Caso de 'El Bendecido' y su presunta red de contrabando se enredó y ahora tendrá decisión de la Corte Suprema

El caso de la presunta red de contrabando que se tomó varios puertos de Colombia y que dejó capturados a varios hombres, entre ellos Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, fue enviado a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre una solicitud que elevaron todos los involucrados. 

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Resulta que el miércoles en la tarde se instaló en el Juzgado 8 Penal de Conocimiento de Bogotá la audiencia de acusación contra este hombre, Alexánder Galeano, José Helí Alzate y Mario Sarmiento, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. 'El Bendecido' se alcanzó a presentar desde la cárcel La Picota, mientras que el resto de procesados lo hicieron desde sus casas, pues están en detención domiciliaria.

Sin embargo, al momento de la intervención de la Procuraduría, su delegada indicó que ese juzgado no era el competente para este caso, ya que por la magnitud de delitos que se están evaluando el proceso es de resorte de jueces especializados, es decir, de un rango más alto a nivel judicial.

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Este proceso tiene que ver con la Operación Mercurius que en marzo pasado hicieron la Fiscalía y la Policía, en la que descubrieron que desde hace un año al parecer los jefes de la red ilegal alcanzaron a entregar 915 millones de pesos a policías con el fin de que dejaran pasar mercancía por los puertos de Cartagena y Buenaventura. Uno de los cabecillas del entramado delincuencial sería 'el Bendecido', pero el máximo jefe sería Diego Marín Buitrago, alias El Señor, quien está en España.

Las autoridades llegaron a Ricardo Orozco, Alexánder Galeano, José Helí Alzate, Mario Sarmiento y Juan Francisco Solano (otro de los que cayó pero es procesado aparte) porque algunos de los policías a los que aparentemente intentaron sobornar les contaron a sus superiores, y desde entonces se convirtieron en agentes encubiertos para desenmascarar a los contrabandistas.

El operativo fue de tal magnitud que el presidente Gustavo Petro, la entonces fiscal general encargada Martha Mancera y el director de la Policía, general William Salamanca, se refirieron a las capturas, que fueron legalizadas ante un juez de control de garantías. En los estrados judiciales se destaparon los 13 pagos en los que habrían participado los cuatro hombres, a quienes se les frenó la acusación en su contra. 

En la audiencia de acusación no solo fue la procuradora la que impugnó la competencia del juez 8 Penal de Conocimiento. A esa postura se sumó Ricardo Barakat, el abogado de 'el Bendecido'. "Los delitos que aparecen imputados dentro del escrito de acusación hablan de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Además de la competencia por el factor funcional, esta defensa quiere impugnar por el factor territorial", resaltó el penalista, diciendo que la mayoría de hechos por los que nació la Operación Mercurius se dieron en Cartagena.

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Miguel Cubillos como defensor de Mario Sarmiento, por su parte, contó que está de acuerdo con que sea un juez especializado de Bogotá quien asuma al caso, mientras que María Fernanda Chica, penalista que defiende a Alexánder Galeano, añadió que el proceso debe ser en Cartagena.

Por su parte, el fiscal Deiby Cáceres afirmó que el proceso en realidad debía ser radicado ante un juez especializado, aunque expresó que no está de acuerdo con la impugnación a nivel territorial, pues para él el mayor número de hechos se dieron en Bogotá: "La Polfa tiene su origen en Bogotá, por lo tanto el mayor número de elementos materiales probatorios se originaron desde Bogotá, y tres de las agencias en cubierto fueron originadas por situaciones que se dieron desde la ciudad de Bogotá. En consideración de este delegado el competente para conocer es un juez especializado de Bogotá".

Ante esto, el juez de conocimiento resaltó que "trabado el debate (...) como no hay acuerdo frente a un determinado juez especializado, tengo que remitirlo al superior jerárquico de todos los que estamos aparentemente involucrados en este asunto, para que fije la competencia. El artículo 32 del Código de Procedimiento Penal dice que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia conoce de la definición de competencia de juzgados de diferentes distritos".

El togado recordó que el delito más grave se habría cometido en Bogotá, pero quien determinará eso es el máximo tribunal de justicia ordinaria en Colombia. "En criterio del despacho es el juez especializado de Bogotá", concluyó.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]