La extorsión en Colombia se está normalizando como si fuera un impuesto: OEA

En varias regiones del país, la extorsión de grupos armados ilegales, incluso de los que están hablando con el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la ‘paz total’, se ha vuelto una práctica invisibilizada y normalizada, al punto de que muchas comunidades la asumen “como un impuesto o ‘vacuna’ ” que, además, “derivó en el incremento de precios de los productos, incluidos los de la canasta familiar, vulnerando la seguridad alimentaria de la población civil”.

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La grave denuncia hace parte del informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), que recoge hechos sucedidos en el primer semestre del 2023 (aunque se proyecta a todo el primer año de la istración Petro) y que fue presentado ayer en Washington.

Basado en sus reportes directos en terreno, la Misión de la OEA señala que en departamentos “como Arauca y Putumayo, así como en las regiones del sur de Bolívar, Catatumbo, sur de Córdoba, Costa Pacífica caucana, eje del río San Juan, Telembí, sur de Valle del Cauca, sur de Meta y norte de Caquetá”, los actores ilegales “establecieron el cobro de dinero según la cantidad de ganado o hectáreas poseídas, de acuerdo con las ganancias estimadas de establecimientos comerciales y determinaron un porcentaje frente a la venta de predios”. Y en ciudades como Buenaventura, el cobro de la extorsión se ajusta a las ganancias calculadas de los negocios.

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Informes del Gobierno reconocen la disparada de delitos como el secuestro y extorsión en todo el país, incluso en grandes capitales como Bogotá y Barranquilla. Cifras del Ministerio de Defensa señalan que entre enero y septiembre fueron secuestradas 241 personas, un aumento del 69,7 por ciento en comparación a las 142 del mismo periodo del año pasado. La extorsión pasó de 6.466 casos en los primeros 9 meses del 2022, a 7.626 este año, un aumento del 17 %. Son cifras de denuncias, por lo que la posibilidad de subregistro es muy alta.

La Misión destaca la persistencia del Gobierno Nacional en la búsqueda de una solución negociada con todos los actores ilegales y su compromiso con la implementación del Acuerdo de La Habana, así como los avances en proteger la biodiversidad amenazada por las diferentes facetas del conflicto armado. La Secretaría General (de la OEA) “reitera el reconocimiento al Gobierno por poner al ambiente como componente esencial de la política de paz total y alienta a avanzar en la implementación de las políticas y estrategias definidas en el PND, el Acuerdo de Paz, el Acuerdo de Escazú y la Política de Seguridad para el logro de la paz ambiental”, dice el documento.

Pero a renglón seguido advierte que a pesar de los os de paz, los grupos ilegales siguieron secuestrando a comerciantes, transportistas, ganaderos, servidores públicos y líderes sociales, entre otros.

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El informe señala que los grupos armados afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control, generando desplazamientos, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones en departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo.

“La ocurrencia de estas dinámicas afecta la credibilidad y confianza de las comunidades y la institucionalidad local sobre futuros ceses del fuego, procesos de negociación política y espacios de conversación sociojurídica”, dice la Misión.

Para realizar su informe, la MAPP/OEA realizó 1.128 misiones en terreno, en 486 centros poblados de 195 municipios de 22 departamentos del país, y tras verificar la situación de las comunidades, hizo 16 recomendaciones al Gobierno para contribuir al avance de las negociaciones y los acercamientos con grupos armados ilegales.

Siete de esas recomendaciones están dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en temas como desminado, reglas claras del cese del fuego, seguridad jurídica, parámetros de judicialización y condiciones de sometimiento.

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Por ejemplo, se recomienda plantear la desvinculación de niños reclutados desde las primeras fases hasta el final de dichos procesos, determinando una ruta especial para su atención y protección. Así mismo, se recomendó incorporar en los ceses del fuego la definición concreta de los actos prohibidos contra la población civil.

Frente al informe, Roberto Menéndez, jefe de misión de la MAPP/OEA, concluyó con un llamado “a sumar voluntades de todos los actores involucrados en los esfuerzos para la búsqueda de la paz completa. Las graves afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable la atención a los desafíos en el marco de las negociaciones y conversaciones con los grupos armados. Por eso, resulta indispensable avanzar sobre lo construido, preservar lo alcanzado y superar los desafíos para hacer que los procesos sean posibles”.

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