Secuestros de Eln y desafío de disidencias: ¿hora del timonazo para la ‘paz total'?

En la noche del 31 de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro le anunció al país en un trino el inicio inmediato de un cese del fuego bilateral con cinco grandes grupos ilegales. Aseguró en ese momento que la intención principal sería “suspender la afectación humanitaria de la población en general”.

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Pero casi un año después y centenares de muertos de por medio, las negociaciones y treguas con el Eln, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ e ‘Iván Márquez’ y las bandas del ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachenca’ están en punto muerto o atraviesan momentos críticos.

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Y la constante en cada crisis han sido los crímenes y abusos en contra de la población civil en las regiones afectadas por los mismos grupos que dialogan con el Gobierno.

Este jueves recobró la libertad, después de 12 días de cautiverio, Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz.

Mientras la noticia de ese secuestro perpetrado por el Eln le daba la vuelta al mundo, a la par esa guerrilla anunciaba un paro armado en Chocó afectando a las comunidades más vulnerables. Y las disidencias de ‘Mordisco’ no solo suspendieron unilateralmente la mesa de diálogos iniciada hace tres semanas sino que siguieron presionando a la población para sacar a la Fuerza Pública de Argelia (Cauca), Briceño (Antioquia) y otros municipios donde hay o coca o minería ilegal del oro.

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También se vieron a del mismo grupo ilegal inaugurando carreteras en El Rosario (Nariño) y en La Plata (Huila), en videos que trajeron a la mente de muchos colombianos el recuerdo de lo que ocurrió en los fracasados diálogos del Caguán, hace ya más de 20 años.

Hoy, en teoría, siguen vigentes las treguas con el Eln y el grupo de ‘Mordisco’, al que el Gobierno llama ‘Estado Mayor Central’. Pero en los dos casos y en los otros ceses que hubo a lo largo de este año, y en general en todos los procesos, no ha logrado superarse el que podría considerarse el ‘pecado original’ de la ‘paz total’: la población civil nunca ha estado realmente protegida de las acciones de los grupos ilegales.

Así, mientras los policías y soldados quedaban fuertemente limitados en virtud de las treguas, la afectación de las poblaciones incluso ha venido en aumento. Delitos como el secuestro están disparados, al pasar de 142 entre enero y septiembre del 2022 a 241 este año. La extorsión, según las cifras del Ministerio de Defensa, pasó de 6.466 casos a 7.626 este año.

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El último informe de la Misión de Paz de la OEA en Colombia, presentado en Washington, denuncia incluso que en varias regiones hay una ‘normalización’ de ese delito y que por la misma razón hay un encarecimiento de precios que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchas poblaciones.

Y los confinamientos forzados, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, aumentaron. Entre enero y septiembre del 2023 se denunciaron 156, un 31 por ciento más que en el mismo período del 2022.

Informaciones de inteligencia conocidas por este diario señalan que durante el cese del fuego el Eln ha perpetrado 406 acciones armadas y se han registrado 25 confrontaciones. Y en el primer semestre hay reporte de 298 acciones del ‘Estado Mayor Central’, 78 de la ‘Segunda Marquetalia’ (el grupo de ‘Marquez’) y 10 del grupo de la Sierra Nevada, ‘los Pachenca’.

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En cuanto al secuestro, el Eln fue responsable este año de al menos 32 casos. Se cree, porque ninguna autoridad tiene una cifra concreta al respecto, que al menos dos de las víctimas siguen cautivas.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, afirma que son evidentes las afectaciones contra los civiles “por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley”.

Desde el inicio de las negociaciones, la ‘paz total’ ha tenido grandes escollos. La persistencia de las acciones armadas y los crímenes de los grupos supuestamente en diálogo (por ejemplo, que las disidencias de ‘Mordisco’ entreguen la ubicación de sus campamentos para evitar confrontaciones con la Fuerza Pública, tarea que no han cumplido), la falta de claridad de reglas de juego y los huecos en el diseño o la ausencia completa de sistemas de monitoreo y verificación son algunos de los principales.

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A eso se suman el polémico manejo que le ha dado al tema el comisionado Danilo Rueda, la extensión de frentes que están en cabeza de ese mismo funcionario y, además, una inconformidad creciente entre integrantes de la Fuerza Pública ante los cuestionamientos sobre una supuesta inactividad en las regiones.

El informe de la OEA ya mencionado señala que en al menos en la primera mitad de este año “los grupos armados ilegales persistieron en la contaminación del territorio con minas antipersona, como una estrategia militar para generar cercos de protección y disuadir eventuales ataques por parte de otro grupo o de la Fuerza Pública.

En Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y en la región sur de Bolívar instalaron minas con el interés de mantener zonas de retaguardia o influencia. En Guaviare y la región del Bajo Putumayo, para evitar acciones proyectadas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

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En Arauca y las zonas de frontera con Panamá y Ecuador, para resguardar corredores de narcotráfico con el objetivo de destinar su uso exclusivo para el tránsito de compradores, cargamentos y funcionamiento de infraestructura para el procesamiento de pasta base de coca y sus derivados”.

Ante este crítico panorama, la pregunta es cómo recuperar el camino para enderezar las negociaciones de la ‘paz total’ y avanzar sin ceder terreno en las regiones y garantizando la seguridad de la población civil y que los ilegales no aprovechen para sus fines estratégicos la voluntad de diálogo del Gobierno.

Sebastián Camilo Reyes, profesor de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, advierte que a la preocupación por los secuestros y extorsiones se suma la “fragmentación y la falta de cohesión, jerarquía y nodos de comunicación al interior de la guerrilla” del Eln.

Asegura que más allá de las buenas intenciones, la ‘paz total’ no ha logrado dar garantías de seguridad a las comunidades y advierte que el Gobierno no parece estar mirando el crecimiento del narcotráfico: “En la primera mitad de este año hubo una reconfiguración frente a las dinámicas de los cultivos de coca. El ejercicio de sustitución está atrasado, sin garantías, y no hay una dinámica contra las drogas certera en departamentos como Guaviare y Putumayo, donde hay un avance de la presencia de los cultivos con gobernanza criminal para mantener estas rentas”.

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Eduardo Pizarro Leongómez recuerda, por su lado, que en el quinto congreso del Eln, realizado en enero de 2015, el 40 por ciento de los integrantes de esa organización ilegal votó en contra de cualquier negociación y que el sexto congreso no se ha realizado por el temor de que le vuelvan a decir no a la salida negociada.

“Hay unas fracturas internas y se materializan con el secuestro de Luis Manuel Díaz”, dice Pizarro Leongómez, tras señalar que “nadie sabe cómo el Eln se ve a sí mismo luego del acuerdo de paz, porque cuando hay una negociación el gran incentivo es el tránsito de las armas a la política. Y los negociadores de paz en declaraciones, como ‘Antonio García’, han planteado que no dejarán las armas porque son la garantía de los acuerdos pactados y esto llena de incertidumbre”.

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En eso coincide el exnegociador del Eln Carlos Arturo Velandia (‘Felipe Torres’), quien señala que “la mesa de la delegación del Eln, que comanda ‘Pablo Beltrán’, está incompleta: no está el frente Oriental de Guerra que está localizado en Arauca y tampoco el frente de Guerra Occidental, que es el Chocó”.

Velandia dijo que sin esas estructuras difícilmente se darán verdaderos avances y, en su concepto, en la guerrilla de la que hizo parte siguen pesando fuertemente ‘liderazgos negativos’ como el de ‘Antonio García’, que históricamente se han atravesado en los intentos de paz.

La representación del Gobierno ha sido clara en que el tema del fin del secuestro será central en la próxima cita en La Habana. Obtener un compromiso real del Eln en esa materia sería un avance inédito, pues esa guerrilla incluso ha preferido suspender diálogos en el pasado antes que dejar de secuestrar.

Pero a pesar del descrédito internacional y el costo político que le dejó al Eln el caso de Díaz, ya ‘Antonio García’ dijo desde su refugio en el exterior que el grupo “no acepta imposiciones ni chantajes”. Qué pasará con el proceso si en el Eln se impone la línea dura es una pregunta que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe resolver en apenas semanas.

En ese sentido, ha vuelto a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno u organismos internacionales financien al Eln. “Si le vamos a pedir a una organización ilegal, que vive de acciones ilegales, que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Esa declaración fue desautorizada por Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el Eln. Dijo en La W que el comentario del ministro Velasco sobre financiación del Eln “fue desafortunado” y agregó que solo cuando haya “una fuerte voluntad de acabar con el conflicto” ese tema se abordará.

“Discutiremos los asuntos propios de financiación del Eln, si estamos en el aprestamiento al cese del uso de las armas definitivamente. Todos los secuestrados en libertad, exigencia nacional”, dijo Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz.

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