Las claves del relevo en el Ejército en un momento crítico en orden público

El regreso al servicio activo del general Luis Emilio Cardozo, a quien el mismo presidente Petro había sacado en su primera purga de generales recién llegado a la Casa de Nariño– representa un movimiento sin antecedentes en la historia moderna del Ejército. 

Las esquirlas de la decisión –hay altos oficiales incómodos por un mensaje que muchos interpretan como de falta de confianza de su comandante en jefe– aún están por establecerse, mucho más en un arma, el Ejército, en la que el oficialato está fuertemente apegado a los códigos y tradiciones. Entre estos, que cuando sale un general los que se promueven son los que siguen en la línea de mando y no los que estaban por fuera de ella.

Cardozo, quien según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue en el 2022 una especie de daño colateral de la barrida masiva de generales, es un hombre de amplia experiencia en combate (fue comandante de la División de Asalto Aéreo) y tiene además una fortaleza que le gusta al Presidente: es ingeniero militar y por lo tanto, podría ser una ficha clave en la idea del Gobierno de impulsar obras públicas construidas por soldados en las regiones.

Pero esa no será, para nada, su preocupación inmediata. Cardozo llega con la misión de controlar un orden público incendiado, no solo en el Cauca, y de tratar de recuperar la moral de una Fuerza Pública, que en los últimos años –no solo en los dos del actual Gobierno– se alejó de la ruta que hace una década larga llevó a la derrota de las Farc y a la negociación de paz que finalmente se concretó con el acuerdo de 2016.

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El general Luis Mauricio Ospina, quien no tenía buena relación con sus jefes (el ministro Velásquez y el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo), había generado ruidos por casos como el de los seguimientos al profesor de inglés de su esposa y por sus críticas declaraciones sobre los efectos de los ceses de fuego de la ‘paz total’. Al decir de varios de sus colegas, se había vuelto incómodo y eso en buena medida explica su ausencia reciente en varios desplazamientos y eventos de la cúpula militar.

Pero su salida se explica sobre todo por los resultados en terreno. “Lo que ha quedado demostrado desde el pasado 20 de marzo, cuando terminó el cese de fuegos con las disidencias de ‘Mordisco’, es que no había una estrategia para garantizar la seguridad y el orden público ante un fracaso, incluso parcial, de las negociaciones de paz”, dice Jorge Restrepo, director del Cerac.

El avance de las tropas hacia el cañón del Micay, la principal ruta del narcotráfico en el suroccidente, ha sido respondido por ‘Mordisco’ y su gente con acciones terroristas indiscriminados y ataques y hostigamientos contra estaciones de Policía, protegidas por unos pocos uniformados. Una reacción previsible que, sin embargo, lleva una semana sorprendiendo a civiles, policías y soldados a lo largo del norte del Cauca y hasta en Jamundí, en las goteras de Cali.

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Lo que dicen los expertos es que a la falta de inteligencia militar y policial que permita anticiparse a los movimientos de los violentos se suma un bajo número de soldados y policías en la que es la zona más compleja en materia de orden público desde hace varios años. Y a esto se agrega que las tropas y policías en terreno ya no tienen el mismo respaldo, por razones de doctrina y hasta de simple mantenimiento, desde los helicópteros y aviones militares. Una ventaja que es fundamental para cualquier Estado y que en Colombia se ha venido perdiendo sostenidamente.

Sobre los generales Cardozo y Giraldo pesa una enorme responsabilidad: atajar a unos grupos armados que en los últimos años duplicaron y hasta triplicaron sus hombres en armas y zonas de influencia, todo esto en medio de la ‘paz total’ –es decir, con los ceses de fuego afectando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública– y en uno de los momentos de menor capacidad técnicomilitar más bajos en décadas.

El general (r) Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la Fuerza Pública (Acore), aseguró que los acuerdos de cese del fuego que se pactaron hacia finales de 2022 con cinco organizaciones “no fueron bien planeados” y fueron “supremamente dañinos para el país”, pues permitieron un fortalecimiento y una “ventaja” de la contraparte.

“La paz total con esos ceses bilaterales corta la dinámica operacional. Una vez se suspenden los ceses pues ahí nos encontramos con la realidad de lo que había pasado durante este periodo. Y es cómo estos grupos se fortalecieron en el territorio, generaron el control y la fragmentación del territorio con el control político, social y económico. ¿Qué pasa con la fuerza pública?, creo que está respondiendo, pero hay que entender que viene de una situación donde en algún momento se dejaron de hacer operaciones y esto tiene una afectación, por supuesto, porque se pierde la dinámica operacional. Se pierde el control y la contención de estos grupos y el poder hacer estas operaciones de inteligencia. Esto amarró de alguna manera las manos a la fuerza pública", dijo el oficial en retiro.

El analista Diego Arias advierte que la situación de violencia, que también ha golpeado al Valle, es una cuenta de cobro de errores acumulados. Puntualmente, señala que el Gobierno no atendió la estrategia de consolidación y expansión del violento frente ‘Jaime Martínez’ en el norte del Cauca y el sur del Valle.

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“Esa fue una falla absolutamente estratégica desde el punto de vista de la seguridad nacional, un descuido inisible, no sé si producto de haber subvalorado la capacidad de ese grupo o sencillamente porque se estimó que no era algo prioritario”. Esa es la facción de los atentados con explosivos que incluso han golpeado a Cali. Arias considera que “no se ve en las Fuerzas Armadas, en este momento, una actitud ofensiva fuerte: se observa una moral disminuida, y así es imposible mantener una iniciativa estratégica”.

“Lo hemos dicho en varios espacios: el Ejército y la Policía vienen atendiendo la seguridad del Cauca con las herramientas y la tecnología de hace 15 años, que son obsoletas. El Gobierno nacional tiene que fortalecer a la Policía y al Ejército con tecnología y armas”, dice el secretario de gobierno del departamento, Miller Hurtado.

A su turno, Jorge Mantilla, politólogo y doctor en criminología, derecho y justicia, advierte que la directriz del proyecto gubernamental de paz ha traído consecuencias en la capacidad militar del Estado, destacando que a la fuerza pública la haya tomado por sorpresa, y aparentemente sin anticipaciones, las recientes incursiones armadas de la disidencia de las Farc al mando de alias Iván Mordico.

“La consecuencia principal que estamos viendo es que a la fuerza pública le ha costado adaptarse a este escenario, tanto en términos como en la rapidez en que cambió el escenario con el 'Estado Mayor Central' de las Farc. Como también en una suerte de deterioro de ciertas capacidades de la fuerza pública que venían desde el gobierno Duque y desde el escenario del posacuerdo de paz. Estoy hablando de capacidades de inteligencia, de capacidades logísticas, en el número de hombres con los que hoy cuenta la fuerza pública y creo que todo eso se junta con una suerte de tormenta perfecta en el caso del Cauca”.

Sin muchos oficiales con la formación y experiencia necesarias para enfrentar la situación –el reintegro de un general retirado para llegar al Comando del Ejército es señal de ello–, el Gobierno sigue recibiendo señales sobre la urgencia de ajustar los ceses de fuego para evitar que tanto Eln como disidencias le saquen provecho estratégico y económico al forzado repliegue de las tropas. Con el poder aéreo en expresiones mínimas, tanto por la orden dada por el presidente Petro en 2022 de suspender los bombardeos como por las dificultades logísticas de la flota de helicópteros de transporte y hasta por los líos de los Kfir– lo que se ve de nuevo en regiones como Cauca, Chocó y Nariño son importantes concentraciones de irregulares que se sienten a salvo del factor que le dio la vuelta al conflicto tras el fracaso de la negociación del Caguán hace 23 años.

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De allí llamados como el que hizo apenas el jueves la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro: “La Fuerza Aérea requiere más horas de vuelo para que en la cordillera se disminuyan los actos de violencia”.

EL TIEMPO consultó con varios oficiales -que por la coyuntura actual piden no ser mencionados- y coinciden en afirmar que los ataques registrados en los últimos meses y potenciados en los últimos días son un efecto del diseño del cese al fuego bilateral.

“Cuando se limitan las acciones militares, incluso de inteligencia, por la orden de cese al fuego bilateral, estas estructuras criminales aprovechan para mover y comercializar la cocaína”, aseguró uno de los mandos en la región, quien añadió que, en el suroccidente, los grupos ilegales están defendiendo a sangre y fuego unas 88.000 hectáreas de coca. “Mientras duró el cese aprovecharon para ‘traquetear’ a sus anchas no solo cocaína, sino marihuana ‘creepy’ que están enviando a Chile y Brasil”, dice la fuente.

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En Popayán, el jueves, el ministro de Defensa aseguró que un nuevo cese de fuegos con ‘Mordisco’ no está en los planes del Gobierno. Y el presidente Petro ha enviado mensajes de “ofensiva total”.

Cardozo y el comandante de las Fuerzas Militares, dicen oficiales en terreno, tienen la misión de que esta vez no se repita la historia de la ‘paz total’: que ‘Mordisco’ y sus disidencias, golpeadas por la Fuerza Pública, aseguren en cualquier momento que cumplirán el cese de fuego con el solo con el fin de frenar a las tropas y que, como ha sucedido a lo largo de este año y del pasado incumplir las palabras de paz, asesinando civiles y uniformados no les represente ninguna consecuencia a la hora de recibir beneficios judiciales y políticos.
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​Alicia Liliana Méndez, Ana María Cuesta y Redacción Cali - @JusticiaET