Los retos para el nuevo gobierno en temas de seguridad

Expertos hablan de porte de armas de fuego y traumáticas, reforma de la policía y más.

23.05.2022 19:24 Actualizado: 24.05.2022 11:01

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El homicidio, el hurto a personas y los delitos sexuales han tenido un incremento entre el año pasado y el 2022. Por tasa por cada cien mil habitantes, esos delitos pasaron de 24,5 a 27,7; de 61,5 a 68,4 y de 413,2 a 549,1, respectivamente.

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Esos son algunos indicadores sobre la situación de seguridad del país, que es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y que plantea un reto clave para el nuevo gobierno. Analistas consultados por EL TIEMPO señalaron además que a la delincuencia común se suman las redes criminales que se nutren de negocios como el narcotráfico y que también afectan la tranquilidad de los colombianos.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, señaló que la nueva istración tiene una primera tarea y es analizar cada región del país con una mirada particular, con el fin de enfrentar los fenómenos puntuales que se viven en cada zona del territorio.

Mencionó, por ejemplo, a Tumaco, Nariño, como una de las zonas en las que no solo hay problemas de delincuencia común, sino de disputa territorial de redes ilegales por rentas ilícitas como la coca y la minería ilegal, a lo que se suma que allí la desmovilización de la guerrilla no fue exitosa.

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“En Quibdó está focalizado el cien por ciento del homicidio en 23 por ciento de las manzanas de la ciudad. Eso permitiría hacer intervenciones focalizadas e integrales en los puntos más críticos”, destacó Vélez.

Igualmente, indicó que otro factor que no necesariamente es urbano es el homicidio de líderes sociales, cuya protección, dijo la analista, debe ser una de las preocupaciones para el nuevo gobierno.

Así mismo, mencionó que otro de los delitos a los que hay ponerle la lupa es la extorsión, que consideró muy grave y que afecta el emprendimiento en el país.

Frente a la posibilidad de ampliar el pie de fuerza de la policía y usar el Código Penal para crear nuevos delitos o aumentar las penas, Vélez consideró que ese tipo de caminos no ayudan a reducir la criminalidad.

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Lo que sí se debería hacer es descongestionar el sistema judicial y disminuir la impunidad, ese sí es uno de los temas importantes: María Alejandra Vélez

“Lo que sí se debería hacer es descongestionar el sistema judicial y disminuir la impunidad, ese sí es uno de los temas importantes”, indicó la directora del Cesed.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que hay varias tareas primordiales, entre ellas recomponer la relación de la policía con los ciudadanos, que quedó afectada por las jornadas de protesta del año pasado.

Igualmente, enfrentar “la marcada inefectividad de la justicia para perseguir a las organizaciones criminales, vinculadas especialmente al hurto, y la mala priorización de los recursos en seguridad y justicia en la lucha contra el tráfico interno de drogas, como si eso fuera a resolver los problemas de seguridad ciudadana”.

Para Restrepo, se deberían destinar mayores recursos a la persecución de las organizaciones y no a la sanción de los consumidores.

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Señaló también que la reforma de las autoridades del país no se debe quedar solo en la Policía, debe pasar también por las Fuerzas Militares para modernizarlas y hacerlas más eficientes. Por su lado, Vélez indicó: “La Policía debería enfocarse en temas de vigilancia, todas la demás funciones que se le pusieron a la Policía se las deberían quitar”.

Los dos expertos coincidieron en que el país tendría que mantener la prohibición del porte de armas y avanzar en los controles que ya se han empezado a implementar para sacar del mercado las armas consideradas no letales, como las traumáticas.

“Hay que avanzar en campañas de desarme en todo el país con énfasis en el nivel urbano. De nada vale decir que las armas de fuego no se puedan portar si no salen las autoridades activamente a buscarlas y a decomisarlas”, dijo Restrepo.

Tanto Vélez como Restrepo indicaron que frente a la lucha contra el narcotráfico el nuevo gobierno tendría que fortalecer planes como la sustitución de cultivos ilegales y la restitución de tierras para sacar de la ecuación a los campesinos ubicados en las zonas de cultivos ilícitos.

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