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Disidente en juicio por uso de menores para delinquir podría quedar libre

Héctor Chavarro Leiva es señalado de transportar menores para entrenarlos en Perú, entre otros.

La ley de amnistía, recientemente reglamentada por el Gobierno, está pendiente de control constitucional.

La ley de amnistía, recientemente reglamentada por el Gobierno, está pendiente de control constitucional. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

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Héctor Chavarro Leiva, un señalado disidente de las Farc, detenido en diciembre de 2018 por utilización de menores de edad para la comisión de delitos en Putumayo, podría quedar en libertad por vencimiento de términos.
Chavarro Leiva fue acusado por la Fiscalía en 2019 como la persona encargada de la logística de la disidencia del Frente Primero de las antiguas Farc, en especial para transportar menores de edad, entre los 14 y 17 años, obligados a delinquir para ellos en Puerto Leguízamo, Puerto Nariño, Puntales, Bellavista, Yarinal y Puerto Perea, entre otras.
La Fiscalía asegura que Chavarro Leiva era plenamente consciente de que “facilitar el uso de los menores de edad en diferentes tareas y oficios al interior de la disidencia estaba realizando un comportamiento prohibido y penalmente reprochable, conociendo igualmente que su posición al interior de la organización criminal, así como las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de los niños, niñas y adolescentes de esta zona del país”.
La Fiscalía señaló que, a través de la información que ha sido recolectada, Chavarro Leiva hacía, por ejemplo, desplazamientos vía fluvial desde los sectores de Pacora, Perú, a los sectores de Bellavista y Caño Curilla jurisdicción del municipio de Puerto Leguizamo – Putumayo, de menores de edad con el fin de darles entrenamiento militares en los sectores de Pacora, Perú.
Igualmente, "compra y transporte de víveres y material de intendencia para la organización, incluyendo elementos para los menores de edad que están vinculados a esta organización criminal".
"Transporte de menores de edad entre los 14 y 17 años, y mujeres, a un sitio llamado Puerto Vélez, en Perú, para desde allí llegar a un sitio conocido como Peñas Blancas en el departamento del Amazonas y desplazamiento de menores de edad desde Puerto Leguizamo hacia el sector del Caguán con el fin de ser entrenados en cursos de guerrilla, explosivistas y enfermeros", dijo la entidad.
En documento en poder de EL TIEMPO, se afirma que Chavarro Leiva se dedicaba a recepcionar material de guerra enviado a la organización desde Caño Curilla, para los menores de edad que van vinculando a la organización criminal.
"Trasporte de los integrantes de la organización criminal en el sector de Yarinal, cerca de Caño Curilla, quienes están coordinando actividades de narcotráfico y entrega material de guerra que viene del sector del Caguán. E inducir a menores de edad en el Barrio la Raicita, donde vivía y en otros barrios vulnerables de Puerto Leguizamo, con el fin de que se vinculen a la organización criminal", dijo.
Sin embargo, dos años después, la defensa está pidiendo la libertad por vencimiento de términos por las demoras del caso. La solicitud será resuelta por un juzgado de Puerto Asís por orden de la Corte Suprema que resolvió un conflicto de competencia.
En Twitter: JusticiaET

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