La sombra de la coca no ha desaparecido de Meta y Guaviare

Hace dos años, como consecuencia del proceso de paz, las Farc salieron de Meta y Guaviare, territorios que por décadas estuvieron bajo control de su ‘bloque Oriental’, considerado el más beligerante y asociado al negocio del narcotráfico.

Y aunque una nueva tranquilidad se siente en los territorios anteriormente dominados por las Farc, sus pobladores aseguran que los problemas no se fueron con la guerrilla.

En tiempos de guerra, relatan los campesinos, había masacres y enfrentamientos, por lo que muchos tuvieron que desplazarse, pero, afirman, no pasaban el hambre que viven hoy porque la coca, que vendían a grupos ilegales, sostenía a sus familias.

La paz, que incluso le devolvió el turismo a la zona, se ve amenazada con la incursión de disidencias de las Farc al mando de ‘Gentil Duarte’ y de bandas criminales.  Los campesinos ya han sido citados a reuniones en las que hombres armados, especialmente de las disidencias de los frentes primero y séptimo, los alientan a “luchar por sus territorios” y a que siembren coca.

Incluso, les ordenan cerrar el paso de turistas a importantes zonas arqueológicas, como las pinturas rupestres del raudal del Guayabero y Cerro Azul, sin ninguna explicación. También ha habido reportes de amenazas a líderes comunales.

Para los campesinos, esto es el resultado de una paz que llegó incompleta. La principal queja en Meta y Guaviare es que no les han cumplido con los proyectos productivos que sustituirán la coca, aunque la población es consciente de que si vuelve la coca, vuelve la guerra, hoy dicen estar obligados a decidir si prefieren la guerra o el hambre.

En Meta y Guaviare se inscribieron al programa de sustitución voluntaria 16.953 familias que, a corte del 31 de enero de este año, erradicaron 3.790 hectáreas de narcocultivos, cifra verificada por Naciones Unidas.

Por situaciones de orden público, en 72 veredas de estos dos departamentos no se ha podido verificar el cumplimiento de las familias, pero el organismo multilateral considera que el 94 por ciento de las familias honraron el acuerdo.

Durante una semana una misión de la Defensoría del Pueblo recorrió diferentes poblados en Meta y Guaviare recogiendo las quejas y alertas de las comunidades para ponerlas en conocimiento de las instancias del Gobierno encargadas de resolver estos temas.

Si bien muchos campesinos recibieron los pagos y compensaciones contempladas por erradicar el cultivo ilícito, dicen que con la misma diligencia no les han llegado los proyectos productivos que les permitirían vivir, y que tampoco tienen vías para sacar los que serían sus futuros productos.

En muchos lugares, como en Charras, vereda de San José del Guaviare, ni siquiera tienen electricidad o agua, a pesar de que a menos de un kilómetros de allí el Gobierno dio estos servicios, e incluso un esquema de recolección de basuras, al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de los ex-Farc.

“Hoy sentimos gran preocupación, levantamos nuestro único sustento, pero el Gobierno nos ha dado la espalda y padecemos hambre”, dijo Alfonso Bonilla, un campesino de la vereda El Tigre, de San José del Guaviare.

Esa denuncia se repite vereda tras vereda, “no hemos logrado cambiar la coca por un proyecto que nos dé plena seguridad alimentaria”, comentó otro campesino en Charras.

A eso se suma que en su mayoría los labriegos no tienen sus predios titulados, lo que les dificulta el a créditos. Esperan que esto mejore con la reciente inauguración de una oficina en Guaviare de la Agencia Nacional de Tierras, la primera que se abre con el propósito de llegar a zonas apartadas del país en donde antes no hacían presencia.

Aún peores son los líos con los permisos para exportación de productos agrícolas, una promesa de vida que a muchos les iluminó los ojos, pero que se apagó cuando análisis de algunos de esos productos demostraron que los alimentos tenían trazas de glifosato, el herbicida con el que por años el Gobierno fumigó los cultivos ilegales, afectando no solo los cultivos de coca, sino el ecosistema y suelos que hoy todavía dan productos contaminados.

“Estamos en el programa de sustitución, nos metimos con caucho, cacao, maracuyá... Algunos hicieron el proceso para exportar, pero les hicieron el análisis y tienen trazas de glifosato. (...) Eso así no lo certifican, nos tocará comernos los productos contaminados”, comentó un campesino de la vereda Charras.

Con este panorama, algunos campesinos piensan que tarde o temprano tendrán que volver a la coca.

Es más, hasta le han puesto fecha a esa condena: agosto del 2019, cuando, según el Gobierno, se acaban los ETCR en los que se concentran los excombatientes de las Farc. Si se acaban estos puntos también se va la Fuerza Pública que los protege, ese sería el escenario en el que, si no tienen más salidas, los campesinos volverían a la coca, comentó un líder comunal de Charras.

La infantería de Marina del Ejército detectó nuevamente en la vereda La Tigra, en el sur de Meta, un germinadero y semillero de matas de coca. De acuerdo con el coronel Jorge Rico, comandante del batallón fluvial de infantería de marina n.° 32, que opera en el río Guayabero, han encontrado en varios de estos lugares una especie de viveros en los que se siembran semillas de coca hasta que germinan y alcanzan unos 15 centímetros de alto.

En ese momento estas plántulas, que no requieren tanto espacio como un cultivo normal de coca, son vendidas a 300 pesos cada una para llevarlas a otros sitios, donde las trasplantan y esperan a que estén listas para ser cosechadas.

Si la situación de los campesinos en Meta y Guaviare es dura, la de los pueblos indígenas es crítica. Gran parte de sus territorios están traslapados desde hace décadas con predios que el mismo Estado, a través del Incoder (hoy Agencia de Tierras) les tituló a campesinos, por otro lado, muchos indígenas tuvieron que desplazarse porque en sus territorios sembraron minas antipersonales y hoy viven en difíciles condiciones.

Los campesinos, al introducir ganado y otros sembrados, entre ellos la coca a gran escala, no solo contribuyeron con la pérdida de las tradiciones ancestrales indígenas sino que dañaron sus cultivos de pancoger, como yuca y plátano. 

En el resguardo indígena Caño la Sal, en el sur de Meta, viven unas 67 familias Jiw, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay a salud, sus cultivos de yuca fueron dañados por el ganado que metieron campesinos y terratenientes, y campesinos los amenazan por ir a pescar al río al que han ido desde siempre.

Para agravar el panorama, la mayoría de la población son niños que, al igual que los adultos, muchas veces solo comen una vez al día, o ninguna vez al día.  

Varias niñas de ese resguardo, y de otro llamado Luna Roja, ambos parte del municipio de Puerto Concordia, Meta, se están yendo al casco urbano a buscar comida, pero allí  son explotadas sexualmente, según la Comisaría de Familia de Puerto Concordia.

De esta explotación sexual ya tienen 6 denuncias que se han puesto en conocimiento de las autoridades. También se tiene registro de otro grave un problema: niños y niñas indígenas que vagan por las calles del centro poblado inhalando pegante para pasar el hambre.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN JUSTICIA

Desde Guaviare y Meta

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