Nueva polémica por énfasis del Gobierno en erradicación forzada

Desde mayo del 2017, cuando se puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), hasta abril pasado, los campesinos comprometidos con esta herramienta de lucha contra el narcotráfico habían erradicado de manera voluntaria 35.317 hectáreas sembradas con matas de coca, según el último informe de la oficina de Naciones Unidas contra las drogas.

Entre febrero y abril pasados erradicaron 606 hectáreas.

Para el primer año de ese programa, la meta del anterior gobierno era erradicar 50.000 hectáreas, pero esa cifra no se cumplió. Entre otras razones, por las demoras en entregar a las familias los recursos para la seguridad alimentaria mientras hacían la transición a cultivos legales, y luego porque, en noviembre del año pasado, el actual gobierno suspendió la inscripción de familias al programa. Según dijo, para reestructurarlo y cumplirles a las que ya estaban inscritas.

En febrero, el gobierno de Iván Duque anunció que su meta de erradicación de cultivos ilícitos para el 2019 son 100.000 hectáreas. Mediante la erradicación forzada, 80.000 hectáreas, y de manera concertada, 20.000.

Lo que llama la atención es que mientras el Gobierno baja su apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos ilegales, las cifras de la ONU indican que el 94 por ciento de los campesinos han cumplido con la erradicación y que la resiembra solo es del 0,6 por ciento. 

Esta última cifra es significativa si se tiene en cuenta que, según la propia Policía, la resiembra tras la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca está entre el 35 y el 40 por ciento

En su último informe, Naciones Unidas ratifica que hay 99.097 familias inscritas en el programa de sustitución voluntaria, de las cuales 67.226 eran cultivadoras de matas de coca y otras 15.008 no cultivaban, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico. Otras 6.863 son recolectoras de la hoja de coca. Del total de familias inscritas, 64.393 recibieron por lo menos un pago ($ 1’000.000) de lo pactado a 12 meses.

La ONU advierte que a 2.319 familias no se les pudo verificar la erradicación de las matas de coca por factores relacionados con el orden público. “Las familias no visitadas se ubican en 72 veredas de los municipios de El Retorno, Miraflores (Guaviare) y Puerto Concordia (Meta)”, según el reporte.

El organismo resalta que se mantiene la asistencia técnica integral para 33.300 familias y que se han logrado concertar 33 proyectos de seguridad alimentaria para 27.573 familias.

Esta semana, de nuevo, el consejero presidencial para el Posconflicto del anterior gobierno, Rafael Pardo, dijo que “están dejando agonizar la sustitución”. Según afirmó en su cuenta de Twitter, “las 35.717 hectáreas que forman parte del programa de sustitución han sido abandonadas por el Gobierno”.

Pero el consejero presidencial para el Posconflicto del actual gobierno, Emilio Archila, sostiene que, al contrario, los programas de sustitución voluntaria han sido fortalecidos. “El programa estaba mal diseñado porque partió de la promesa de que se podía ejecutar en dos años, algo imposible de cumplir”, puntualiza Archila. Reitera que el Gobierno les está cumpliendo a las familias que se comprometieron a sustituir.

De forma extraoficial se dice que actualmente habría 230.000 hectáreas de coca en el país.

JUSTICIA

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El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, destacó esta semana los esfuerzos que viene haciendo el gobierno del presidente Iván Duque para poner en cintura la expansión de los cultivos ilícitos en el país, pero dejó claro que todavía queda camino por recorrer.

“El presidente Duque está haciendo un esfuerzo sincero para reducir los cultivos de coca en el país. Aunque el resultado todavía no está donde quisiéramos, se ha destruido un 60 por ciento más de coca en estos cuatro meses del año que lo que se había logrado destruir el año pasado en este mismo período”, dijo Pompeo en una audiencia convocada por el Comité para el Control de los Narcóticos en el Senado de EE. UU.

Además, el secretario de Estado resaltó que se haya cuadruplicado el número de erradicadores manuales y el esfuerzo del Gobierno para restablecer los programas de erradicación forzosa “que habían sido abandonados”.

Pompeo dejó claro, eso sí, que EE. UU. ve en la fumigación aérea “una herramienta necesaria para la destrucción de los cultivos” y dijo que aguardaban por ahora la decisión de la Corte Constitucional, que debe resolver en los próximos meses si autoriza de nuevo la aspersión aérea como método para combatir las plantaciones de coca.

REDACCIÓN WASHINGTON