Incautaciones de cocaína llegan a su punto máximo desde 2019

El año pasado, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional destruyeron, en operaciones en el territorio nacional, 671.013 kilos de cocaína. El 2021 la cifra de coca incautada y luego destruida fue de 669.340 kilos, en el 2020 se llegó a 505.683 kilos y en el 2019 la cifra cerró en 428.418 kilos.

Ese fue uno de indicadores en la lucha contra el narcotráfico que aumentó el año pasado en el país en donde, según las cifras del Ministerio de Defensa, se observa un aumento en la mayoría de las incautaciones asociadas a la lucha contra las drogas.

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Y es que mientras en 2021 cayeron 11’100.767 galones de insumos líquidos, y 56’437.839 kilos de insumos sólidos, el año pasado la Fuerza Pública dio con 12’084.676 galones de insumos líquidos y 56’584.908 kilos de insumos sólidos. Además del aumento en ambos indicadores, también incrementó el decomiso de aviones para el transporte de estupefacientes, el cual pasó de 26 en 2021 a 44 el año pasado.

Los resultados del año pasado corresponden a las políticas contra las drogas del gobierno del expresidente Iván Duque en el primer semestre y a las del presidente Gustavo Petro a partir del 7 de agosto que comenzó su mandato.

Pese a esto, sí cayeron las incautaciones de marihuana que pasaron de 490.984 kilos en 2021 a 484.887 el año pasado y la destrucción de laboratorios que pasó de 5.779 en 2021 a 4.888 el año pasado. Igualmente, disminuyó levemente la incautación de embarcaciones, que pasó de 354 en 2021 a 351 en el 2022.

Aunque la mayoría de los resultados de incautaciones son positivos, quedó en rojo el cumplimiento de la meta de erradicación forzada. En el 2021 no se cumplió con la meta proyectada llegando a 103.000 hectáreas de las 130.000 planteadas. En 2020 la meta era de 100.000 y se erradicaron 130.000, en 2019 era de 80.000 y se arrancaron 94.000 y en 2018 se erradicaron 60.000 hectáreas de 60.000 fijadas. El año pasado de la meta de erradicación era de 100.000 hectáreas y la Fuerza Pública solo logró arrancar de raíz 70.000.

La meta definitiva de erradicación forzada para este año es uno de los puntos que el Gobierno Nacional analiza a instancia del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), teniendo en cuenta que las hectáreas sembradas con cultivos de hoja de coca llegaron a su máximo histórico en 2021 con más de 204.000 hectáreas, según el informe SIMCI presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Con respecto a las acciones para enfrentar la expansión sin precedentes que vive hoy el país en torno al narcotráfico, la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, María Alejandra Vélez, le dijo a EL TIEMPO que Colombia está intentando reducir la oferta de un mercado que se estima en más de 20 millones de consumidores en el mundo.

“El impacto de las incautaciones sobre la producción de la droga no es claro. Por ejemplo, entre 2014 y 2017, las incautaciones de cocaína se triplicaron, al tiempo que la producción potencial de cocaína también se triplicó. No parece haber una correlación directa entre las incautaciones y menores niveles de producción de cocaína”, señaló Vélez.

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En esa misma línea, Andrés Mejía, investigador de la Universidad Externado, afirmó que “muchas veces se reducen los cultivos, pero cada mata termina siendo más productiva que la otra, entonces no sacamos nada reduciendo los huevos. Nos enfocamos mucho en la restricción y en la acción en eslabones de la cadena que son débiles, que son fácilmente reemplazables y por lo tanto no se logra acabar con el fenómeno por completo”.

Ante la expectativa sobre cuál será concretamente la política de drogas del Gobierno Petro, existe un consenso en que se debe cambiar las formas de medir la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, aún no hay claridad total sobre lo que pasará con el programa de sustitución de cultivos.

Daniel Rico, politólogo y criminólogo, le contó a este diario que “debemos tener un sistema más riguroso, sin tantos incentivos perversos, pero lo que nos han dicho (el Gobierno) es lo que no quieren, pero nadie nos ha explicado qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a medir, cuál es el objetivo y cuáles son los recursos para eso.

Rico aseguró, igualmente, que la política de drogas siempre ha tenido un medidor en torno a las capacidades del Estado y que hoy el país tiene menos personal, recursos, horas de vuelo y menos liderazgo institucional pues “la cuota de reclutamiento de las Fuerzas Militares sólo se cumplió en un 40 por ciento el año pasado.”.

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El Gobierno, el pasado 16 de diciembre, en la primera asamblea nacional cocalera en Norte de Santander, señaló que se permitiría que el campesino siguiera cultivando la hoja de coca mientras se acogía definitivamente a una opción de cosecha lícita. Frente a esto, surge la duda sobre si las formas de medir la lucha contra las drogas, como se ha planteado, seguirá siendo un factor representativo frente una verdadera acción estatal.

Frente a esto, la investigadora Vélez sostuvo que “las incautaciones atacan otro eslabón de la cadena, y en principio el objetivo sería afectar las finanzas de los grupos criminales. Es fundamental que los indicadores de éxito se enfoquen en medir la desarticulación de las organizaciones criminales y las incautaciones de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína”, que es con lo que se procesa la pasta de coca.

Por último, Luis Felipe Cruz, investigador de DeJusticia, explicó que “Las acciones de la guerra contra las drogas que hemos vivido en los últimos 20-40 años llegaron a un límite. Y esto nos ha llevado a que ya no dé más resultados y es lo que hemos visto últimamente con el incremento de las hectáreas sembradas. El problema no es que hayamos dejado de aspersar con glifosato, sino que nosotros nunca hemos hecho nada más que eso”.

MAURICIO ROA MUÑOZ

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