Diez grupos surgieron tras desmovilización del bloque Tolima en 2005

A un grupo de apenas 100 hombres terminó reducido el temido bloque Tolima de las autodefensas. Sin embargo, el día de la desmovilización, en zona rural del municipio de Ambalema, sumaban 207.

Los nuevos eran jóvenes y campesinos reclutados para ese acto, realizado en la finca Tao Tao con la presencia del entonces alto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, y quien, según las versiones de exparamilitares ante Justicia y Paz, en un principio y por eso mismo, estuvo reacio a aceptar esa desmovilización.

Esta es una de las revelaciones del primero de una serie de informes que presentará la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como una manera de contribuir al esclarecimiento del fenómeno paramilitar en varias regiones del país.

La primera de las investigaciones, ‘De los grupos precursores al bloque Tolima (Auc)’, será presentada el martes en Ibagué, y luego en la vereda El Neme, en Valle de San Juan, y en el corregimiento de Santa Teresa, en el Líbano, cuyos habitantes sufrieron el terror sembrado por los hombres de alias Daniel, un teniente retirado del Ejército cuyo nombre de pila era Diego José Martínez Goyeneche.

Los informes recogen 17.600 relatos de desmovilizados de las estructuras paramilitares, y, en el caso del Tolima, 77 testimonios de exintegrantes y 50 versiones voluntarias de terceros.

El bloque de ‘Daniel’ tuvo su origen en las autodefensas campesinas del sur del departamento, que en los 80 se transformaron en el ‘Rojo Atá’ –grupo señalado como responsable del extermino de la UP en la región–, y luego en las Convivir. En 1998, esas cooperativas de seguridad privada fueron reunidas por el jefe paramilitar Carlos Castaño en el bloque Tolima de las Auc.

Desde aquel momento comenzó la expansión de esa estructura, hasta el asesinato de su máximo jefe en abril del 2004, un hecho que provocó la venida a menos del bloque y derivó en derrotas con la guerrilla, de un lado, y con la Fuerza Pública, de otro, hasta que, finalmente, se vio abocado a la desmovilización.

Ese proceso se concretó el 22 de octubre del 2005. De acuerdo con la investigación del Dirección de Acuerdos de la Verdad, de ellos solo 107 eran integrantes del bloque. Del resto, por ejemplo una veintena de menores de edad llamados ‘Panchos’, se sabe que fueron reclutados solo para la desmovilización. “(…) hay un listado de 207 desmovilizados, pero en realidad fueron 107, aspecto que puede ser corroborado con la ceremonia de desmovilización, puesto que la mitad de ellos lo hicieron de civil y la otra, con uniforme”, contaron ante fiscales de Justicia y Paz el exparamilitar Jhon Fredy Rubio Sierra y otros exintegrantes.

Estos también narraron que alias Daniel “tuvo la intención de uniformarlos a todos”, pero Atanael Matajudíos, alias Juancho (segundo en el bloque), se opuso con el argumento de que “solo los vio al momento de la preparación para la desmovilización”. No obstante, otros exintegrantes, que dieron su testimonio voluntario, señalaron que “mal contados (‘los Panchos’) eran unos 150 más o menos (…)”.

Y si bien ante el país se desmovilizó esa organización paramilitar, no todos sus participaron en el proceso. Fue el caso de alias Fabián –Óscar Oviedo Ramírez–, nieto de ‘Mariachi’, uno de los protagonistas de la guerra bipartidista que se vivió entre los 40 y los 60 en el departamento. Este excomandante ‘para’ finalmente fue capturado y ya en prisión se postuló a Justicia y Paz.

El informe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad va más allá. Revela que han continuado las estructuras paramilitares y la guerra entre familias, particularmente en el sur del Tolima. Hoy, al menos diez agrupaciones que aparecieron luego de la desmovilización del bloque siguen actuando en el departamento. Algunas de ellas son conocidas en el territorio colombiano, pero otras no. Estas últimas utilizan nombres como Autodefensas Bloque Tolima, M - Zetas, Bloque Pijao, Héroes del Valle y Renacer, Conquistadores del Tolima, Comando Niche Auc, Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, Héroes del Valle –Bloque Central Tolima Auc y Nueva Generación–.

Frente a las armas entregadas por los hombres de ‘Daniel’ (quien el 22 de junio del 2008 murió envenenado en La Picota), el informe reporta que fueron 36 armas largas y cortas, 65 granadas, 20 radios y 5 radios base, pero todo ese armamento era inservible. Y la relación armas–combatiente fue de 0,24, para un promedio muy inferior al de otras estructuras paramilitares, que han entregado dos por cada desmovilizado.

“No creo que hayan entregado fusiles de palo, pero sí entregaron fusiles inservibles, armamento inservible (...) que no llenó las expectativas de la desmovilización”, relató el exoficial de policía delegado para esa desmovilización. El oficial retirado explicó que el jefe del bloque ‘Daniel’ anunció la entrega adicional de armas depositadas en caletas en los llanos orientales, pero el supuesto arsenal no fue encontrado.

Y aunque esa estructura criminal fue señalada de ser responsable de al menos 270 homicidios, 25 masacres y de haber establecido las llamadas ‘acuafosas’ (arrojaban los cuerpos de sus víctimas a la laguna del Hato y al río Magdalena), además de delitos de lesa humanidad como secuestro, violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados, solo se han emitido dos sentencias.

Lo mismo sucede con políticos, funcionarios, agentes del Estado y hasta ganaderos y arroceros que habrían colaborado para que esa Auc se expandiera. De hecho, los tribunales de Justicia y Paz han ordenado 285 compulsas de copias a la justicia ordinaria por la presunta vinculación con el grupo ilegal, pero apenas el uno por ciento de esos procesos han llegado a la etapa de fallo.

“Respecto del estado de la investigación de las compulsas a terceros realizadas por la Fiscalía (...), no obstante los esfuerzos de esta, es preocupante conocer que la gran mayoría se encuentran en un nivel incipiente de actuación. Así, cerca de 86 % de las 285 investigaciones a terceros están en la fase inicial, es decir, en la etapa de investigación previa”, agrega el informe, que también señala que esas Auc llegaron a tener la colaboración del 80 por ciento de los alcaldes.

La colaboración con la estructura paramilitar comenzó, según contribuciones voluntarias recibidas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, en el año 2000 con la reunión de Venadillo. En una finca de ese municipio, los asistentes, entre los que había hacendados, comerciantes, policías y militares, se acordó pedirle al jefe paramilitar Carlos Castaño expandirse en el Tolima. Para el momento, el bloque actuaba ya en el sur del departamento.

Poco después de ese encuentro llegó a la zona el máximo jefe de las Auc. Uno de los relatos de exintegrantes incluidos en el informe indica que Castaño llegó una madrugada al aeropuerto Perales, que no operaba de noche pero fue abierto para la ocasión. “Llegó un avión grande, llegaron unos camiones del Ejército, recogieron unos sujetos, entre ellos Carlos Castaño; se fueron y se reunieron en la Sexta Brigada, donde estaban las autoridades y los dueños de la tierra, los arroceros, y ellos le peticionaron (sic) al señor Carlos Castaño que ingresara”.

En el 2002, tras otra reunión, ya en zona rural de San Luis, fue acordada la presencia del bloque paramilitar en Alvarado, Piedras, Ambalema, Venadillo, Lérida y Líbano, en el norte del departamento, con lo cual continuó la expansión. El argumento fue el “cansancio” frente a las extorsiones y el abigeato a manos de las Farc, el Eln y el Erp.

“(…) más del 60 por ciento del norte del departamento colaboró con las autodefensas, bien fuera de manera voluntaria o por coacción, construyendo listas de más de 4.000 colaboradores, que pagaban sumas que llegaban hasta los 20 millones de pesos”, se indica en un fallo de Justicia y Paz.

Pese a los crímenes cometidos por el bloque y a sus nexos con políticos, funcionarios y agentes del Estado, solo se han proferido dos sentencias contra congresistas y una contra un alcalde.

Álvaro Villarraga, director de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), explica que “el gran valor de los informes” es que ayudan al esclarecimiento de la verdad porque constituyen “un estudio particularizado de lo que fueron las expresiones del paramilitarismo en las diferentes regiones del país”.

Además, destaca Villarraga, los informes “abren una compuerta contra la impunidad”, que en el caso de las Auc del Tolima es del 99 por ciento.

“Esa es la labor de la JEP. Debe coger esas 17.000 compulsas de copias que se han producido en una década en el país; ahí tienen información de contexto, de análisis, narrativa e información de muchos actores”, señala Villarraga.

Los integrantes de las estructuras paramilitares que dieron su testimonio lo hicieron sobre la base de que estaban contribuyendo a la verdad y a la memoria histórica del fenómeno, con lo cual podían acceder al beneficio de libertad condicional.

Además, esa información es una “oportunidad histórica” para que de la Fuerza Pública, funcionarios, políticos y hasta empresarios comprometidos narren lo sucedido ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Marco Aurelio Pineda estuvo cinco años huyendo del terror de los paramilitares del Bloque Tolima en el corregimiento de Santa Teresa, en el municipio de Líbano, en el norte del departamento. Él salió, por fortuna, pocos días antes de que la población se convirtiera en el escenario de una guerra sin cuartel.

Los paramilitares se habían atrincherado en el cementerio del caserío, que quedaba en un alto y les permitía tener el dominio de toda la zona. Pero ese lugar fue sitiado durante dos días por las Farc y el Eln, que mantuvieron un feroz ataque contra los hombres de alias Daniel.

“Yo estuve casi dos años corriéndoles (a los 'paras'), aunque estaba en la misma región. Finalmente me sacaron el 24 de julio del 2003, y 20 días después se dio el desplazamiento masivo, eso fue el 16 de agosto”, recuerda este líder social.

Y aunque los habitantes empezaron a regresar poco a poco, después de que el Ejército ingresó a la zona, una oleada de crímenes -comenzaron a parecer personas muertas en los caminos- los mantuvo atemorizados y provocó que muchos prefirieran buscar un nuevo futuro en otro lugar.

Pineda fue uno de ellos. Estuvo unas semanas en Ibagué y luego decidió refugiarse en una población de los llanos orientales, donde tenía familiares. Pero al llegar allí se encontró con que esa zona también era golpeada por las Auc. Sin más remedio, debió pasar inadvertido, si no quería poner su vida en riesgo o sufrir un nuevo el desplazamiento.

Así se mantuvo hasta mucho después de que el bloque Tolima se desmovilizó. Cuando volvió a Santa Teresa se encontró con la sorpresa de que el desplazamiento masivo había sido ignorado por todas las autoridades. “La funcionaria de la Red de Solidaridad dijo no éramos desplazados y no teníamos ningún derecho”, insiste.

Fue entonces cuando decidió emprender lucha jurídica que tuvo sus frutos en el 2010, y los pocos habitantes que aún quedaban en el pueblo fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento masivo, quedaron inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. Eso les permitió acceder a ayudas del Estado, que, según Pineda, “fueron pañitos de agua tibia”.

“Con el actuar de estos grupos armados, con el auspicio de agentes del Estado, se perdieron los valores, las raíces y la confianza en el Estado, y el desarrollo de la región se truncó”, relata Marco Aurelio, quien después de 14 años de esa triste vivencia guarda la esperanza de que Santa Teresa vuelva a ser el mismo pueblo próspero de principios de la década del 2000.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR EL TIEMPO