Las luces y sombras del primer punto acordado con el Eln / Análisis

Sin que haya claridad sobre si esa guerrilla sigue o no en el secuestro, se avanza en la negociación con un compromiso que, a primera vista, es totalmente justificado: meterle pueblo’ al proceso de paz. Hasta ahí, todo suena bien. La participación ciudadana, especialmente de las víctimas del conflicto, les da legitimidad a los procesos y pone en la agenda problemáticas usualmente invisibles para la mayoría de la sociedad. Eso se hizo en la negociación con las Farc.

Pero en un momento en el que el gobierno del Presidente Petro busca e impulsa, por vías extrañas a la Carta del 91 y la ley, su idea de convocar al poder constituyente, se plantean en el acuerdo con el Eln puntos que deben ser aclarados: ¿Qué significa que la agenda definida en los mecanismos de participación sea “vinculante”? ¿Podría darse un escenario en el que el Gobierno acuda a ese supuesto carácter vinculante para tratar de echar a andar su constituyente?

Las transformaciones propuestas por las instancias de participación incluyen cambios en el régimen político, el modelo económico, “política antidrogas”, “democratización de la información y la comunicación”, “reformas institucionales de los poderes públicos incluyendo la política criminal y el fortalecimiento de la justicia”, “doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”; el “avance hacia un modelo económico no depredador del medio ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional” y el “desmantelamiento de clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico que controlan el Estado, la vida política, económica, cultural y social de algunos territorios”, entre otros.

Se trata de discusiones que se deben dar en el conjunto de la sociedad, en los escenarios democráticos y no a instancias de las presiones de una organización armada cuyas prácticas delictuales y métodos de financiación son idénticos a los de otros grupos criminales.

Con una guerrilla en armas, blindada por el cese de fuegos de la ‘paz total’ y que sigue activa en sus prácticas de extorsión, amenazas, paros armados y enfrentamientos con otras bandas ilegales, se deben blindar de intereses oscuros esos mecanismos de participación, a la par de incluir en los mismos a los amplios sectores de la sociedad cuya voz se echa en falta en los párrafos del primer acuerdo con el Eln.

Además, es necesario acotar los alcances de la negociación con un grupo con el que se está dialogando más por su capacidad de daño y de violencia que porque represente a sectores mayoritarios de la sociedad colombiana. Así, ¿pretende el Eln, como lo planteaban los paramilitares en el Acuerdo de Ralito de hace 20 años, “refundar la patria”? ¿El gobierno del presidente Gustavo Petro comparte ese propósito?

La Constitución establece que el Presidente de la República dirige y decide los temas de paz y de guerra. Eso es clarísimo. Pero también que esas decisiones están sujetas al control de los otros poderes. Es decir, que lo que se pacta para lograr la paz debe convertirse en leyes que aprueba o no el Congreso de la República y que controlan las cortes. Eso pasó, y los términos de lo negociado cambiaron sustancialmente, con los procesos del gobierno Uribe con las Auc y el de Santos con las Farc. De allí la urgente claridad sobre el alcance del carácter vinculante de la “participación popular”.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET