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Noticia
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Las reacciones a la apuesta de Gustavo Petro de acabar con 25.000 hectáreas de cultivos de coca en tiempo récord
La iniciativa la dio a conocer durante el segundo consejo de ministros televisado este año.
Erradicación de cultivos de uso ilícito. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO
En medio del segundo consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro lanzó una llamativa propuesta para acabar con las economías ilícitas que tienen azotado el Catatumbo, plan con el que quiere lograr que los campesinos tengan una alternativa a la hora de hablar de cultivos de hoja de coca.
Según el jefe de Gobierno, en la región -que viene de pasar una oleada violenta por culpa de las disidencias de las Farc y el Eln-, hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, por lo que en los próximos 90 días que duran los decretos de conmoción interior, buscará acabar con 25.000 hectáreas de la mano de una propuesta que ha rondado varias veces: pagar por erradicar.
"Esas 25.000 hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del Eln de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio", dijo el Presidente.
El presidente Gustavo Petro hizo la propuesta durante el consejo de ministros. Foto:Captura de pantalla Presidencia
La propuesta fue desmenuzada por Gloria Miranda, quien está al frente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). A la hora de hablar del beneficio para las comunidades, subrayó que por 12 meses, a quienes se comprometan a erradicar las matas de coca, se les pagará 1'280.000 de pesos, es decir, el 90 por ciento de un salario mínimo.
Para soportar económicamente esa propuesta, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que se van a asignar 330.000 millones de pesos como rubro para la restitución de cultivos con fines de uso ilícito, de una agenda con la que su cartera busca cubrir otros sectores como el de defensa.
Gloria Miranda, funcionaria del Gobierno encargada del Pnis. Foto:Tomado de la cuenta de X de Gloria Miranda.
EL TIEMPO habló con varios expertos frente al anuncio de Petro. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y líder social en el Catatumbo, resaltó que se trata de una propuesta importante, bastante ambiciosa y llamativa porque se habla de que habrá legalización de predios para reparar a los afectados por el conflicto.
"Dentro del documento y la propuesta, es viable y sería una de las formas de solucionar las cosas, la preocupación de nosotros es la realidad de los hechos, que no corramos el riesgo de que esto se quede en promesas. Las víctimas requieren un impacto positivo en el territorio, y se logra con seguridad, porque es imposible restituir una finca si hay grupos ilegales allí", señaló Mayorga.
Por su parte, el profesor y analista Jorge Andrés Rico comentó que hay que tener en cuenta que según sus cálculos, en el Catatumbo se tienen cerca de 43.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, "de tal forma en tres meses erradicar más de la mitad de hectáreas requiere de un modelo integral de parte del Estado, en donde se cambie lo que se ha venido dando con la 'paz total' y se ejerzan acciones contundentes del Estado en contra de los criminales, y se dé ocupación institucional efectiva para que los campesinos puedan actuar en vía de la sustitución y erradicación de hoja de coca sin que sean cooptados y controlados por los criminales como ha venido sucediendo.
Cultivos de coca. Foto:Getty Images
Mayorga dijo que la iniciativa solo se podrá ejecutar si se tienen en cuenta varios factores por los que pasa la región. El primero es el factor económico. Para el líder social, un campesino del Catatumbo por lo mínimo tiene 10 hectáreas en su finca, "cada una le da tres kilos de base de coca, entonces son 30 kilos que venden a tres millones de pesos cada uno. Y el campesino gasta el 40 por ciento en obreros, y el 60 por ciento le queda libre. O sea que eso económicamente no da".
Sin embargo, anotó que hay muchas personas víctimas del conflicto comprometidas con un cambio para su región, y por eso anotó que no puede descartarse la idea de Petro. "Es un negocio entre el Gobierno y las comunidades, porque no solo van a pagar 1'280.000 pesos, sino que el Gobierno se compromete a titularles el predio, es una forma de compensar una cosa por otra".
Precisamente, el otro factor es el de posesión de tierras. A su criterio, es poca la tierra que queda libre y se puede trabajar, ya que hay unos predios de reserva campesina y otros que pertenecen a resguardos indígenas. En ese orden, señaló que "el Catatumbo es muy selvático y eso hace parte de una norma que hace que le pertenezcan al Estado y no se puedan titular".
Tropas desplegadas en el Catatumbo. Foto:César Melgarejo
Por último, frente al mensaje que dio la funcionaria Gloria Miranda de que ya hay cerca de 3.000 familias del Catatumbo que le quieren apuntar a la idea, Olguín Mayorga dijo que son las que por la violencia ya salieron de sus territorios y están en Cúcuta, por lo que declararon la pérdida de sus bienes y ahora necesitan una ayuda del Estado.
El último punto, pero el más crucial para el líder social, está el tema de las garantías a la seguridad, pues comentó que diariamente a su celular llega el reporte desde Cúcuta de campesinos que dicen que a sus fincas llegaron el Eln y las disidencias de las Farc. "En La Gabarra hay asesinatos, en Tibú, en El Tarra, en estos momentos están en combate el Eln y el Ejército en Teorama, está apoyando un helicóptero. Muchas familias alcanzaron a salir de La Estrella, en Teorama, otras no. En unos municipios sí hay tensa calma, en otros sectores está complicado. Ahora, los de las Farc están retomando el control y están asesinando al que se les atraviese. Los comentarios son que al parecer están trayendo gente de otras partes para fortalecerse, hay mucha preocupación".
A este control en seguridad, Jorge Andrés Rico le sumó la verificación una vez se ponga en marcha el plan. "Debe darse un proceso efectivo para que los criminales, por ejemplo, no se hagan pasar por campesinos o los controlen para reclamar el dinero, pero sin que exista una real intención de erradicar la coca. Todo esto es posible en una zona con tanta riqueza, ruta estratégica e interés por parte de los grupos armados organizados".