UNGRD| 'No tengo garantías, diré toda la verdad': Sandra Ortiz a su llegada a la Corte Suprema para rendir versión

"No tengo garantías, diré toda la verdad", fue la frase que pronunció la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz antes de ingresar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde la magistrada Cristina Lombana escuchará su testimonio en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La declaración se da en un contexto en el que la Fiscalía le cerró la puerta a un principio de oportunidad con inmunidad total, y Ortiz busca jugarse su última carta ante el alto tribunal.

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El testimonio para el que fue citada está relacionado con la investigación que adelanta la magistrada Lombana contra los congresistas Martha Peralta y Julio César Chagüi, por su presunta participación en el entramado.

La Fiscalía vinculó a la senadora del Pacto Histórico por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Según el expediente que ahora reposa en la Corte, Martha Peralta habría solicitado a los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla —actualmente condenados por el escándalo— redireccionar convenios por 2.170 millones de pesos para la prestación de 7.500 horas de maquinaria amarilla, en un proyecto de recuperación de Riohacha, en La Guajira, departamento bajo su área de influencia.

De acuerdo con el relato de la fiscal, el 19 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la UNGRD, Olmedo López se habría reunido con la senadora Martha Peralta y los contratistas Isaac Francisco Riscala y Jorge Riscala, de Inversiones IRL S.A.S., con quienes finalmente se suscribió el contrato del servicio.

Por estos señalamientos, la Corte Suprema —juez natural de los congresistas— decidió abrir una investigación para esclarecer el rol de la senadora en el desfalco de la Unidad, considerado el mayor caso de corrupción en el Gobierno Petro. En el marco de esa indagación, el alto tribunal citó a declarar a Sandra Ortiz, la funcionaria de mayor rango imputada y actualmente detenida por este millonario detrimento.

También han sido llamados a indagatoria los aforados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.

El escándalo tiene varias aristas. Entre ellas, el direccionamiento de contratos a congresistas —por el que fue vinculada la senadora Peralta—, los sobornos en efectivo a las cabezas del Congreso para aceitar las reformas sociales del Gobierno en el Legislativo y los sobrecostos en los carrotanques que resultaron inoperantes para abastecer las rancherías de La Guajira, la misión para la que fueron adquiridos.

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En cada uno de estos capítulos, la justicia cuenta con una matriz de colaboración en la que están salpicados una decena de altos funcionarios, entre ellos nombres como el exasesor de Presidencia Jaime Ramírez Cobo, María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y los exministros Luis Fernando Velasco, Guillermo Jaramillo y Gloria Inés Ramírez.

Este viernes la Sala de Instrucción también negó un recurso de apelación interpuesto por la defensa del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien pedía anular la autorización que otorgó el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía para realizar búsquedas selectivas en bases de datos como parte del proceso indagatorio en su contra.

La Corte había agendado una audiencia en la que las partes involucradas debían presentarse de forma presencial; sin embargo, el exalfil presidencial no asistió y estuvo representado por uno de sus abogados. 

Al terminar la diligencia, Iván Cancino, abogado de González dijo en entrevista con EL TIEMPO: "Esta decisión no afecta en nada a Carlos Ramón. Nosotros apelaremos y seguiremos interponiendo tutelas por temas de forma, no solo por Carlos Ramón, si no por la estructura del proceso. La Fiscalía no encuentra absolutamente nada. Es un ejercicio que tenemos que hacer donde se coge la costumbre de hacer lo que hizo la Fiscalía que está errado".

Pablo Bustos, vocero de las víctimas, celebró la decisión del alto tribunal. “La Corte Suprema de Justicia confirma la legalidad de las actuaciones en la búsqueda selectiva de datos de información financiera y de abonados bancarios del señor Carlos Ramón González”.

Además, criticó la ausencia de González, cuyo último rastro lo ubica fuera del país, lo que encendió las alarmas por un posible incumplimiento de la justicia. “Este señor no comparece, a pesar de haber sido citado para atender esta diligencia de manera presencial, lo que refleja una suerte de renuencia, desatención y desobligancia frente a los dictámenes y órdenes de la propia Corte”.

Señaló que tiene conocimiento de que el exfuncionario se encuentra en España, donde estaría solicitando refugio. “Este hecho se da luego de que su esposa renunciara recientemente a un cargo importante en el Estado (El Sena). Esta situación es absolutamente relevante en términos de asegurar su comparecencia al proceso y de hacer un llamado a las autoridades españolas para que no cometan el error jurídico de otorgar amparo a un prófugo de la justicia”, agregó.