esta situación se han presentado actos como el ingreso del frente 36 de las disidencias a una escuela de Yarumal, Antioquia; el ataque de disidentes a una patrulla del Ejército en zona rural de Buenos Aires, Cauca; el asesinato a manos de la ‘Dagoberto Ramos’ de un indígena de un resguardo de Caldono y el secuestro en Ituango, Antioquia, por el ‘clan del Golfo’, de Yeison Duván Oquendo, excombatiente de las Farc que finalmente fue liberado con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Ante este escenario, para Restrepo hay dos maneras de evaluar este cese: “Buscando a qué se comprometieron los grupos y el Estado, y qué tanto han cumplido. Y la otra manera es ver si la violencia ha bajado”.

Con respecto al último punto, los datos del Cerac muestran que tras los decretos firmados con los cuatro grupos aumentaron las amenazas que afectan a la población, como grafitis y bloqueos de vías, pero bajaron los asesinatos atribuidos a estas organizaciones.

“Ahora bien, las muertes que ningún grupo se atribuye o de grupos que no están en el cese, como el Eln, subieron. En total, la violencia letal subió”, le dijo Restrepo a este diario, añadiendo que eso es comparado con las estadísticas que tienen desde que entró en función el gobierno Petro.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en reiteradas ocasiones ha dicho que está pendiente de las acciones armadas que afecten a la población, y en ese sentido les indicó a los cuatro grupos mencionados que “un compromiso con la paz total requiere un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”.

En total, en enero, el Cerac contabilizó 21 violaciones del cese del fuego. De estas, 20 fueron acciones ofensivas y una fue un combate. El departamento con más ataques fue Cauca (nueve), seguido de seis en Santander, dos en Antioquia y dos en Norte de Santander.

Además, hubo 17 acciones ofensivas y dos combates que ninguna estructura se atribuyó, y siete operaciones de las Fuerzas Armadas contra disidencias, las cuales –advierte Restrepo– no pueden llamarse violaciones del cese.

@JusticiaET