Grupos ilegales, detrás de una de cada diez invasiones de tierras

Un informe de la Defensoría señala que en al menos 13 casos habría vínculos con grupos armados.

22.09.2022 20:49 Actualizado: 24.09.2022 15:30

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A la fecha hay identificados 108 casos activos de ocupaciones indebidas de tierras o invasiones en las que están participando alrededor de 5.800 familias. El departamento con más casos reportados es Cauca, con el 36 por ciento de los hechos registrados.

Así lo señaló la Defensoría del Pueblo durante el primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, que se inició este jueves en Medellín, Antioquia. Según el informe del organismo humanitario, en al menos 13 casos habría una vinculación entre la invasión y grupos ilegales.

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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, afirmó que en el monitoreo que realiza la entidad se ha evidenciado “un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto”.

Camargo Assis indicó que hay atención especial en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde se han identificado los 108 casos distribuidos en 26 municipios.

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En el evento también se conocieron los factores que, a juicio de la entidad, han originado este tipo de ocupaciones ilegales. En una primera categoría aparecen comunidades rurales “que carecen de tierra, no tienen suficiente a la misma y reclaman derecho al progresivo a la propiedad”.

🚨Durante instalación de #EncuentroConflictividad en #Medellín, el Defensor del Pueblo reveló que en monitoreo de @DefensoriaCol se identificaron 108 casos de invasiones de tierras en varias regiones del país.#Cauca registra el mayor número de casos.

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 22, 2022

Estas situaciones se presentan en predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales y, además, en predios istrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Aparece una segunda causa vinculada a ocupaciones ejercidas por población étnica, “que en el marco del ejercicio denominado como ‘liberación de la madre tierra’, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”.

En los departamentos de Guainía, Huila y la región del Urabá, dijo la Defensoría, el fenómeno está asociado a demandas de las comunidades para acceder a tierra para la construcción de vivienda propia debido al déficit habitacional que presentan estas regiones.

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“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, a crédito agropecuario y afectaciones al medioambiente”, dijo Camargo.

Alerta por intereses de redes criminales

El defensor del Pueblo señaló que, de los 108 casos identificados por la Defensoría, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales.

Hace algunos días, el funcionario ya había advertido sobre “estructuras criminales de delincuencia organizada que se están aprovechando como avivatos de esta situación para tratar de irrumpir y apropiarse ilegalmente de extensiones de tierra”.

Y mencionó en particular a las disidencias y el Eln que “tienen como práctica el desplazamiento forzado de las comunidades para apropiarse de extensiones de tierra”. Fuentes oficiales del Gobierno señalaron que tienen reporte de 62 investigaciones; de ellas, 41 por casos de invasión; 17, de avasallamiento; y cuatro, de usurpación.

Parte de los operativos en el oriente de Cali. Foto:Archivo EL TIEMPO

La situación es tan delicada que el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, anunció la creación de un grupo especial para investigar las ocupaciones ilegales y sostuvo que debe trabajarse de acuerdo con la situación puntual de cada zona.

“Cada lugar tiene sus particularidades, nos toca ser muy inteligentes porque esas investigaciones estructurales tienen que decir si tenemos evidencia para judicializar a los responsables”, dijo Barbosa Delgado durante la segunda jornada académica de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ‘Derecho jurisdiccional disciplinario desde un enfoque ético, deontológico y preventivo’, que se realizó en la capital antioqueña.

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El penalista Pedro Nel Escorcia señaló que en el Código Penal está tipificado el delito de invasión de tierras, que tiene una pena de hasta 144 meses, y sostuvo que las penas pueden ir aumentando si se incurren en hechos de violencia o intimidación de los ocupantes de los predios. “Las amenazas, el uso de la violencia o de medios coercitivos”, dijo Escorcia, añadiendo que “pueden ir complicando la situación de quienes incurran en esas conductas”.

Sobre el tema también se refirió el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien insistió en la posición del Gobierno de solucionar el tema por la vía del diálogo: “La tierra y los problemas que históricamente han surgido en Colombia alrededor de ella han generado toda la violencia histórica en Colombia, razón por la cual pensar que la vamos a resolver a punta de bala o a punta de cárcel es un error histórico”, dijo Prada.

Y enfatizó que debe existir un trato diferencial, pues una cosa son las invasiones de las comunidades y otras, las acciones de grupos criminales como las disidencias o la delincuencia común.

Además, reiteró su compromiso de impulsar la #ReformaAgraria que ayude a disminuir la conflictividad por la tierra, cumplir los Acuerdos de Paz, proteger a los líderes sociales y escuchar las demandas de los y las colombianas. #TuMinisterio #CambioPorLaVida pic.twitter.com/SpQCj52AWk
— MinInterior Colombia (@MinInterior) September 23, 2022

‘Protegeremos la propiedad privada’: Prada

En su intervención, el ministro del Interior manifestó que las autoridades "van caminando en el sentido de resolver en el fondo el problema de la tierra, y a los delincuentes que están perturbando la propiedad se les va a aplicar todo el peso de la ley”, y añadió que "la propiedad privada es un derecho constitucional que vamos a proteger”.

A su turno, la ministra de Agricultura, Cecilia López, envió un mensaje a las comunidades para que frenen la ocupación: “Empezamos a cumplir lo prometido; no le quiten espacio a este proceso, ni ocupando ni invadiendo tierras (...). Dennos el tiempo y la posibilidad y el margen político para hacerlo”, puntualizó.

(Puede ver: Cecilia López: ‘Que frenen invasiones; ojalá no haya que llegar a los desalojos’)

Empezamos a cumplir lo prometido; no le quiten espacio a este proceso, ni ocupando ni invadiendo tierras

Igualmente se pronunció Gerardo Vega, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien señaló que esperan cumplirles a las personas que aspiran a acceder y formalizar la tierra.

“Aquí no puede ser entonces ni con organismos privados de protección de la propiedad privada, ni invasiones ni ocupaciones; se va a hacer todo por la vía institucional, liderada por la ministra Cecilia López y por el presidente Petro. Nosotros en las agencias lo que hacemos es este trabajo de buscar los títulos y buscar la formalización de la tierra”, dijo Vega.

Este año, Fiscalía ha imputado cargos a 143 personas

EL TIEMPO le hizo tres preguntas al fiscal general, Francisco Barbosa, relacionadas con las actuaciones que a nivel penal se han adelantado respecto a las invasiones de tierras en el país.

Fiscal Francisco Barbosa Delgado. Foto:Fiscalía.

¿Cómo va a funcionar el grupo especial de fiscales para la invasión de tierras que anunció?

Con enfoque territorial en donde exista mayor número de afectaciones con estructuras criminales. En principio se está haciendo un análisis de las denuncias de los afectados, en casos donde hayan invadido predios privados. No se hará análisis caso a caso, sino de situaciones que son generadas por estructuras criminales. Se trabajará con equipos regionales de fiscales e investigadores y funcionará la itinerancia.

¿Tienen información de cuántos casos de invasión se han denunciado en el país, en dónde y en cuántos estarían involucrados grupos ilegales?

En lo corrido de 2022, la Fiscalía General de la Nación tiene registro de 107 delitos por avasallamiento, siendo Cauca (31), Antioquia (12) y Cundinamarca (9) los departamentos con una mayor afectación. Igualmente por invasión de tierras o edificaciones se tiene registro de 1.363 delitos en el 2022 y los departamentos o distritos más afectados son Antioquia (159), Bogotá (126), Valle del Cauca (91) y Bolívar (136).

El total de delitos registrados que pueden estar asociados al fenómeno, como avasallamiento de bien inmueble, invasión de tierras, invasión de áreas de especial importancia ecológica, perturbación de la posesión sobre inmueble y usurpación de tierras, es de 3.235, donde Bogotá, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca son los lugares con mayor registro de estos delitos en el 2022.

¿Hay capturados por invasiones de tierras?

La Fiscalía General ha imputado en el 2022 a 143 personas por estos delitos y ha obtenido una sentencia condenatoria.

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