Cinco municipios de Atlántico, en alerta máxima por el 'clan del Golfo'

Las comunidades de cinco municipios en Atlántico están en alto riesgo de vulneración a sus derechos, según advierte la Alerta Temprana 029 del 2022 que emitió la Defensoría del Pueblo, en la cual hay 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para proteger a las personas.

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Según la Defensoría, los municipios de Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón están en medio del fuego cruzado por las disputas entre el 'clan del Golfo' y grupos locales y regionales de criminalidad organizada, que buscan el control territorial y social de estos cinco municipios que están ubicados en una zona estratégica para el manejo de economías ilegales como el narcotráfico.

“Nuestro equipo del Sistema de Alertas Tempranas estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil.

Según la alerta temprana, a esto se suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.

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Meses atrás, tras una visita al departamento, Camargo había advertido sobre la problemática social y de seguridad que se vive en esta región y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas, y los homicidios, y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo.

“En esta Alerta Temprana 029-2022 no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias, con la pertinencia y debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, señaló el Defensor.

La entidad les recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades.

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Dentro de las recomendaciones están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía.

Del mismo tiempo, al Icbf, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.