Las claves del alarmante retrato de la ONU sobre narcocultivos en el país

Solo en el 2023, los narcos lograron un nivel de producción de cocaína equivalente a seis veces el que tenían hace menos de 10 años. Y aunque en el mismo año se rompieron registros en materia de incautación de esa droga (746,3 toneladas), a los mercados del microtráfico de Colombia y del mundo llegaron al menos dos veces y media esa cantidad del alcaloide: 1.900 toneladas, la cifra más alta desde que se llevan esas estadísticas.

(Lea: Matas más fuertes y mayor industrialización, los factores detrás del incremento en la producción de coca)

De esa gravedad son las alarmas que enciende el informe del Sistema Integrado para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la medición que cada año realiza Naciones Unidas sobre la realidad del narcotráfico en el país.

Los cultivos de coca, como lo había revelado EL TIEMPO el mes pasado, llegaron ya a 253.000 hectáreas, un aumento del 10 por ciento que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó como positivo porque fue menor que el registrado en 2022, cuando las narcosiembras saltaron de 204.000 a 230.000 hectáreas (el 13 por ciento).

Pero el dato de la producción potencial de cocaína sorprendió porque el salto es de 53 por ciento. Mientras que el potencial de fabricación de cocaína se calculó en 1.738 toneladas métricas para el 2022, en 2023 esa cifra llegó a 2.664 toneladas métricas. Esto significa que, no obstante los esfuerzos redoblados de Colombia para incautarles la droga (desde 2014, cada año prácticamente se rompe el registro del anterior en materia de decomisos), los narcos están poniendo en las calles mucha más cocaína que nunca antes en la historia.

Con el 2023 y el 2024 también rompiendo récords, pero hacia abajo, en materia de destrucción de narcocultivos (en los dos años las hectáreas erradicadas rondarán las 30.000), con los planes de sustitución voluntaria apenas arrancando a pesar de que ya se pasó del segundo año de mandato, y con los grupos armados más posicionados en los cuatro principales enclaves cocaleros (Cauca, Putumayo, Nariño y Norte de Santander), el gobierno del presidente Gustavo Petro empieza a dar algunas señales de ajuste de su estrategia.

Así, la ministra Buitrago anunció el regreso de la aspersión manual, que se había suspendido al comienzo de la istración. Ya no será con glifosato, sino con una molécula química desarrollada por la Policía que, afirmó, no afecta el medioambiente ni la salud de los campesinos. El hecho concreto es que en los primeros nueve meses de 2024 se han incautado 684 toneladas de cocaína (un 21 por ciento más que el mismo periodo del año pasado, y a ese total hay que aumentar otras 21 toneladas aprehendidas en lo que va de octubre), pero la erradicación está en la cifra más baja de la historia: de enero a septiembre se destruyeron apenas 4.504 hectáreas, un 66 por ciento menos que en el mismo lapso del 2023.

¿Qué están mostrando las cifras sobre los crecimientos disparejos entre área sembrada y productividad? La lectura que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, responsable del Simci) es que en varias regiones del país se están consolidando lo que llama “modelos agroindustriales” que poco tienen que ver con la realidad de familias campesinas cuyo único sustento posible es el cultivo de la coca.

Lo que se está viendo en las regiones, señalan fuentes de la Policía y de entidades que atienden poblaciones cocaleras, es que la política más tolerante hacia el crecimiento de los cultivos ilegales está siendo aprovechada al máximo por los peces grandes del negocio. Cultivos más maduros, que nunca han sido afectados ni por las fumigaciones ni por las brigadas de erradicadores, aumentan su productividad año tras año, potenciados por prácticas agrícolas que mejoran el rendimiento de la hoja y que hoy se están esparciendo por varias regiones.

Esos enclaves geográficos con más cultivos industriales son los mismos donde los principales actores armados, varios de ellos con cupo en la ‘paz total’ del Gobierno, ejercen mayor presencia y control sobre comunidades. “Las organizaciones criminales de alto nivel actúan como financiadores, compradores e impulsores de mejoras en la producción y transformación” de la pasta y base de coca, señala el informe Simci. Y agrega que tanto el Eln como disidencias de las Farc, ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones criminales “continúan activos y vinculados al crimen organizado transnacional, enfocándose en la producción y tráfico de cocaína”.

Casi la mitad de la coca sembrada en Colombia está en zonas protegidas o de manejo especial: 20 por ciento en tierras de comunidades negras, 10 por ciento en las de comunidades indígenas, 4 por ciento en parques nacionales naturales y un 14 por ciento en áreas de reservas forestales.

Tan solo el año pasado, dice el informe, selvas y ríos del país habrían recibido 997.560 metros cúbicos de insumos químicos y 192.980 toneladas de insumos sólidos. Y otro dato clave acerca del daño ambiental que están generando la disparada de las áreas de coca y la consiguiente ‘cadena productiva’ de la droga: ocho de cada 10 sustancias químicas altamente contaminantes utilizadas en el procesamiento de la hoja y su transformación final en clorhidrato de cocaína llegan y se distribuyen en los enclaves productivos considerados como industriales por Naciones Unidas.

El informe del Simci los denomina “zonas de concentración” de los narcocultivos, donde “se extiende un modelo productivo de perfil industrial: ahí se encuentra el 80 por ciento de la coca a pesar de que ocupan solo 50 por ciento del territorio con presencia de cultivos”. Y agrega que la mitad del área sembrada en el país está ligada a “enclaves productivos donde se viene observando una mejora continua del rendimiento de hoja por hectárea y una agroindustrialización tanto de la fase de cultivo como de la fase de extracción”.

El documento elaborado por los expertos de UNODC retrata una realidad mucho más compleja en la que los miles de familias cocaleras no son los únicos beneficiarios del cambio de acento de la política antidrogas del gobierno del presidente Petro. De hecho, Candice Welsch, la jefa de UNODC para la región, asegura que esa realidad debe tener “fuertes implicaciones en la política pública, particularmente sobre el balance entre las estrategias de asfixia y oxígeno”. 

En las zonas de concentración de los cultivos hay lotes de coca hasta de 12 hectáreas. Y hay alerta porque en las zonas con nuevas siembras, especialmente en Cauca y Chocó (con alta presencia de disidencias y del Eln, respectivamente), son los cultivos industriales y no los de supervivencia los que parecen estar marcando la ruta de la expansión de la coca.

Otro dato clave del Simci tiene que ver con la cercanía de los narcocultivos con centros poblados y cabeceras municipales. Así, mientras que en 2013 había apenas 37.000 hectáreas a menos de 12 kilómetros de centros poblados, el año pasado fueron 209.000. La ONU dice que hay 43 pueblos con los cultivos de coca en sus goteras.

“La relación entre la coca y los centros poblados más cercanos es importante no solo por la dependencia de las economías lícitas de los recursos generados por las ilícitas, sino por la diversificación de los bienes y servicios a los que se puede acceder con estos recursos ilícitos; aunque esto puede estar generando incentivos potentes para mantener las actividades ilícitas en el territorio, también constituye una oportunidad para implementar proyectos sostenibles de desarrollo alternativo”, dice el documento.

“La producción de hoja de coca representa más del 10 por ciento del valor agregado de la economía en 38 municipios de los 181 con presencia de cultivos. En muchos de ellos es la principal fuente de ingresos”, advierte Welsch. Por eso, señala Leonardo Correa, coordinador regional de Análisis, Monitoreo e Innovación de UNODC, es clave que la estrategia contra los narcocultivos despegue también en lo que toca a los planes de sustitución y de desarrollo en las regiones cocaleras.

“Supongamos que tenemos una solución mágica y arrancamos toda esa coca hoy, cuando representa el 40 por ciento de la economía de ese territorio. ¿Cuál es el efecto que estamos generando? Aquí es clave tener una estrategia que lo haga en el orden correcto: corregir las vulnerabilidades, crear oportunidades y luego sí pensar en cómo sacar el problema de los cultivos ilícitos”, afirma.

En plena operación Perseo, la operación militar más grande de este gobierno, avanzando hacia uno de los principales enclaves del narcotráfico –El Plateado y toda la zona del cañón del Micay, en el Cauca–, el presidente Gustavo Petro debe decidir si a su política sobre los narcocultivos le está llegando la hora –como parece estar sucediendo con la de la ‘paz total’– de utilizar un poco más de garrote y menos de zanahoria.

El anuncio del regreso de las aspersiones terrestres parece ser un paso en esa ruta, dada la comprobación de que el ‘mar de coca’ se está reflejando también en un ‘mar de cocaína’. El tema, dicen fuentes del Gobierno de EE. UU., sigue incomodando en Washington.

Pero Lucas Marín, experto en temas de narcotráfico, advierte que mientras en los mercados internacionales siga creciendo la demanda de cocaína difícilmente habrá una solución real para el problema de la coca en Colombia. “El año pasado realizamos con Ipsos, para Planeación Nacional, una investigación del impacto del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y encontramos que el programa aumentó la coca, ya no en los territorios donde estaban los beneficiados, sino en las zonas vecinas”. Y agrega que “el problema de fondo con el Gobierno y la política que ha planteado es que no ha habido implementación”, en referencia a las demoras en el arranque de los proyectos de desarrollo alternativo.

El presidente Petro, en referencia a las comunidades de El Plateado, anunció el viernes una estrategia que ha generado debate: la compra de cosechas de coca a los campesinos. “Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la Procuradora (Margarita Cabello) y el Fiscal (Francisco Barbosa) ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces, al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo.

La implementación e incluso la viabilización legal de esa propuesta están en medio de la polémica. Los expertos en sustitución de cultivos, mientras tanto, se remiten a los efectos contrarios de una decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se planteó que las familias que tuvieran cultivos de coca en las zonas por entonces controladas por las Farc iban a tener auxilios del Estado para regresar a la legalidad.

Lo que pasó en varias regiones fue que, en buena medida impulsadas por las propias Farc, la posibilidad de tener ingresos adicionales provenientes del Estado llevó a familias que no tenían coca a sembrarla. Y esa es una de las razones –de lejos, no la única– de que el logro del gobierno Santos de bajar los narcocultivos a 48.000 hectáreas (en 2013) empezara a revertirse hasta las cifras que tenemos hoy.

Redacción Justicia