Los candidatos y comunidades en riesgo en las elecciones por grupos armados

La Defensoría del Pueblo emitirá una alerta electoral para todo el territorio nacional.

Un equipo de la Defensoría visitó Caucasia (Antioquia) para verificar alertas. Foto: Defensoría

PERIODISTA10.02.2022 13:36 Actualizado: 10.02.2022 13:49

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Desde Caucasia (Antioquia), luego de realizar un recorrido y reuniones con líderes y autoridades, la Defensoría del Pueblo indicó que emitirán una alerta de riesgo en medio de la contienda electoral por el accionar de grupos armados ilegales.

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Según informó la entidad, a partir de información que han recolectado se determinó que los candidatos y comunidades del Sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño y Chocó son los que están en más alto riesgo por la presión que vienen ejerciendo el Eln, las disidencias de las Farc y el 'clan del Golfo', principalmente.

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El Vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, encabezó el equipo de alto nivel que visitó Caucasia (Antioquia) para verificar de primera mano la situación de riesgo de las comunidades y candidatos en el Noroccidente del país, ante la ingerencia de los grupos armados ilegales en la contienda electoral.

Tras el recorrido, en el que se reunió con organizaciones civiles, autoridades locales y personeros de la región del Bajo Cauca, indicó que a la entidad le preocupa "el riesgo detectado por nuestro Sistema de Alertas Tempranas en la región del noroccidente colombiano debido a la presencia de grupos armados como el 'clan del Golfo' y el Eln”.

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Además, indicó que el organismo ha establecido que hay "una disputa territorial de los grupos armados en Chocó, Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Cordoba, las cuales tienen que ver directamente con el fenómeno electoral que está apunto de surtirse y que podría tener una grave influencia en el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”.

Ante esta agenda electoral, la Defensoría destacó que es prioritario advertir sobre los riesgos relacionados con posibles vulneraciones a los derechos en este escenario electoral y alertar a las autoridades para que se activen los mecanismos que sean necesarios para lograr la garantía de los derechos tanto de candidatos, de las comunidades y, en general, de los votantes.

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