Terrorismo de disidencias de ‘Iván Mordisco’, otra grieta en estrategia de ‘Paz total’

A la profe Luz Estela Balanta, la maestra de escuela que mató el carro bomba de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, la enterraron este viernes, en Jamundí.

En ese municipio del Valle, el mismo día, las mismas disidencias activaron en el corregimiento de Potrerito otro carro bomba, que destruyó no solo la subestación de policía, sino varias casas vecinas y dejó cinco civiles heridos, entre ellos uno de gravedad.

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Casi 300 kilómetros hacia el sur, en límites entre Cauca y Nariño, Argelia, un estratégico municipio cuyo territorio siguen utilizando hoy, como hace 30 años, los grupos ilegales para mover coca y armas entre el Valle y el Pacífico, más de 10.000 personas llevan cinco días esperando que las disidencias de las Farc permitan la reparación de una subestación de energía que ellas mismas volaron con explosivos esta semana.

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La escalada terrorista de ‘Mordisco’ se da en la misma semana en la que sus negociadores acordaron con el gobierno del presidente Gustavo Petro la que es hasta ahora la tregua más larga de la ‘paz total’: 10 meses, que empiezan a correr el próximo 8 de octubre. “La gente poco cree en esos anuncios. La gente sigue temerosa”, dice el alcalde de Argelia, Jhonatan Patiño.

Mientras empieza el cese de fuegos, las disidencias siguen volando estaciones de policía, en lo que fuentes de los organismos de inteligencia advierten como una estrategia encaminada a quitar obstáculos para mover droga una vez decretada la suspensión de operaciones de la Fuerza Pública en su contra.

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Los cinco heridos de Potrerito y los cinco más que dejó el carro bomba de Timba, la profesora Luz Stela y Ardani Álvarez, un maestro de construcción de 33 años que también murió en ese atentado, son los nuevos nombres en la lista de civiles víctimas de la violencia de los mismos grupos que simultáneamente adelantan conversaciones de paz con el Gobierno.

Y es que esta zona, la que une geográficamente a Cauca (en el cañón de Micay) y al Valle, es un corredor estratégico de las disidencias para el control territorial ligado al tráfico de marihuana y cocaína.

En esa línea, las autoridades señalaron al frente ‘Jaime Martínez’, al mando de ‘Marlon’, de estar detrás de los ataques terroristas. Este frente hace parte del ‘Comando Coordinador de Occidente’, aliado del ‘Estado Mayor Central’, los de ‘Iván Mordisco’, que de acuerdo con agencias de inteligencia cuenta con 3.480 integrantes, 2.149 en armas.

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La estructura más grande es la del ‘Comando Coordinador de Occidente’, que agrupa 7 frentes, al mando de Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Mocho, quien mueve toda la producción de cocaína de Nariño y Cauca.

El ‘Mocho’ estaría subordinado a ‘Iván Mordisco’, pero los ataques de esta semana y el simultáneo anuncio de tregua dejan en el aire una pregunta: ¿qué tanta unidad de mando tiene el grupo que el Gobierno llama ‘Estado Mayor Central’ (Emc) de las Farc?

Desde el Gobierno empiezan a oírse voces más fuertes en contra de esta violencia. El presidente Gustavo Petro ordenó el viernes a la Fuerza Pública “copar militarmente el territorio”, mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó la voluntad de paz de ‘Mordisco’: “La utilización de explosivos contra la población, de carros bomba, nos recuerdan aquellos años del cartel de Medellín, al que tanto parecen asemejarse con sus acciones”.

El jefe de la cartera castrense dijo: “Una organización criminal pretende doblegar al Estado”, a lo que añadió: “Hace años dejaron, si tuvieron, ideales y hoy se asocian más a las prácticas que pretendíamos superadas del narcoterrorismo”, por lo que advirtió que la Fuerza Pública no se va a retirar de ningún punto del territorio nacional.

Tras los atentados, el ‘Estado Mayor Central’ anunció la suspensión de sus acciones ofensivas en todo el país. En un comunicado señalaron que el atentado fue “una acción de guerra” y agregaron que la muerte de los dos civiles en Timba, quienes simplemente transitaban por la zona, fue una supuesta “imprecisión de una acción militar”. Además, afirmaron que la muerte de los dos civiles es una “responsabilidad compartida”.

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De otro lado, y en medio de una de sus audiencias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) subrayó con firmeza que “no puede pasar que el proceso de paz con el Emc u otros disidentes se haga sobre la muerte de firmantes de paz. La paz total tiene que ser absolutamente integral”. A lo que la JEP añadió: “Lo que vemos es que el ‘Estado Mayor Central’ es responsable de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada, ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo” (de paz).

EL TIEMPO tuvo a un informe de inteligencia que da cuenta de que entre el 1.º de enero y el 22 de septiembre de este año el Emc ha perpetrado 638 actividades bélicas. Entre enero y junio ocurrió el 46,7 por ciento de esas acciones: 298 en total.

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Pero en los últimos tres meses se nota un fuerte incremento: 84 en julio, 164 en agosto y 90 en lo corrido de septiembre, para un total de 340 acciones, que representan el 54,3 por ciento de las realizadas este año. “Al parecer para mostrar ante el Gobierno un poder militar y así presionar la mesa de negociación”, se lee en el análisis.

Inteligencia señala al Emc de la muerte de 28 civiles, 12 policías y 15 integrantes de las Fuerzas Militares. En este trimestre, el departamento más afectado es Cauca con 166 acciones bélicas.

De igual forma, se sindica al Emc –también durante este trimestre– de 50 ataques a patrullas, 52 combates (con la Fuerza Pública y grupos irregulares), 50 hostigamientos y 9 secuestros, entre otros hechos.

No obstante los esfuerzos de la llamada ‘paz total’ del gobierno Petro, los grupos al margen de la ley –disidencias, Eln y ‘clan del Golfo’, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)– siguen enfrentándose por el control territorial, lo que deja a la población civil en medio del fuego cruzado y en riesgo de perder la vida.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de este año se han generado 35 eventos relacionados con desplazamientos masivos o confinamientos.

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Tan solo en agosto, la Defensoría reportó 14 desplazamientos masivos que afectaron a 2.596 familias, que suman 5.967 personas. Tres de estos desplazamientos se registraron en Cauca, uno de ellos el 11 de agosto, en López de Micay, donde se presentaron enfrentamientos entre las disidencias y el Eln.

“Como resultado de estos enfrentamientos, 152 familias, que sumaban un total de 317 personas, se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en busca de seguridad”, señaló la Defensoría.

Sobre los confinamientos, de acuerdo con el organismo humanitario, son 13 los reportados entre enero y agosto que involucran a 49 comunidades para un total de 16.492 familias.

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Dos de ellos en Cauca, y cita que por la intensidad de los combates registrados en Suárez –entre las disidencias y el Ejército– el 19 de agosto, “se generó un confinamiento en 5 veredas, afectando aproximadamente a 432 familias, lo que representa alrededor de 1.200 personas”.

Es claro que la protección de la población civil es una prioridad, por ello, Fabio Valencia Cossio, integrante de la mesa con el Emc, y José Félix Lafaurie, negociador con el Eln, les enviaron una carta a Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, y a los voceros de ambos grupos armados en la que les piden un acuerdo para proteger a la población civil que se sume al cese del fuego bilateral.

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“A mí me parece que, aunque eso es un buen paso, todavía falta hablar de que ese cese también tiene que incluir todo lo que son las acciones en contra de la población, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a los bienes y la tranquilidad de la comunidad. Indiscutiblemente esos actos, que son repudiables, tienen que cesar para que haya un clima real que permita a los negociadores y a las mesas avanzar en el propósito de obtener la paz para todos los colombianos”, se lee en la misiva.

Otra voz es la del senador Humberto de la Calle, que fue jefe negociador en el proceso de paz con las extintas Farc, quien ha expresado su apoyo a la política de paz de este gobierno, pero quien hizo un llamado de atención al presidente Petro ante la andanada de violencia en el sur del país.

“Lo que se está viviendo en Colombia es un gran descontrol del territorio en materia del orden público”, declaró De la Calle, que hizo la salvedad de que es algo que viene desde hace varios años: “No voy a decir que la responsabilidad es de este gobierno”. En ese sentido, el senador recordó que ha “exaltado la voluntad de paz de este gobierno” y hasta destacó los avances que se han venido haciendo con el Eln, pero cuestionó la poca claridad que hay en los diálogos y acercamientos con los otros grupos, hechos todos en el marco de la ‘paz total’.

EL TIEMPO consultó con varios expertos sobre la escalada terrorista del ‘Estado Mayor Central’, la ‘paz total’, el papel de la Fuerza Pública y las implicaciones en una mesa de negociación con el gobierno Petro.

Andrés Preciado, director del área Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dijo que es evidente que la metodología y la forma de negociación de la ‘paz total’ generan impactos en la política de seguridad que son inocultables.

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“Cada crisis en la mesa de negociación tiende a generar unos problemas de seguridad territorial”, puntualizó. Preciado añadió que “hay una alerta por las disputas entre grupos armados”, por lo que “la Fuerza Pública debería estar concentrada en romper las disputas territoriales entre los grupos armados. Eso no tiene que interferir en la negociación, sino que es desescalar la situación de conflicto que genera incertidumbre en las comunidades”.

Otra es la posición de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien dijo que no cree en “una situación de crisis de la ‘paz total’, teniendo en cuenta que se trata de una serie de grupos que están en medio de una negociación y que van a entrar en un cese del fuego, es previsible que antes de ese acuerdo aumente la violencia”.

Señaló que estos grupos desarrollan estas acciones bélicas para buscar fortalecerse en la mesa de negociación. En ese contexto, aseguró que no cree “que la Fuerza Pública esté inoperante, o que haya una menor operación de la Fuerza”.

Isaac Morales, coordinador de Seguridad y Convivencia ciudadana de la Fundación Pares, afirmó que por los hechos registrados en Cauca, desde hace dos semanas, “se debería entrar a replantearse la viabilidad de ese cese, y más bien instar a uno unilateral por parte de estas organizaciones delincuenciales”. Y agregó que el cese se puede volver algo contraproducente, “porque para muchos sectores el cese significa permitir que la otra parte en conflicto se fortalezca”.

Sobre la ‘paz total’ consideró que está en una cuerda floja constante, “todos los procesos tienen un riesgo de acabarse y potencial de avanzar”.

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Carlos Medina, historiador y profesor de la Universidad Nacional, recuerda que en los escenarios actuales, donde se encuentran disidencias de las Farc, grupos paramilitares, neoparamilitares y bandas criminales, no es fácil ofertar la seguridad a la sociedad civil. Y agrega: “La demanda de seguridad de los movimientos sociales va a seguir produciéndose y el Gobierno debe seguir impulsando una política que sea lo más pertinente posible para tratar de frenar esas lógicas y aniquilamientos con diálogo y negociación; reforzamiento de la presencia de la Fuerza Pública; justicia y rendición de cuentas y desarrollo socioeconómico”, expuso.

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