Polémica: mientras autoridades civiles piden regreso de bombardeos, Gobierno responde que 'donde haya menores' no se harán

El deterioro del orden público, especialmente en el suroccidente del país por cuenta de la violencia de las disidencias de alias Iván Mordisco, reavivó la polémica sobre la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de prohibir los bombardeos contra los grupos armados organizados, adoptada desde el primer momento de su Gobierno. 

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Durante el encuentro  de alcaldes realizado este lunes en Bogotá, -los afiliados a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)-- el mandatario de Cali, Alejandro Eder, le pidió al Gobierno que considere la reanudación de los bombardeos --las llamadas 'operaciones beta'-- para refrenar a las disidencias que mantienen bajo zozobra departamentos como Valle y Cauca. 

En entrevista con EL TIEMPO, Eder había señalado que "el principal problema es un grupo disidente de las Farc que está en zona rural de Jamundí y en zona rural del norte del Cauca".

Y agregó: "Nosotros necesitamos más vuelos para Aviación del Ejército y para la Fuerza Aérea, porque la ventaja aérea, sobre todo por helicópteros, es una ventaja a la cual nosotros no podemos renunciar como Estado para doblegar estos grupos. Se necesitan más horas vuelo, no se puede renunciar a la ventaja aérea", señaló. 

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El gobierno, a través del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, respondió a la solicitud y aseguró que aunque "los bombardeos no están prohibidos", no se harán este tipo de operaciones mientras haya el riesgo de que en los campamentos haya menores de edad reclutados por estos grupos. 

En esa línea, el jefe de la cartera castrense aseguró que por eso "se le ha pedido a la inteligencia que identifiquen que no haya presencia de menores" antes de adelantar una acción militar de ese tipo. 

El Ministro reconoció que la decisión de no bombardear donde haya presencia de menores de edad "trae un efecto perverso: que organizaciones como el 'Estado Mayor Central' recluta menores, los vincula, porque  sabe que nosotros vamos a respetar, éticamente, la vida de esos menores".

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De hecho, el jefe de la cartera castrense señaló que "el reclutamiento forzado de menores es un drama en el país. "Ese es un dilema al que nos enfrentamos con menores, el de no bombardear. Lo que no significa que en un encuentro entre las Fuerzas Militares y cualquier grupo irregular en donde haya menores no se dispare", aclaró. 

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"Los de la Fuerza Pública no van a inmolarse porque un menor esté disparando, la Fuerza Pública  tiene que defenderse en los combates en tierra", enfatizó Velásquez.

En Colombia, de acuerdo con las normas del DIH, solo se realizan operaciones de bombardeo contra los grupos criminales que tienen la capacidad de hacer daño al Estado por su poder en armas y en hombres, su control permanente de un territorio y su afectación directa al orden público.

Así, en teoría, estas operaciones se pueden realizar contra el Eln, y los grupos armados de las disidencias ('Estado Mayor Central' y la 'Segunda Marquetalia'), así como contra el 'clan del Golfo'.

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Para realizar bombardeos hay un protocolo, establecido por las Fuerzas Militares, que define estrictas normas para evaluar el beneficio al ejecutar la operación frente a factores de riesgo por daños colaterales, por ejemplo. 

El primer ítem es que una operación de bombardeo se cancela "si hay riesgo de afectación a civiles o dudas de presencia de no combatientes, sin importar quién sea el blanco".

Pero estas operaciones -que en su momento fueron la punta de lanza para debilitar a la guerrilla de las Farc y forzarlas a la negociación que desembocó en el acuerdo de paz- empezaron a ser cuestionadas por la muerte de menores de edad, sobre la base de que estos jóvenes son reclutados a la fuerza o bajo engaños por estas organizaciones delictivas.

El tema llegó a tal punto que uno de los motivos que llevaron a Guillermo Botero a renunciar (noviembre de 2019) a su cargo como ministro de Defensa fue una operación de bombardeo en Caquetá que cobró la vida de 8 menores de edad, entre ellos una niña de 12 años. Aunque claramente la responsabilidad de las muertes recae en el grupo ilegal que realiza el reclutamiento, la demora del Ministerio para informar al país de los hechos terminó golpeando la imagen de Botero. 

En esa línea, Gustavo Petro, en agosto de 2022, al iniciar su gobierno, marcó una clara línea que desde entonces ha frenado, en el campo de operaciones, todas las operaciones 'beta' en Colombia, sin importar la magnitud de la amenaza: "No van a morir más niños bombardeados en Colombia. A mí me preocupa más que maten a los niños reclutados”, afirmó Petro en su momento.

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El ministro Velásquez, en su primera rueda de prensa, aseguró: "Operaciones que pongan en peligro vida de menores de reclutamiento forzado no puede haber (...). Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se puedan disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”. 

En las Fuerzas Militares, una fuente, señaló a EL TIEMPO que aunque se desarrolle inteligencia -hasta con infiltrados- es muy difícil cumplir con el precepto de garantizar al cien por ciento que en esos lugares no hay menores de edad reclutados por los ilegales. Eso lo saben los cabecillas de esas bandas y por eso hoy las autoridades calculan que hasta seis de cada 10 de grupos ilegales son niños o adolescentes. 

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El general en retiro Tito Saúl Pinilla, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, aseguró a EL TIEMPO que las operaciones de bombardeo "fueron las que doblegaron a las Farc y las llevaron a la mesa de negociación en La Habana".

Recordó que fue con el uso de esa arma, la más letal en manos del Estado, que se abatió a las máximas cabezas de la guerrilla como 'el Negro Acacio', 'Raúl Reyes' y 'el Mono Jojoy', golpes que minaron definitivamente a las Farc. 

"Estas operaciones no se realizan al azar, están planeadas y son eficaces para afectar a los grupos delictivos. La Fuerza Aérea, sus pilotos, están preparados y capacitados al máximo para reducir el rango de error, al igual que las aeronaves", puntualizó el general Pinilla.

El oficial en retiro destacó que cada operación de bombardeo cuenta con una "inteligencia asertiva para identificar un blanco exacto" y que siempre hay "un estudio jurídico antes de proceder".

Lo que señalan las fuentes militares y analistas es que, sin temor al ataque aéreo, grupos como las disidencias están volviendo a tácticas de la vieja guerrilla, como juntar fuerzas importantes para copar las estaciones de policía o bases militares, como ha empezado a verse en el Cauca. 

De la misma manera, se mantienen fuertes en posiciones estratégicas a las que las tropas en tierra tienen fuertes dificultades para ingresar, empezando por los campos minados. Esto pasa hoy, por ejemplo, en el estratégico cañón del Micay, una de las autopistas del narcotráfico en el Pacífico. 

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que el mensaje del Gobierno en cuanto a que los bombardeos no están totalmente prohibidos ha sido confuso incluso para hacia adentro de las Fuerzas Militares. 

Restrepo, como otros analistas, señala que más que los bombardeos es clave restaurar las capacidades de transporte de tropa y apoyo de fuego aéreo contra los grupos armados, que se han visto menguadas por situaciones logísticas y decisiones oficiales. 

El experto en seguridad dice que se debe trabajar en recuperar fortalezas que en su momento llevaron a las Fuerzas Militares y de Policía a imponerse sobre los violentos.

En ese orden de ideas, concluye que falta más protección para la Policía frente a las acciones terroristas de estos grupos en las regiones y el desarrollo de operaciones de inteligencia y de la Fiscalía para identificar y procesar a las cabezas de estas redes y prevenir sus ataques. 

Por su parte, Diego Arias, analista, exconsejero de Paz del Valle del Cauca, aseguró a EL TIEMPO, que es poco probable que una operación de bombardeo pueda darse hoy por "la presencia numerosa y alrededor -de los mandos de los grupos ilegales- de menores de edad".

Arias señaló que los menores desempeñan tareas de escoltas, comunicaciones, manejo de radio, a lo que advirtió que por más inteligencia por parte de la Fuerza Pública para identificar a los menores, "no creo que logre precisar, un tiempo antes que se produzca un bombardeo, si hay menores de edad o no. Esa es una circunstancia operativa sobre el terreno que es variable"

Para Arias, el no bombardera "es la renuncia a un factor decisivo que marcó un viraje en la guerra en el planteamiento estratégico de la guerra contra las FARC, por ejemplo".

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Explicó que en el tema de superioridad aérea en un conflicto armado interno -como el que se registra en Colombia- "sigue siendo un tema estratégico. Pudiera verse avances en la medida que se perfeccionara la inteligencia que llaman táctica, es decir, la que determina una circunstancia concreta en un teatro operaciones que podría definirse mucho más para determinar condiciones de posibles bombardeos en la reducción de impactos sobre menores de edad".

En esa línea, indicó que la superioridad también tiene que ver "con poder brindar el apoyo de fuego aéreo en el momento. Además, desarrollar a campo abierto desembarcos de fuerzas especiales de manera sorpresiva sobre campamentos de los grupos ilegales", puntualizó Diego Arias.

Redacción Justicia

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