'Al CNE no le corresponde valorar la responsabilidad del Presidente': exmagistrado Vives / Entrevista con María Isabel Rueda

Un decano del CNE, Joaquín José Vives, explica qué puede hacer y qué no el organismo con respecto a las actuaciones del presidente Petro.

Ocho años. Desde el 2006 hasta el 2014.

(Risas) Pues sí, hubo una generación que pudo estar dos períodos y luego, en el 2015, esa posibilidad de reelegirse fue eliminada.

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A ver, la organización electoral colombiana está hecha muy a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Hay una organización istrativa que maneja la Registraduría, un control istrativo que ejerce el Consejo Electoral y un control judicial. Eso hace que los controles sean dispersos y a veces lentos, pero es el modelo que escogimos en Colombia. Yo preferiría un modelo un poco más eficaz.

Sí. En muchos países tenemos el escenario de Colombia, donde un elegido tiene que pasarse casi que todo su período defendiendo la validez de su elección. La mayoría de legislaciones tienen un control en tiempo real y una vez elegido, difícilmente es removible por vicios en el proceso de elección.

Yo tengo claro que el Consejo Nacional Electoral tiene entre sus principalísimas funciones ejercer el control sobre la financiación de las campañas electorales, y la presidencial no es la excepción.

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Ahí voy. El Consejo puede averiguar, investigar, determinar y establecer sanciones por las irregularidades en la campaña. Esto es distinto al hecho de valorar la responsabilidad del Presidente, lo que no corresponde, porque el Presidente es solo solidariamente responsable del pago de la sanción, en caso de que la hubiere. La Ley 996 señala que el gerente de la campaña será el responsable de la rendición de cuentas y dice que el candidato presidencial es responsable solidariamente. Es decir, una cosa es quién responde por infringir la ley y otra, quiénes son solidariamente responsables por el pago de la sanción. Por lo demás, la Corte Constitucional nunca ha dicho que el fuero presidencial incluya responsabilidades istrativas. Solo se ha referido a la penal, disciplinaria y fiscal. El CNE actúa con base en pronunciamientos claros del Consejo de Estado.

Sí, para que la sanción pecuniaria esté a cargo no solamente de él, sino del candidato presidencial, del tesorero, del auditor de las campañas. Pero eso no es lo que se miraría en la conducta del Presidente, sino en la del . También hay que tener en cuenta, y no sé por qué ha pasado tan desapercibido, que la Ley 996 tuvo bien en cuenta que una investigación a la campaña del Presidente, por violación de topes, que pudiera determinar la pérdida del cargo, es una situación que afecta a la estabilidad institucional, ¿no? Y por eso estableció que la denuncia por la violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial, porque un lapso mayor mantendría en entredicho la legitimidad de la elección. Y, además, se establece una exigencia adicional para la violación de topes: que el hecho investigado se derive de una auditoría o de una solicitud de parte. Entiendo que aquí se inició una indagación con base en un anónimo en febrero del 2023, lo cual indica que podría ser irregular, pues no se inició en los 30 días siguientes a la elección y vulneraría el artículo 21 de la Ley 996. La Corte ha sido clara al decir que pasados los 30 días desde la elección del Presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas.

En este caso, la financiación ilegal sí está en término para ser investigada. No hay ninguna caducidad ni limitación, más allá de los tres años que existen para adelantar la investigación istrativa.

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A mí me llama la atención del comunicado que se le formulen cargos a la campaña “representada por…”. La campaña en principio no es un sujeto de derecho que pueda ser sancionado. Los sujetos de derecho son los que manejaron la campaña.

Hay un responsable, en este caso el gerente de la campaña. Sin duda, el comunicado deja dudas, pero esperemos conocer la decisión en su integridad

El responsable, cuya conducta hay que valorar, es el gerente de la campaña.

Por lo menos, a mí me la produjo. En eso, comparto su opinión. Tampoco se pueden generar tormentas en vasos de agua, porque finalmente una formulación de cargos no es una sanción, es una actuación istrativa que, además, tiene un control judicial posterior. Pero tratándose de la campaña del presidente de la República, sí me parece que el Consejo Electoral hubiera podido dirimir algunos puntos de derechos, antes de la formulación de cargos. Por ejemplo, determinar que la celebración del triunfo fue un gasto de campaña parecería una exageración. La campaña está compuesta por el conjunto de actividades realizadas para divulgar el proyecto político, para obtener el apoyo electoral a favor de un candidato, y eso es lo que dice la ley.

Podrá ser motivo de debate y además uno de carácter ético, si se quiere, lo de de dónde salió la plata. Pero el asunto es que no es un gasto de campaña. Para mí claramente no lo es.

Entiendo que el problema comienza porque la misma campaña lo metió como un gasto de campaña y además incompleto. Pero lo que la autoridad electoral debió haber hecho desde el principio es rechazar eso como un gasto electoral, porque es que la celebración terminamos pagándola nosotros a través de una reposición.

La pregunta es si la actividad de los testigos tiene una relación con el propósito de divulgar un proyecto político, o de obtener el apoyo electoral de alguno de los candidatos… O es un gasto de fiscalización.

Es la fiscalización al ejercicio de una función pública, pero probablemente también sea importante saber cómo se financiaron. A lo que voy es que yo sí creo que dentro de la definición de campaña que trae la ley, no alcanza a entrar. La campaña, en efecto, se acaba antes de iniciar la votación, en eso sí creo.

Estoy absolutamente de acuerdo en que es importante que se diga cómo, quién, cuánto se pagó. Pero que finalmente sí encaje dentro del concepto de campaña que trae la legislación colombiana, me asisten muchas dudas.

Pero el objetivo de la campaña es obtener el apoyo electoral, no fiscalizarlo. La pregunta es: ¿en la canasta, porque en la definición de los topes hay lo que llaman una canasta electoral, están incluidos los gastos de fiscalización de los testigos electorales? Eso tendría que resolverlo el CNE. Si lo están, uno podría decir: ok, ok. Con un ítem: en el caso de la Presidencia de la República, el Consejo Electoral no fija el tope de la financiación, está fijado por la ley y el Consejo Electoral todo lo que hace es hacer el ajuste por IPC. En el caso de las demás campañas sí los fija.

Desde luego, no creo que haya ni golpe de Estado, ni que el ejercicio de unas funciones legítimas de una autoridad, por más errores que cometa, implique eso. Además, me parece que la legislación colombiana tiene buenos mecanismos para la defensa contra una formulación de cargos. Luego, yo sí considero que esto es un poco alarmista. No porque una autoridad parezca imprecisa en un momento dado uno puede creer que se acabó el estado de derecho, porque para eso hay muchos otros controles posteriores.

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Recuerde que estando en el Consejo Electoral también tuve casos muy polémicos, como, por ejemplo, la financiación del proceso de recolección de firmas que promovían un referendo para una segunda reelección del presidente Uribe. Me tocó, como ponente, instruir esa investigación. Detrás de estas cosas siempre hay incomodidad, alarmas, desproporciones... En aquel caso, tengo que decirlo, nunca fue el presidente Uribe quien salió a responder, pero tampoco las investigaciones estaban dirigidas contra él, sino contra el comité promotor. Pero cuando hay procesos con mucha publicidad, es fácil que se pierda la objetividad. Finalmente ese proceso terminó, fue soporte de la sentencia de la Corte que declaró la inexequibilidad de ese acto legislativo. Esas son las situaciones de las cuales las instituciones tienen que salir a fortalecerse y a medir su fuerza y su estabilidad. Colombia es un país de instituciones sólidas y fuertes. Ha resistido a muchas otras cosas más complicadas y está también la va a resistir.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO