Estas son las temidas redes criminales que tienen a Tuluá en alerta de riesgo electoral

Extorsiones a comerciantes, amenazas a un candidato, advertencias al Inpec para evitar el traslado de presos y presiones para cartelizar la distribución de alimentos de la canasta básica en Tuluá, Valle del Cauca.

En todas esas actividades ilegales sigue apareciendo como común denominador la red criminal ‘la Inmaculada’, que ahora se hace llamar ‘la Oficina’ y que desde hace años afecta la seguridad del municipio, incluso teniendo a parte importante de sus jefes presos y pagando condenas por sus delitos.

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En el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo aparece Tuluá con el rótulo de riesgo extremo frente a afectaciones y presiones violentas que pueden presentarse en el proceso electoral que se hará en octubre.

El alcalde del municipio, John Jairo Gómez, le dijo a EL TIEMPO que hoy las elecciones están garantizadas, pero advirtió que eso podría cambiar por efecto de las actividades ilegales de ‘la Oficina’ y de la ‘Compañía Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc.

Sostuvo que no obstante los esfuerzos que se han hecho, las órdenes de las actividades ilegales de ‘la Oficina’ siguen saliendo desde la cárcel. " ‘Pipe’, ‘Viejo Andrés’ y los demás están presos y condenados, y siguen las denuncias”, dijo el mandatario.

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Investigaciones de la Fiscalía señalan que entre enero de 2011 y abril de 2017, desde su sitio de reclusión, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, jefe de la temida red, ordenó 46 homicidios, de los cuales sus sicarios lograron perpetrar 39.

Marín Silva tiene 38 años y ha pasado gran parte de su vida privado de la libertad, estableciendo su centro de operaciones en los centros de reclusión a los que ha sido llevado, y aprovechando la corrupción y la violencia para lograr privilegios como lujos en sus celdas y el a teléfonos celulares y redes piratas de internet para mantener el control de su red ilegal.

“Pedimos a la Defensoría que se hiciera esa alerta porque nos preocupa que se afecte el proceso con hechos de violencia. Una de las campañas ya manifestó que recibió amenazas, y ahora se lanzó una nueva amenaza a los funcionarios del Inpec que trasladen a sus ”, dijo el alcalde, quien señaló que esa red criminal delinque hace cerca de dos décadas en el municipio y que él ha tenido que trasladarse varias veces de casa por las amenazas de sus integrantes, y se vio obligado a reforzar su esquema de seguridad.

Añadió que la red criminal no solo se financia con las extorsiones a los comerciantes, sino que presiona los mercados locales para fijar los precios o decidir qué tipo de productos básicos se pueden comercializar y cuáles no. Así aparecen en denuncias sobre manipulación de precios de productos como la cebolla.

En el informe a de la Defensoría se advierte que ‘la Oficina’, “mediante acciones de hecho perpetradas por su componente sicarial y panfletos, ha atacado directamente a un candidato a la alcaldía en Tuluá, incluyendo amenazas contra el gremio periodístico de ese municipio y empresarios que apoyen a dicha persona; arrogándose además, en otro comunicado, la autoría material del homicidio contra un veedor ciudadano, quien en sus redes sociales había compartido su intención de presentar su nombre como precandidato para el concejo municipal del mencionado ente territorial”.

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Aunque hay nueve candidatos a la alcaldía, la única campaña que ha denunciado amenazas es la del aspirante Gustavo Vélez.

Mientras que las amenazas sobre el municipio en la zona urbana las protagoniza ‘la Oficina’, en las goteras del territorio, en donde hay 25 corregimientos, están las disidencias que intentan ejercer control territorial y que ya han amenazado a candidatos de otros municipios como Toro. En los hechos más recientes se investiga si los disparos que hicieron desconocidos a la vivienda de una funcionaria de la alcaldía a comienzos de semana están asociados a una orden de ‘la Oficina’.

La compleja situación en Tuluá fue tratada, incluso, en un debate en el Congreso en el que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la calificó de inisible.

“Unos señores desde una cárcel aterrorizando toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral (...); no vamos a dejar la democracia sola en Tuluá, le han decretado la guerra al gobierno y se la vamos a responder”, dijo el funcionario.

El coronel Jesús Enrique Quintero Rave, nuevo comandante de la Policía Valle, señaló que en Tuluá se vive una situación compleja asociada a la presencia no solo de las disidencias y ‘la Inmaculada’, sino también de otras redes ilegales. Sin embargo, señaló que se vienen desarrollando acciones con la Fiscalía y el Ejército para golpear esas organizaciones.

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El alto oficial le dijo a este diario que en lo corrido del año se han realizado en Tuluá 474 capturas por todos los delitos; de ellas, 384 fueron en flagrancia. Además, se han incautado 34 armas, decomisado 882 kilos de marihuana, realizado 74 allanamientos y hecho 1.180 registros voluntarios en las calles.

Añadió que solo en los últimos dos meses han sido capturados 12 integrantes de ‘los Carrilleros’, 11 de la banda ‘la Villa’. Este último operativo permitió esclarecer 11 homicidios. Igualmente, fueron capturadas cuatro personas señaladas de hacer parte del ala sicarial de ‘la Inmaculada’.

El coronel Quintero Rave también dijo que con el Gaula se han desplegado operaciones contra la extorsión, logrando la captura de otras 23 personas, 18 de ellas en flagrancia.

Finalmente, se lanzó el cartel de los más buscados por delitos como homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De ellos, dijo el comandante de la Policía Valle, ya fue capturada una persona y se avanza en la búsqueda de las demás.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, lanzó el Plan Democracia para garantizar las elecciones regionales de octubre.

El funcionario dijo que serán 67.473 uniformados de la Policía Nacional los que apoyarán a más de 4.000 soldados que estarán garantizando la seguridad en más de 12.000 puestos de votación en el país.

Al tiempo el Ministerio del Interior enfatizó que se activó la línea #634 para denunciar hechos de corrupción que intenten afectar el proceso electoral en el que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados e integrantes de las juntas de acción comunal (JAL).

Por otro lado, el jefe de la cartera de Defensa se refirió al avance del Ejército en Cauca para recuperar Argelia, más exactamente el corregimiento El Plateado, “esto, en términos de afectación de las rutas del narcotráfico, de disminución de criminalidad, significa también disminuir los ingresos ilícitos que recibe esa organización del ‘Estado Mayor Central’, lo cual corresponde a la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que ha dispuesto el Presidente de la República desde el primer día de su mandato, en el sentido de que afectando las finanzas criminales debilitamos las organizaciones armadas ilegales”.

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De otra parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante José Joaquín Amézquita, se refirió, entre otros, a la creación del Comando Conjunto Número 5 en el noroccidente colombiano, el cual “complementará esfuerzos de cada Fuerza con el fin de llevar la acción unificada del Estado con otras instituciones” para atacar la criminalidad.

Redacción Justicia

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