Así lo anunció este martes el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, quien señaló que con los abogados de esa entidad estudiarán el laudo de más de 300 páginas para establecer el paso por seguir.
“Colombia va a tomar todas las medidas para protegerse”, dijo Gómez Alzate tras señalar: “Aquí ningún inversionista va a asustar a Colombia. El país no se deja matonear y se va a defender en los escenarios internacionales”.
Anticipó que en principio Colombia está satisfecha con el resultado del litigio, pues si bien tiene que pagar una plata, se evitó que el Estado fuera condenado, como lo pretendía Glencore, a pagarle 575 millones de dólares por daños y perjuicios.
El proceso se originó en un contrato firmado entre Carbocol y Prodeco, filial de Glencore en Colombia, para la explotación en la mina Calenturitas y en el cambio del régimen de regalías que propuso la empresa en mayo de 2008, lo que llevó a la firma del otrosí n.° 8 de ese contrato.
En mayo de 2011, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto daño patrimonial que habría generado ese cambio en las condiciones del contrato y, en abril de 2015, emitió fallo de responsabilidad fiscal por 63.000 millones de pesos (19,1 millones de dólares) en contra de Prodeco, funcionarios de Ingeominas y el entonces ministro de Minas. Esa plata la tiene hoy el Estado colombiano.
En agosto de 2016, el litigio llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con sede en Washington para resolver las diferencias entre el Estado y la multinacional.
Aquí ningún inversionista va a asustar a Colombia. El país no se deja matonear y se va a defender en los escenarios internacionales
La empresa minera pedía a los árbitros internacionales declarar a Colombia responsable de violar los artículos del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Appri) entre Colombia y Suiza, ordenarle al país no interferir en la ejecución del otrosí n.° 8 y abstenerse de iniciar cualquier nuevo procedimiento relacionado contra este.
Y, además de devolver los 19,1 millones de dólares, Glencore pedía otros 336,1 millones de dólares por daños futuros y 238,6 millones de dólares por concepto de cualquier eventual cobro retroactivo que se haga de las regalías y de la compensación por ingresos brutos causados entre 2011 y la fecha del laudo.
A su turno, Colombia argumentaba que el tribunal no tenía competencia “para decidir reclamos contractuales que deben someterse a los jueces colombianos, como lo prevé el Contrato Minero”. Además, el Estado colombiano aseguraba que existían indicios sobre actuaciones ilegales de Glencore-Prodeco “en beneficio propio y en detrimento de la Nación mediante engaños y sin que se cumplieran los procedimientos legales para la firma de este tipo de instrumentos”.
Solo ordenó la devolución de los 19,1 millones de dólares más los intereses, confirmando así la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos
Frente a lo decidido por el tribunal, Gómez Alzate destacó: “Solo ordenó la devolución de los 19,1 millones de dólares más los intereses y rechazó todos los demás reclamos, confirmando así la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos”.
El director de la Agencia también señaló que la Contraloría puede incluso revisar el otrosí n.° 8 y “que la justicia de Colombia pueda fallar sobre su nulidad”.
Así mismo, aseguró que la efectividad de la estrategia del Estado permitió reducir “en un 97 por ciento las pretensiones económicas reclamadas por Glencore”.
Para el funcionario, la decisión del tribunal arbitral evidencia que la sanción impuesta en su momento por la Contraloría “se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, el tribunal cuestionó el cálculo realizado por el ente de control para determinar el detrimento al patrimonio público y ordenó la devolución”.
Por último, Gómez recordó que Glencore tiene otro litigio internacional contra Colombia, por el canal de al puerto de Santa Marta, y dijo que en ese caso se va a “defender a Colombia con la misma fuerza como lo hicimos en este proceso”.
Por su parte, Glencore, a través de un comunicado, indicó que "es muy importante que esta disputa haya sido resuelta" y que tanto Glencore como Prodeco "esperan continuar desarrollando sus inversiones de largo plazo en Colombia para el beneficio del pueblo colombiano y la economía del país, en coordinación con el Gobierno Nacional".
Diez frentes de defensa en el exterior
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a corte de marzo de este año, tenía 11 frentes de defensa en el exterior ante demandas interpuestas en tribunales internacionales.
Las pretensiones de esos litigios, según cifras oficiales, eran de 5.514 millones de dólares.
Entre las demandas figuran las presentadas por firmas como Gas Natural, América Móvil, Eco Oro Minerales, Telefónica S. A., Hermanos Carrizosa, Red Eagle Exploration Limited y la de Glencore, que fue resuelta con el laudo de este martes.
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