'Mayordomos probarán que Sanclemente sabía de laboratorios de coca'

Hace un poco más de un año, el 12 de febrero del 2020, la Fiscalía y la Policía encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína en una finca denominada Haras de San Fernando, en Guasca (Cundinamarca). 

La finca, en la que se encontraron siete toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de coaína y pasta de coca,  pertenecía a la familia del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. 

El hallazgo llevó a que Sanclemente tuviera que renunciar a la embajada, aunque aseguró que ni él, ni su familia conocían que en su propiedad se estuvieran desarrollando actividades ilícitas. "Las pruebas no me involucran y acreditan mi inocencia", dijo en su momento. 

Aunque ha pasado más de un año, la Fiscalía no ha tomado por ahora ninguna decisión frente a Sanclemente, quien acudió a un interrogatorio en diciembre del año pasado para dar explicaciones sobre los laboratorios en su finca. 

Pero esa situación podría cambiar por cuenta de un principio de oportunidad que Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, dos mayordomos de la finca Haras de San Fernando, están negociando con la Fiscalía General para contar lo que sucedió.  

El abogado penalista Víctor Eduardo Muñoz, quien defiende a los mayordomos, habló con EL TIEMPO y aseguró que la matriz de colaboración para ese principio de oportunidad se radicó este viernes ante la Fiscalía.

Según el abogado Muñoz, para llegar a esa negociación -que debe ser avalada por un juez-, los dos mayordomos prometieron contar lo que saben y aportar las pruebas a cambio de "la inmunidad total por sus testimonios". "Ya tenemos protección porque una de las condiciones para ejecutar el principio de oportunidad es que mis clientes estuvieran protegidos", aseguró el defensor. 

En uno de los puntos de colaboración , dijo el abogado, los mayordomos aseguran que Sanclemente "sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en la propiedad", es decir, sabía de los tres laboratorios para procesar cocaína y lo que allí se estaba haciendo. 

Según el abogado, "el mayordomo le comenta el tema y es él quien ordena arrendar las tierras para ese propósito ilícito". 

El año pasado el mayordomo Laureano Martínez había dicho que en septiembre del 2019 unos hombres armados habían llegado al predio y lo habían amenazado con asesinar a su familia si no los dejaba ingresar y trabajar en el predio en un negocio referente a la producción de licores. También le había dicho a los fiscales que nunca le comentó lo que sucedió al dueño de la finca "porque lo tenían amenazado". 

EL TIEMPO le preguntó al abogado por qué ahora el mayordomo cambia su versión. Dijo que "él decide contar la verdad porque la Fiscalía le da garantías. La ley le permite una inmunidad total y un principio de oportunidad", aseguró el abogado. 

Pero los mayordomos no solo se comprometieron a delatar a Sanclemente, sino que otro de los puntos de colaboración tiene que ver con que entregarán las pruebas para demostrar que él sí conocía de las actividades ilícitas y dejar clara cuál fue su relación con la operación de narcotráfico.

Dentro de esas pruebas estarían chats entre los mayordomos y Sanclemente. Además, confirmó el abogado, en la matriz de colaboración se entregó el dato de cuál era el cánon de arrendamiento que se cobrara por prestar los predios para los laboratorios. 

Además, tanto Gómez como Bejarano se comprometen a ser testigos en un futuro proceso penal de la Fiscalía contra Sanclemente, si es que decide imputarle cargos por estos hechos. 

El abogado también le dijo a EL TIEMPO que lo que se conoce es que Sanclemente, si bien sabía de los laboratorios,

De hecho, en su matriz de colaboración los mayordomos también se comprometen a entregar datos sobre quiénes eran las otras personas involucradas en el negocio criminal, informando sobre quién fue el que entregó el dinero para instalar los laboratorios. Cuando la Fiscalía fue allanada fueron capturadas siete personas y entre ellas están Dumer Gustavo Bohórquez Daza, Cristian Aníbal Gómez Venegas, Jhon Jairo Morales Zambrano, Jhefer Iván Castillo Gómez y Pablo Emilio Castillo Perilla, quienes ya fueron condenados y tendrán que cumplir 8 años y 6 meses en prisión.

Pero según el abogado Muñoz, quien financió la operación ilegal fue una extraditable, un hombre de Guateque (Boyacá) del quien ya aportaron su nombre a la Fiscalía. 

Se trata, afirma el abogado, de un hombre que fue extraditado de España a  Colombia hace dos años, y pagó una pena por narcotráfico.  Tras regresar al país, asegura el abogado, el hombre quedó libre y "volvió a montar la operación" de narcotráfico que tenía en zonas de Cundinamarca como Guasca, a apenas 43 kilómetros de Bogotá. 

REDACCIÓN JUSTICIA

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