'No aguantamos más': el clamor de Chocó por el dolor del desplazamiento y confinamiento

Damaris Palacios Becerra tiene 50 años, pero los pómulos de su rostro podrían decir que ya ha vivido varias vidas en una: desde que salió por primera vez desplazada del Medio Atrato en Chocó, la fatalidad la volvió a cruzar dos veces con este monstruo y, cada vez que lo hizo -dice- fue como empezar una nueva vida desde cero.

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“Vivir un desplazamiento es dejar de ser libre; es dejar de ser para que otros sean”, explica esta lideresa que en 2008 perdió al papá de sus tres varones y tres mujeres a manos de la violencia, la misma que el pasado 15 de septiembre de 2021 le arrebató al quinto de sus hijos, quien perdió la vida en el espeso humo del confinamiento que ejercen los violentos que se disputan esta región a fuego.

Tanto ella como otras víctimas de estas tragedias estuvieron presentes el 23 de junio en el auditorio José Domingo Correa del centro vacacional Comfachocó de Quibdó, donde la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una audiencia defensorial en la que entregó un diagnóstico del desplazamiento y confinamiento a nivel nacional en el año 2022 y lo corrido del 2023.

Según la entidad, entre enero y junio de este año se han registrado 59 eventos de desplazamiento forzado masivo, los cuales afectaron a 18.755 personas que tuvieron que abandonar sus recintos. A esas demoledoras cifras se le suman el confinamiento de 5.825 familias producto de 89 eventos de este tipo, de los cuales 70 ocurrieron en territorio chocoano.

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“Es como cortarle las alas a uno”, expresa Damaris, que en los últimos dos años ha padecido el hostigamiento de grupos armados en la Comuna 1 de Quibdó donde, según ella, crecen diariamente los homicidios.

En 2023, también a nivel país, las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

Ahora bien, para los habitantes del departamento los datos recolectados en el informe sobre el ‘Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’ tan sólo demuestran que las dinámicas de confinamiento -92 eventos de confinamiento a este punto el año pasado- y desplazamiento persisten y no han sido atendidas por el Estado.

Blasney Mosquera, coordinador de la mesa departamental para las víctimas del Chocó afirma que “los que vivimos aquí todos los días creemos que el informe se queda corto por los subregistros. Los chocoanos de la ruralidad dispersa no entendemos si hay un desinterés del Estado en no atender la población o las condiciones geográficas son lo que nos tienen tal y como estamos. No aguantamos más”, dice.

Mosquera asegura que las emergencias derivadas en su mayoría por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) -54,4 por ciento entre 2018 y 2022- y la instalación de explosivos tienen al borde de la locura a las comunidades del Medio y Bajo Baudó, del Litoral del San Juan, Novita y Sipí.

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De acuerdo al informe, el 65 por ciento de las víctimas de los actos de confinamiento entre 2018 y 2022 fueron indígenas y el 35 por ciento afrocolombianas.

“Vivir en confinamiento es traumático. Es vivir con zozobra, con miedo, con angustia; te afecta la vida integra porque desde allí empiezan a aparecer las enfermedades”, explica Damaris con una voz que por momentos se quebranta.

Con esta situación las comunidades ven relegadas las opciones de subsistir a través de actividades esenciales como la pesca, el cuidado de cultivos y la minería artesanal, quedando ante la incapacidad de responder cuando la fiebre, el vómito y la diarrea llegan para poner en jaque la vida de sus niños y niñas.

“Las necesidades humanitarias están superando las capacidades de respuesta”, señala para este diario Mireille Girard, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (Acnur).

Para ella, el desafío a nivel nacional es tan grande que cualquier acción afirmativa queda eclipsada ante la magnitud del problema: “Las acciones deben ser más fuertes para responder a la escala que se necesita. Hay que aumentar esfuerzos y construir sinergias”, comenta.

Por su parte, en el desplazamiento forzado masivo los pueblos étnicos anteriormente mencionados intercambian los papeles: el 57 por ciento de la población que sufrió esta dinámica desde 2018 a 2022 fue afrocolombiana y el 43 por ciento fue indígena.

Nariño es el departamento que lidera este punto con 20 eventos seguido precisamente por Chocó, con 12 este año.

Blasney Mosquera explica que esta pesadilla continúa azotando el pacífico colombiano ya que, tras la firma del Acuerdo de Paz, quedaron territorios “vacíos” donde hicieron presencia las extintas Farc-Ep y que al Estado “le correspondía ocupar con inversión social y fuerza pública, pero no lo hizo. Entonces, los actores que no son del Gobierno sí lo coparon”, indica. Así, se convirtieron en escenarios de confrontación para hacerse con el control poblacional y de las economías ilícitas.

Entre los factores determinantes de interés de los grupos que alertan a la Defensoría se encuentran la disputa por el manejo del microtráfico, la minería ilegal y las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.

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Por eso, Mosquera insiste en que el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las estructuras armadas no basta. “Lo que nos sirve a nosotros es un cese multilateral entre todos los actores, pues aquí no solamente hay un actor, son varios, y mientras el Gobierno dialoga con uno, suspende el diálogo con otros, y ellos siguen peleando entre sí”, subraya.

Además del desplazamiento forzado de las comunidades, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis llamó la atención desde Quibdó por el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.

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Según el organismo, 12 alcaldes del Chocó registraron situaciones atentatorias este año y actualmente cuatro gobiernan desde el exilio. “Allí resulta fundamental que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tomen las medidas necesarias para defender la institucionalidad del Estado y evitar que los violentos sigan ganando terreno”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

“Todos los alcaldes estamos a merced de lo que le guste o no le guste a un grupo armado”, le respondió hace unas semanas a El TIEMPO la alcaldesa de San José del Palmar, Yina Moreno, quien desde hace tres meses gobierna virtualmente desde Pereira, a donde tuvo que escapar por amenazas.

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Para Blasney Mosquera, esta crisis de gobernabilidad en la región hace que el territorio sea de todos y de nadie a la vez. “No ha habido un gobernador en propiedad por mucho tiempo y eso hace que los procesos estén rezagados”, dice.

“Hace falta presencia institucional en materia de inversión. Si hay inversión social hay generación de ingresos y no hay oportunidad de que los actores ingresen a ese territorio, pero pareciera más económico atender que prevenir”, agrega.

Otro asunto qué también preocupa es la protección de los líderes y lideresas sociales. Según Camargo, 593 personas fueron asesinadas entre septiembre de 2017 y diciembre de 2022.

A través del arte del bordado y el tejido, Damaris no sólo encontró una forma de remembranza de sus seres queridos, sino una fuente para ayudar a otras mujeres del Chocó que han sufrido igual que ella. Lo ha logrado creando la Fundación "Mujeres Que Podemos", la cual promueve los derechos humanos de las mujeres.

“Pedimos que se nos sigan acompañando, que no nos dejen solas. Contamos con la Defensoría del Pueblo, pero la otra institucionalidad nos ha volteado la espalda; no nos han dado un acompañamiento continuo y nos han desatendido”, reclama.

Por su parte, Blasney Mosquera insiste en que los planes de choque contra las dinámicas de violencia en la región no pueden hacerse desde Bogotá. “Lleguen acá y construyan con nosotros que somos quienes vivimos el día a día de las acciones negativas en contra de nuestra población”, comenta.

Además, hace énfasis en evitar que las alertas tempranas se sigan haciendo realidad y que las evaluaciones “no se queden en el escritorio y las acciones vayan al territorio. A ver si así los chocoanos y chocoanas podemos dormir y despertar en nuestro territorio”, concluye.

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