Los grupos armados de América Latina están expandiendo sus imperios

Hace unas semanas, en México, Julio Almanza, presidente de la Federación de Cámaras Empresariales del estado de Tamaulipas, apareció en televisión para decir que los carteles de la droga estaban extorsionando a los empresarios locales. Días después fue asesinado a tiros frente a su oficina.

Tras décadas de políticas represivas y fallidas contra las drogas en América Latina, los grupos armados han expandido su control más allá del narcotráfico y ahora tienen en sus manos vastas extensiones de tierra, agricultura, petróleo y política. Operan cada vez más en una zona gris entre los negocios legales e ilegales, lo que dificulta rastrear el origen del dinero sucio. La evolución de tres grupos armados diferentes en México, Brasil y Colombia muestra cómo se está produciendo este proceso en la región hoy en día.

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Las consecuencias son inmensas: el año pasado, los países de América Latina y el Caribe albergaban más de 40 de las 50 ciudades con mayor índice de homicidios del mundo. Como sostiene el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre homicidios, en ninguna parte están más extendidos los homicidios causados por el crimen organizado que en esta región.

En Colombia, unos 24.000 combatientes forman parte de grupos armados y del crimen organizado. En México, según un análisis de International Crisis Group, el número de grupos criminales se duplicó entre 2010 y 2020, llegando a más de 200. Además, en Brasil, la migración de bandas de narcotraficantes hacia el norte y el noreste condujo a un proceso de faccionalización: hoy se dice que más de 72 organizaciones criminales operan en todo Brasil. En conjunto, los datos sugieren que es urgente un nuevo paradigma para contrarrestar a estos grupos.

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Las milicias de Río de Janeiro son un ejemplo típico de agentes estatales que se dedican a negocios ilegales. Estos grupos, compuestos en gran parte por policías y agentes de las fuerzas del orden, controlan ilegalmente servicios vitales en ciertos barrios: electricidad, gas, agua potable, televisión por cable e incluso vivienda. Las prácticas de extorsión afectan a la economía local, basada principalmente en la informalidad. Algunas comunidades pagan una tarifa mensual por casa por servicios de seguridad. El floreciente negocio de la apropiación ilegal de tierras también se ha convertido en una fuente clave de dinero.

Cada vez más, las milicias también han fortalecido sus vínculos con el tráfico internacional de drogas. Recientemente, un grupo de milicias conocido como ‘5M’ unió fuerzas con la banda de narcotraficantes ‘Terceiro Comando Puro’ para luchar contra su competidor común, el ‘Comando Vermelho’, el grupo narco más grande y antiguo del estado. Las milicias controlan la venta de drogas en su territorio y no permiten que otros grupos compitan con ellas.

También encarnan un proyecto político, ya que actúan para garantizar que los candidatos que apoyan sean elegidos. Las milicias usan varias tácticas para este fin. Las asociaciones de vecinos están controladas para apoyar a candidatos milicianos en elecciones, que terminan ganando con una cantidad desproporcionada de votos. También hay informes de intimidación. Este año, las autoridades electorales regionales cambiarán la ubicación de algunos puestos de votación para tratar de eludir su efecto. Un estudio encontró que los votantes en áreas controladas por las milicias sufragaron de manera ligeramente diferente a los de otros sitios: en 2022 apoyaron más a candidatos de derecha.

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En México, la aparición de ‘los Zetas’ en el noreste de Tamaulipas marcó un hito a finales de los 90. Inicialmente reclutados por líderes del cartel del Golfo, eran un pequeño grupo de desertores del ejército mexicano, bien entrenados, con equipo militar y, por lo tanto, ejemplificaban un estilo militar de operación.

Los investigadores estiman que ‘los Zetas’ controlan cerca de el 40 % del mercado de petróleo robado, sobre todo en los estados de Tamaulipas y Veracruz. La ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) los motivó a diversificarse hacia actividades menos visibles para evadir la represión. Luego de que sus principales líderes murieron o fueron arrestados en operaciones antidrogas, a partir de 2015 ‘los Zetas’ se dividieron en varias facciones. En la frontera con Estados Unidos, el debilitamiento de la otrora dominante organización de los ‘Arellano Félix’ ayudó a sus rivales. Grupos como el cartel de Sinaloa, ‘los Zetas’, ‘los Güero Chompas’, el cartel del Noreste y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ahora se disputan la plaza Tijuana con las células restantes de los ‘Arellano Félix’ mientras las tasas de homicidios se disparan.

La pelea entre organizaciones mexicanas de narcotráfico se extendió a Ecuador, lo que provocó aumento de la violencia, ya que este país se convirtió en una ruta de tránsito y centro de producción de pasta de cocaína en los últimos años. Mientras que autoridades ecuatorianas afirman que el cartel de Sinaloa apoya a ‘los Choneros’ (considerada la principal organización de narcotráfico del país), el CJNG está del lado de ‘los Lobos’, a quienes les proporciona armas y dinero, lo que alimenta la violencia.

En Colombia, el proceso de desmovilización (2002-2006) disolvió formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una agrupación que en su apogeo reunía a la mayoría de los grupos paramilitares. Sin embargo, la acción gubernamental no pudo impedir que las Auc se fraccionaran. A diferencia de las bandas de narcotraficantes, que en última instancia buscan el lucro, los grupos paramilitares son organizaciones armadas políticas. Sin embargo, la línea que los separa de los grupos criminales es cada vez más delgada en Colombia.

Los grupos paramilitares, conocidos hoy como ‘bacrim’ (bandas criminales), siguen operando principalmente desde las comunidades locales, actuando como autoridad local para resolver conflictos comunitarios y aumentar su popularidad.

A diferencia de sus predecesores, se han expandido hacia un conjunto más amplio de fuentes de financiamiento no relacionadas con el narcotráfico, desde la venta de artículos de consumo diario (lácteos, huevos, arepas y refrescos) hasta la minería ilegal de oro y plata.

Sin embargo, la economía de las drogas sigue siendo el principal motor de sus operaciones.

Las alianzas con de la policía, las fuerzas militares, los jueces y otros agentes del Estado son vitales para mantener su control territorial. Se sabe que el ‘clan del Golfo’ (o ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, como prefieren llamarse) es el más grande, controlando la porción más significativa de las exportaciones de drogas en Colombia (alrededor del 60 %), con 51 comandos regionales. Sin embargo, las ‘bacrim’, a diferencia de las Auc mencionadas anteriormente, no tienen un comando unificado. Se reportan grupos paramilitares en 31 de los 34 departamentos colombianos.

Los datos y los años de esfuerzos para controlar estas organizaciones sugieren que aumentar la eficiencia de los servicios de inteligencia e investigación policial es crucial para desmantelar el poder criminal. Las reformas policiales han sido ignoradas durante décadas, favoreciendo un enfoque de mano dura contra el delito que ignora la complejidad del crimen organizado. Es hora de que las políticas de reducción de daños en materia de drogas se conviertan en el nuevo paradigma de la acción estatal en la región.

ANAÍS MEDEIROS OS(*)

Americas Quarterly. 

(*) Profesora de sociología y ciencia política de la Universidade Federal de Santa Catarina.

Este artículo fue editado por razones de espacio.