La historia del sometimiento de las bandas criminales de 'Caracho' y 'los Comba'

La Fiscalía ya realizó en el pasado procesos de entrega a la justicia de bandas criminales.

La banda de sometió en 2011. Foto: EL TIEMPO

03.08.2022 14:27 Actualizado: 04.08.2022 11:06

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Aunque en el país se adelanta un duro debate por el posible sometimiento a la justicia de las más poderosas redes criminales que delinquen en el país, ese tipo de procedimientos no son nuevos y ya en el pasado se han adelantado entregas a la Fiscalía.

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Una de las redes criminales que se sometió a la justicia fue la de José López Montero, alias Caracho, quien heredó la red criminal de alias Cuchillo, el extinto jefe del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac).

En diciembre de 2011 un grupo de la Fiscalía, liderado por el coordinador de la Unidad Nacional contra las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) Luis González León recibió en las instalaciones del Parque las Malocas, en Villavicencio, Meta, el primer grupo de del Erpac que anunció su sometimiento a la justicia.

En su momento, la Fiscalía informó que se acondicionaron siete malocas para adelantar la labor judicial con los primeros 150 integrantes de esta agrupación ilegal.

El ente acusador dijo que a la mayoría les imputarían delitos de acuerdo con los hechos que confesaran y que todos serían judicializados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, dijo en ese entonces González.

José Eberto López Montero, alias 'Caracho', (centro) intentó hacer lobby para que fuera recibido en la JEP. Foto:Archivo EL TIEMPO

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Desde los corregimientos de Chupabe y la Zanja, jurisdicción de Cumaribo, Vichada, y también desde Murujuy, en Mapiripán, se coordinaron los traslados de los integrantes de las bandas.

Erpac era una banda criminal conformada por el paramilitar desmovilizado de las Auc Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, quien murió en un operatvo del Ejército en diciembre de 2010. Tras su muerte José Eberto López Montero, alias Caracho, lo sucedió.

El grupo operaba en los departamentos de Guaviare, Vichada y una parte del sur de Meta.

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El 20 de octubre de 2011 'Caracho' envió una carta en la que daba pistas de la decisión de entregarse. Los primeros acercamientos con la banda criminal se hicieron a través de la Iglesia y terminaron en manos de la Fiscalía,; y de todo esto se mantuvo plenamente informado al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Finalmente fueron mas de 300 los hombres que se presentaron sobre los que se había conseguido órdenes de captura, que se hicieron efectivas. Los hombres luego entregaron las coordenadas con los sitios en los que habían enterrado sus armas.

En 2016 'Caracho' fue condenado a 26 años y siete meses de cárcel por la masacre de ocho personas en El Retorno (Guaviare). Luego el exparamilitar intentó recibir los beneficios de la negociación de paz con las Farc pero no lo logró.

La llegada de 'los Comba'

En octubre de 2012 se sometió parte del ejército del capo Luis Enrique Calle Serna, el último de 'los Comba' que se entregó a Estados Unidos.

A cuentagotas, vestidos con camuflado y armados con fusiles, fueron bajando del cañón de las Garrapatas, zona militar estratégica de esta banda criminal, a la vereda La Sonora, en Trujillo (Valle del Cauca) los 17 integrantes de la red, conocida como 'los Rastrojos', que se sometió a la justicia.

Allí se entregaron a una comisión de la Fiscalía, liderada por Luis González, en un proceso similar al que hicieron los cerca de 300 del Erpac en diciembre del 2011.

Desmovilización de la banda Erpac. Foto:EL TIEMPO

Esta negociación se había iniciado un año antes, a través de abogados enviados por el capo. Incluso, los últimos detalles se concertaron desde Estados Unidos, entre Calle Serna y el jefe de esta facción, Carlos Enrique Salazar Córdoba, alias Guerrero, que delinquía en el Valle del Cauca.

Unos 50 hombres de la Policía acompañaron el circuito de entrega en Trujillo y, después, en Buga, a donde fueron trasladados en un bus para el proceso de judicialización por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Junto con del CTI, se confirmó la plena identidad de los 17 hombres, que meses atrás habían enviado una carta en la que se identificaban plenamente y se autoincriminaban como del grupo armado ilegal. Ese trámite se dio para evitar que, como ocurrió con el proceso de los Erpac, pudieran quedar en libertad.

Los dos grupos se sometieron y recibieron solo lo establecido en las rebajas del Código Penal por aceptación de cargos y recibieron condenas superiores a los ocho años de cárcel.

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