'Las cárceles están plagadas de personas perseguidas por delitos de drogas': Diego García-Sayán

La lucha contra las drogas ha fracasado. Así lo advirtió el último informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, organismo que pidió migrar de la criminalización a la atención de este tema como un asunto de salud pública. EL TIEMPO habló con Diego García-Sayán, exministro de Perú y miembro de esta delegación, sobre las razones de este fiasco, las desigualdades de la penalización y el camino a seguir para frenar el pico del consumo. 

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Mira, cuando hace treinta años un presidente de Estados Unidos lanzó la idea de la guerra contra las drogas, tenía un espíritu diferente esta política. Se creía posible acabarlas. Pero transcurridos treinta años, es evidente que ha fracasado porque hoy hay más drogas ilícitas en circulación y en uso que nunca antes en la historia. Y se gastan, no quiero decir invierten, se gastan muchísimos millones de dólares cada año en varios países sin resultados que se traduzcan en una disminución del consumo. Todo lo contrario, las cárceles están plagadas de personas perseguidas o condenadas por delitos de drogas, señalados de forma discriminatoria.

En el caso de América Latina, es preocupante la porción altísima de mujeres que están en las cárceles por temas relacionados con las drogas. En Colombia el 46, en Ecuador el 54 y en Brasil el 62 por ciento de la población penitenciaria femenina son personas procesadas o sentenciadas por estos delitos.

Mientras eso ocurre, ha empezado a darse pasos hacia la descriminalización en varios países. Más de cuarenta estados han descriminalizado la posesión y el consumo de drogas y han ahorrado millones de dólares que se utilizaban para una represión inconducente e ineficaz, y que hoy día están pasando a otro tipo de prioridades. No quiero insinuar que la descriminalización es un cambio fácil y que de un día para otro se modifican todas las circunstancias y la gente deja de utilizar drogas por la información pública disponible. Pero se trata y se debe tratar este tema como lo que es, un asunto de salud pública.

Es un proceso complejo, sin duda. La transición a la descriminalización no se puede hacer de manera abrupta, pero creo que es posible avanzar con pasos claros y progresivos. Como mencioné, en varios países se ha comenzado a descriminalizar la simple posesión para uso personal. Esto no significa abrir las puertas a un consumo desenfrenado, sino reconocer que tratarlo como un problema de salud pública es más efectivo. Por ejemplo, en Colombia, si bien la Corte Constitucional ha dictado fallos que facilitan la posesión personal, aún queda mucho por hacer en términos de una política pública integral, que contemple la educación sobre las drogas, la creación de centros de atención para los consumidores y el fortalecimiento de los recursos.

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Claro. La respuesta debe ser buscar los mejores caminos para defender la salud. Y la salud se defiende mediante mecanismos de información adecuados y pasos que pueden incluir, como se ha hecho en algunos lugares del mundo, como Suiza, la creación de espacios donde el de drogas ilegales pueda consumirlas sin temor a ser detenido o encarcelado, pero recibiendo, al mismo tiempo, información y orientación. En el caso de Suiza, ante la expansión masiva de los contagios de SIDA en la década de 1980, se establecieron cabinas especiales donde las personas podían inyectarse heroína, pero con jeringas limpias, evitando las utilizadas por otros s. El resultado de esta intervención fue espectacular, con una disminución drástica de los contagios de SIDA en el país. Las personas acudían a estos lugares para consumir, pero a medida que se implementaba esta medida, también comenzaron a recibir consejos y mensajes de prevención, lo que gradualmente redujo el consumo. No se trata de dar la bienvenida a un consumo amplio y masivo de drogas, especialmente en países como Colombia o Perú, donde el de niños y adolescentes a ciertos productos podría afectar gravemente su desarrollo biológico, psíquico e intelectual. Pero el enfrentamiento debe basarse en argumentos sólidos, en la información precisa. La represión no es la única respuesta, ni la más eficaz. 

Como línea general, es un buen enfoque que pone la prioridad en donde tiene que estar. El problema está en que en países como Colombia, Perú o Bolivia, donde hay sembríos y producción de coca, se han producido durante décadas dinámicas de represión, que recaen sobre el campesino pobre. De manera que el desarrollo agropecuario, la inversión en las zonas rurales, es una de las mejores respuestas. Estamos yendo al eslabón inicial de la cadena, que es la de la producción. 

Sí, se puede producir un aumento en una etapa determinada, pero a la vez hay que tener en cuenta que la descriminalización de la posesión no significa la isión irrestricta del consumo en lugares públicos. Esa es una diferencia importante. Todos esos son elementos que desincentivan y limitan el efecto de contagio y la imitación para el uso de las drogas, porque las drogas tienen que ser combatidas, pero combatidas racionalmente. Hay que tener en cuenta que cuando se han producido estos procesos de descriminalización en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, el ahorro de millones de dólares que ya no se destinan para la represión ha sido muy importante. Un fondo que debe migrar a la inversión en prevención, en la atención y seguimiento médico. 

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Colombia es un país que ha sido particularmente golpeado por este tema. Se tienen que buscar respuestas que no sean las tradicionales, las de altos costos en Policía, en Ejército y en cárceles, que no acaban el problema sino que lo ponen en vitrina ¿Qué otras respuestas puede haber que no sea la de la persecución penal? Colombia tiene la autoridad moral de sobra para poder decir, paremos esta máquina inercial para hacer una evaluación seria, vayamos descriminalizando en determinadas características, hagamos esto en algunos departamentos, en algunas regiones, en algunas ciudades y tanteamos el resultado. Colombia es un país sobre el cual varios de América Latina podríamos sacar grandes enseñanzas. 

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia