Asignan a un fiscal la investigación contra 'magistrados eternos'

La Fiscalía General le asignó al fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal 7 delegado ante el Tribuntal, adscrito al CTI,  el conocimiento de una investigación contra los denominados 'magistrados eternos' de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria. 

El ente acusador tomó esta decisión luego de que el pasado 21 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía, si así lo disponía, investigara a los polémicos magistrados.

Esa compulsa se dio en una decisión en la cual la Corte se negó a acatar una orden de un fallo de tutela de la Sala Disciplinaria, afirmando que Garzón y Sanabria dejaron de ser magistrados desde hace cuatro años, por lo que consideró que era importante indagar por qué ellos habían seguido ejerciendo funciones pese a que su periodo constitucional de 8 años terminó en el 2016. 

Ante ese auto, Sanabria y Garzón radicaron un oficio en la Fiscalía dando a conocer las razones por las cuales consideran que aún son magistrados, por lo que le solicitaban que se inhibiera de abrir cualquier investigación penal en su contra pues, además, afirmaron que la entidad competente para realizar cualquier indagación era la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

Garzón y Sanabria siempre han sostenido que siguieron en sus cargos después de cumplir los 8 años porque no estaba lista la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debía reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura y, por lo tanto, ellos podían seguir en sus puestos hasta que se posesionaran los magistrados de ese nuevo organismo, que se encargará de investigar y sancionar disciplinariamente a jueces, fiscales y abogados. 

La Comisión estuvo trabada por años por cuenta de fallos del Consejo de Estado que habían congelado los procesos de convocatoria para elegir a sus magistrados. Su conformación fue destrabada este año, cuando la Corte Constitucional aceptó una tutela del Consejo Superior de la Judicatura y determinó que en el caso había un bloqueo institucional, por lo que dijo que no se necesitaba una reglamentación legislativa para poder conformar este nuevo organismo.

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Así, le ordenó a la Judicatura y al Presidente proceder a adelantar la convocatoria para poder conformar las ternas que a cada uno le corresponde enviar al Senado, con el fin de que este elija a los siete magistrados que integrarán esa comisión. La Judicatura debe enviar 4 ternas y el Presidente, 3.

En ese fallo, la Corte Constitucional también dijo que un periodo de un magistrado que sea superior a los 8 años que dice la ley es inconstitucional, y aseguró que este no se puede alargar. Tras ese fallo, Garzón y Sanabria le enviaron una carta al Congreso en la que dejaron a su disposición sus cargos, pero el Legislativo aún no ha aceptado sus renuncias. 

Al recibir la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la vicefiscal general, Martha Mancera, dispuso el pasado 10 de noviembre enviarle esta decisión al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa. 

Mancera le había pedido a Barbosa que determinara si era posible asignarle el caso a un fiscal destacado de la dirección del CTI, con el fin de que él determine si el proceso se debe adelantar por la justicia ordinaria o si, por el contrario, debe ir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. 

Ante esto, el fiscal general Barbosa aseguró que "observa la gran complejidad del asunto y estima necesario rodear de las mayores garantías el proceso que se adelante en la Fiscalía General, para que se hagan efectivos los principios de transparencia, celeridad y eficacia, objetividad, equidad, imparcialidad en la istración de justicia y se tomen las decisiones que en derecho correspondan". 

Por eso le encargó el caso al fiscal Hernández, a quien le entregó la compulsa de copias que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que tome una decisión sobre el futuro del proceso. 

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