Gobierno mantendrá política de desarme de civiles en el país

El 23 de diciembre de 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos ordenó la restricción al porte de armas para las fiestas de fin de año y extendió la norma hasta el 31 de enero de 2016. Y el 19 de enero, cuando aún estaba vigente esa medida, Santos dijo que la restricción había tenido un impacto positivo en la reducción de homicidios, por lo que decidió que estaría vigente todo el año.

Desde entonces, la medida se ha venido prorrogando y hoy la restricción sigue vigente a pesar de las peticiones que han hecho integrantes del Centro Democrático, y el partido Conservador y otros sectores del país.

En diciembre de 2018, esos dos partidos ya le habían pedido al presidente Iván Duque flexibilizar la restricción del porte de armas y mencionaban que había ciudadanos respetuosos de la ley que enfrentaban “constante amenaza”, y que por esto necesitaban medidas de protección personal.

Y hace menos de una semana, el caso en el que un médico en medio de un intento de atracó les ocasionó la muerte a tres de los asaltante volvió a encender el debate sobre la posibilidad de disminuir las restricciones para que los ciudadanos anden armados.

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Alfredo Rangel, exsenador del Centro Democrático, señaló que la restricción se tendría que levantar en las ciudades más atacadas por la delincuencia. “Esa prohibición solo favorece a los bandidos que actúan impunemente contra la ciudadanía inerme”, dijo.

En el lado opuesto, expertos de la Fundación Ideas para la Paz han calificado como un retroceso en la seguridad ciudadana la posibilidad de esa flexibilización y, en informes sobre el tema, afirman que “el control de armas no puede tomarse a la ligera ni responder a intereses particulares”.

Entre tanto, el Gobierno mantiene su posición y apunta a preservar las restricciones y avanzar en nuevas medidas para desarmar a los ciudadanos (ver nota anexa).

Hoy en el país, según cifras del departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, de las Fuerzas Militares, 688.534 colombianos tienen amparadas armas legales. De ellos, 280.649 tienen permiso de tenencia y 407.885, de porte.

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De ese número de permisos, el año pasado solo se expidieron 3.927 resoluciones que permitían a los ciudadanos evitar las restricciones. En 2018 habían sido 6.827 permisos especiales, en el 2017 fueron 6.649 y en 2016 se expidieron 7.068.

Pero no solo han bajado los permisos especiales. Según la Industria Militar (Indumil), entre 2017 y 2018 hubo una reducción del 20,46 por ciento en la venta de armas, pasando de negocios por 23.879 millones de pesos a 19.985. Esto, debido “a la restricción de porte de armas a nivel nacional”.

Otro dato importante para el debate es el comportamiento de los homicidios, que son una razón para la restricción. En 2018, según Medicina Legal, fueron asesinadas 12.130 personas; en 2017 fueron 11.373 y en 2016 la cifra cerró en 11.532. En promedio, en el 70 % de muertes se usó un arma de fuego.

Daniel Mejía, docente de los Andes y experto en asuntos de seguridad, sostiene que el tema del desarme solo funciona en un segmento de la población que está dispuesta a entregar el arma. “El problema radica en que los criminales no van a entregar el arma. Es bueno que se busque una regulación, pero no es una política que vaya a reducir radicalmente la criminalidad”, indicó Mejía.

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Añadió que, al contrario de lo que se cree, la población que se arma “puede estar en un peligro más inminente”, y que deben ser estrictos los controles para entregar armas.

A su turno, Andrés Nieto, analista en materia de seguridad de la Universidad Central, dice que “más allá de la directiva que regula las armas que son legales, el problema en Colombia son las armas ilegales”.

Y añadió: “El problema es que se estima que hoy hay en Colombia cerca de 3 millones de armas ilegales o hechizas que están circulando en todo el país. Lo que estamos viendo es que hoy tenemos un mercado ilegal de armas donde, desde 15.000 pesos, se consiguen alquiladas muchas de estas hechizas o manufacturadas”.

Solo el año pasado, se lee en registros de la Policía Nacional, se incautaron 20.592 armas, de las cuales la gran mayoría no tenía permiso legal. En 2018, las incautaciones llegaron a las 22.314.

Rodrigo Córdoba, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, sostuvo que en principio no todas las personas pueden manejar armas y que hay ciudadanos en los que prima el impulso por encima de la razón: “Estas no son aptas para portarlas, porque las armas no se usarían solo en una situación de defensa, sino que se convertirían en un instrumento de ataque”.

El penalista Francisco Bernate señaló que el monopolio de las armas debe seguir en manos del Estado, pues “no es deseable que en una sociedad como la colombiana se establezcan proyectos para que los ciudadanos anden armados”.

Y el congresista Cristian Garcés pidió al Gobierno crear una mesa nacional para que se analicen las garantías de seguridad “a las personas honestas” que hoy enfrentan riesgos y requieren portar sus armas.

El representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, dijo que en marzo presentará un proyecto para que se autorice el porte de armas. “El decreto que suspende el porte deja en vulnerabilidad a muchas personas a quienes después de estudios estrictos se les autorizó portar un arma. Vamos a trabajar para permitirles a los ciudadanos defender su vida y sus bienes”, dijo.

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, señaló que el Gobierno ha sido claro en que la política sobre este aspecto no apunta a flexibilizar el porte de armas.

“Los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana pasan por el desarme general de los ciudadanos en acatamiento del principio de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del Estado y del monopolio de las armas”, señaló el consejero.

Y, sobre los argumentos que esgrimen quienes piden reducir los requisitos para el porte, añadió:  “En Colombia, las armas no se pueden invocar como un derecho. Por eso, la directriz es garantizar que las armas que tienen permisos de tenencia y de porte deben corresponder a casos realmente excepcionales, al tiempo que se multiplica la persecución a las armas que no tienen permiso y que están en manos de delincuentes”.

Guarín señaló que se requiere estimular el desarme, no la compra de armamento, “acabar el mercado negro de venta y alquiler de armas de fuego, el tráfico de armas pequeñas, así como endurecer la persecución a las armas blancas, todas prioridades de la nueva política marco de convivencia y seguridad ciudadana”.

En la política a la que hace referencia el consejero, y que fue lanzada por el presidente Iván Duque el 20 de diciembre del año pasado en Medellín, se mencionaban algunas cifras que sustentaban esa restricción.

Por ejemplo, se afirma que entre enero y agosto de 2019, el 74 por ciento de los 8.406 homicidios se perpetraron con armas de fuego. Y que en 53.0289 delitos de alto impacto como el hurto cometidos en ese periodo se usaron armas de fuego.

Además se plantean otras medidas complementarias, como la persecución a las redes que venden armas en el mercado, la revisión de la legislación para endurecer las penas para el porte ilegal y un mayor control a la fabricación e importación de juguetes bélicos que son usados en delitos.

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