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‘Clan del Golfo’ buscó a Farc y Eln para evitar extradición
Documentos hablan de acercamientos con las guerrillas para lograr reconocimiento político.
Alias Otoniel, jefe del clan úsuga. Foto: EL TIEMPO
Organismos de inteligencia documentaron las maniobras y gestiones que desde hace años realiza el ‘clan del Golfo’, la banda criminal más grande del país, para intentar conseguir beneficios judiciales incluyendo la no extradición de sus integrantes a los Estados Unidos.
Los documentos secretos de la cúpula de la banda liderada por Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’, fueron encontrados por hombres de inteligencia de las autoridades en medio de allanamientos realizados en la operación ‘Agamenón’, lanzada hace casi cuatro años en Córdoba, Antioquia y Chocó, y cuyo único objetivo era llegar a los jefes de esa red criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Desde hace ya varios años la banda criminal se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y con ese nombre ha intentado obtener el reconocimiento político que los lleve a una negociación para obtener beneficios judiciales distintos al sometimiento, que es lo único a lo que podrían aspirar como delincuencia organizada.
Ahora, esos documentos hacen parte de la investigación que realizan las autoridades tras la denuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre un artículo aprobado en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que a su juicio beneficia a capos del narcotráfico.
Martínez se refirió al tema en la audiencia pública realizada en el Senado y que estudia las objeciones a la norma que presentó el presidente Iván Duque.
Los documentos en poder de las autoridades, que datan de los años 2016 y 2017, no solo dan cuenta de los acercamientos de emisarios de la banda de ‘Otoniel’ con las Farc sino, incluso, con delegados del Eln.
Uno de los archivos internos, denominado ‘Informe de Gestión’, señala que se recibió comunicación de que los negociadores del Eln presentes para ese momento en Quito (Ecuador) habían aceptado una reunión con los representantes de las AGC, “visita que de ser aceptada por ustedes se llevará a cabo en el mes de noviembre”, y añade que se debe enviar una carta a esa guerrilla en la que digan que el encuentro busca hablar de temas de paz.
“Considera de suma importancia la visita ya que si se hace un papel similar al que se hizo en Cuba es ganar un espacio político muy importante y así como la guerrilla de las Farc reconoció la existencia de una autodefensa armada en el país y no de un clan como han querido mostrar a las AGC, el Eln también hará lo mismo”, se lee en la comunicación conocida por EL TIEMPO.
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Advierten que el Gobierno no estaba informado de esas reuniones y que era mejor mantener esa situación oculta, pues, ante los resultados del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016 sobre el proceso con las Farc, en el cual ganó el 'no', “el Gobierno no verá con buenos ojos que las AGC ganen espacios políticos”. E insisten que la lucha no es solo armada “sino política, y esos reconocimientos a la organización por parte de las guerrillas es fundamental e histórico”.
En otro documento dan cuenta de la reunión con las Farc en La Habana en agosto de 2016, a la cual -dicen- asistieron varios del Secretariado como Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Pastos Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como el Paisa.
En la reunión, señalan los voceros del clan, conocieron los avances del proceso de paz con las Farc. Allí Iván Márquez manifestó que “es muy importante que se estén dando acercamientos con el Gobierno Nacional por parte de la organización para buscarle una salida política y jurídica”.
Es muy importante que se estén dando acercamientos con el gobierno nacional por parte de la organización para buscarle una salida política y jurídica
En su momento, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos autorizó acercamientos con el clan para desmantelar esa banda criminal, los cuales quedaron en cabeza del entonces vicepresidente, Óscar Naranjo Trujillo.
En una de las comunicaciones de febrero de 2017 entre dos de los hombres más cercanos a ‘Otoniel’ se evidencia la alerta que había en la red criminal sobre la posibilidad de contar la verdad de sus acciones delincuenciales.
Manuel Arístidez Meza Páez, alias el Indio, le dice a Roberto Vargas, ‘Gavilán’, que no está de acuerdo con lo manifestado por los voceros de la organización: “No tiene presentación que nos volviéramos sapos, eso ya es muy duro así amigo (…) eso así como dijeron ellos no se puede, nos crea problemas y nos tiramos la soga al cuello amigo”.
No tiene presentación que nos volviéramos sapos, eso ya es muy duro así amigo (…) eso así como dijeron ellos no se puede, nos crea problemas y nos tiramos la soga al cuello amigo
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En la misma carta ‘el Indio’ habla de una traición interna en la organización y que está de acuerdo con ‘Gavilán’ en que deben tomar el mando de la red y ‘pelar’ a quienes supuestamente los traicionaron, para esto estaban “organizando 15 fusileros para mandarlos a ese monte (…) Danielito conoce mucho para allá y dice que si puede sobrevivir con un grupito y hacer presencia”. ‘El Indio’ y ‘Gavilán’ murieron en operativos de las autoridades.
En otra comunicación del 31 de agosto de 2016, hablan incluso de un acto previo al plebiscito por la paz “que sea contundente y definitivo” para ganarlo “y consolidar el proceso de paz”.
Este informe de los encargados de los acercamientos se da luego de una reunión con el senador Iván Cepeda y el negociador del gobierno con el Eln José Noe Ríos.
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Mencionan en la carta que se crearía una zona de ubicación en donde se instale una mesa de trabajo “para la fabricación de la ley fast track y de los aspectos que hemos acordado que pueden dialogarse en mesas de trabajo”.
Igualmente dicen que se acudiría a un decreto presidencial para la creación de las zonas de concentración que suspenda además “el trámite de la extradición mientras sale la ley fast track, que eliminaría completamente la extradición para quienes hagan parte del proceso”.
A la zona de concentración, dice el informe, llegaría un integrante del Estado Mayor para coordinar la desmovilización de los demás integrantes de la organización. Allí podrían estar armados y tener equipos de comunicaciones.
“La zona se instalaría al menos dos días antes del plebiscito para garantizar su éxito. La forma sería que presentes en la zona que requerimos, el Presidente saca los dos decretos y acordamos la fecha”, se lee en el documento en poder de las autoridades.
Los acercamientos se frenaron luego de que el Congreso aprobó una ley de sometimiento que endureció los requisitos para acceder a beneficios y descartó gabelas judiciales a las que aspiraban los integrantes del clan y tras la captura de Carlos Mario Tuberquia Moreno, alias Nicolás, quien venía liderando las negociaciones y quien a través de personas cercanas manifestó que no aspira a ir a la JEP.