Debate por la nueva meta de erradicación forzada de cultivos ilegales; bajó a la mitad

El Gobierno Nacional cambió su meta para este año respecto al monto de hectáreas de cultivos de uso ilícito a erradicar de manera forzosa, pasando de 20.000 en 2023 a 10.000. Así lo reveló el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante una rueda de prensa del fin de semana.

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"El año pasado la meta de erradicación fue de 20.000 hectáreas, se erradicaron tal vez 28.000, para este año está fijada en 10.000 hectáreas", indicó, y con esto se abrió el debate frente a la cantidad fijada en el marco de la lucha contra las drogas que ha venido adelantando Colombia de la mano de otros países como Estados Unidos.

El jefe de la cartera de Defensa basó ese monto en la protección que se ha dispuesto en distintas regiones del país a través de recursos judiciales, "que impide esta erradicación en lo que ya está limitado, como se había dispuesto desde el Gobierno Nacional, iniciando la gestión del presidente Petro, que la erradicación forzada solo estaría dirigida contra cultivos industriales, no contra los campesinos pobres cultivadores de coca, y esa es una decisión que se mantiene".

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Expertos consultados por EL TIEMPO sentaron su postura frente a las implicaciones que podría traer este cambio en la cifra gubernamental, la cual en los últimos años ha venido disminuyendo.

Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, subrayó que reducir la meta fue "acertado si se enfoca en grandes extensiones de cultivos de uso ilícito".

Para él, hay que empezar por aclarar que erradicar cultivos de coca no resuelve los problemas estructurales que vinculan a las familias a dicha actividad, y en cambio "sí afecta de manera significativa las condiciones socioeconómicas y los ingresos de los hogares vinculados a la actividad cocalera".

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"Se ha documentado de manera sistemática cómo este tipo de intervenciones aumenta la violencia y las confrontaciones entre la Fuerza Pública y las comunidades, y adicionalmente expone y aumenta la exposición y los riesgos que enfrentan los de la Fuerza Pública", contó el investigador, quien junto a María Alejandra Vélez, del Cesed, encontró que en municipios cocaleros que manejan la erradicación forzada la tasa de asesinatos y heridos de militares y policías "es significativamente más grande que en aquellos municipios cocaleros en los que no se implementan este tipo de estrategias".

Por su parte, Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, resaltó que la reducción de la meta de erradicación "forma parte del propósito que ha tenido el Gobierno de no perseguir a los cultivadores de coca, entendiendo que a ellos primero se les debe ofrecer una alternativa productiva, una alternativa económica. Entonces el Gobierno privilegia las incautaciones, es decir, atacar el fenómeno del tráfico de drogas aguas arriba, asestando golpes por la vía de las incautaciones a los que comercializan la pasta base y la cocaína".

Para el Ministro, hay que tener en cuenta que de acuerdo al seguimiento que se hace con el sistema que tiene la Policía, el Siima, frente a las 230.000 hectáreas que estaban sembradas de acuerdo con el Simci de Naciones Unidas para diciembre de 2022, para abril pasado el Siima registró 259.000 hectáreas, para agosto bajaron a 247.000, y para diciembre estaba en 246.000 hectáreas. "Esto significa que después de llegar a lo máximo de las 250.000, en abril de 2023 hasta diciembre hubo una disminución de 13.000 hectáreas".

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Mientras que para Néstor Osuna, ministro de Justicia, hay que tener en cuenta que en los primeros 22 años de este siglo se erradicaron tres millones de hectáreas de coca forzamente y nunca bajó el porcentaje de hectáreas cultivadas; "en 2022 se erradicaron 67 mil hectáreas y subió de 204 a 230 mil el número de hectáreas cultivadas. El año pasado solo se erradicaron 20 mil hectáreas forzosamente y en el primer semestre del año siguieron subieron las hectáreas pero en el segundo semestre comenzó a bajar levemente. Eso nos permite concluir que la erradicación forzosa no está claramente ligada a una disminución del número de hectáreas, sino que es la erradicación voluntaria la que realmente disminuye".

Según Iván Velásquez, la idea del Ejecutivo es darle mayor prioridad a la erradicación voluntaria a partir de planes de sustitución. Sobre este punto, Lucas Marín indicó que es fundamental que el Gobierno piense en una política integral, aunque hizo algunos reparos.

Así las cosas, su postura en este punto se basa en que "han pasado 18, 19 meses desde el comienzo de la istración, queda un poco más de 2 años y estamos en ese nivel de diseño y ejecución de política pública, lo que sí nos preocupa y nos parece que deja un poco en el vacío de este nuevo intento, esta nueva apuesta del Gobierno Nacional por reformar la política de drogas, puesto que esas medidas y la implementación específicamente contundente con todos los aprendizajes que tenemos de otras políticas de desarrollo alternativo son esenciales para complementar este tipo de medidas que anunció el Ministro de Defensa".

Respecto a este asunto, Velásquez indicó el fin de semana que están esperando que "prontamente empiece de manera consistente ese programa (de erradicación voluntaria)", pero que en cuanto a represión a grupos dedicados al narcotráfico, se trabaja en incautaciones y la destrucción de laboratorios junto a la persecución de bienes.

Por el momento, el ministro de Defensa resaltó que el Siima de la Policía tiene tecnología que les hace tres o cuatro mediciones al año; mientras que el de Naciones Unidas es solo una vez al año y se conoce seis meses después.

A manera de conclusión, el ministro Osuna resaltó que el número de hectáreas va a ir disminuyendo porque a su juicio, la estrategia de erradicación forzosa no tuvo éxito en 25 años. "A mí me preocuparía seguirme gastando la millonada que se gastaban en erradicación forzosa sabiendo que eso no va a funcionar", indicó.