Corte estudia demanda que pide tumbar decreto de pilotos de 'fracking'

En medio de una demanda que definirá si en Colombia se puede hacer explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos usando fracturamiento hidráulico horizontal multietapa, técnica conocida como fracking, el Consejo de Estado itió estudiar un recurso que pide anular el decreto con el que el Gobierno fijó los lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre esa técnica.

El fracking consiste en inyectar, en la roca que genera los hidrocarburos, agua con aditivos y arena para crear microfracturas y hacer fluir hidrocarburos.

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Se trata del Decreto 328 del 28 de febrero del 2020, con el que el Ministerio de Minas estableció las condiciones generales y requisitos para iniciar los pilotos. Aunque en septiembre del año pasado el Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional que desde finales de 2018 rige para las normas que regulan el fracking en Colombia –Decreto 3004 del 2013 y la Resolución 90341 de 2014–, permitió que se hicieran los ensayos de investigación cumpliendo varios requisitos.

Los demandantes -los congresistas Cesar Augusto Pachón Achury, Luvi Katherine Miranda Peña y Cesar Augusto Ortiz Zorro- argumentan que el decreto vulnera el principio de precaución, pues sus lineamientos desatienden la obligación del Estado de prevenir daños ambientales.

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Igualmente, dicen que se afecta el derecho a un medioambiente sano, así como el derecho de participación de comunidades indígenas y afrocolombianas a través de la consulta previa obligatoria que, dicen, tendría que exigirse por cada uno de los proyectos piloto.

"En la medida en que esta demanda se ha demostrado que el Decreto viola de manera evidente la Constitución Política y normas del ordenamiento jurídico nacional, solicitamos respetuosamente que ésta sea suspendida hasta que la Corporación resuelva de forma definitiva sobre su constitucionalidad y/o legalidad", añadieron los demandantes, que pidieron, como medida cautelar, suspender la norma.

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Aunque los demandantes presentaron su recurso como una nulidad por inconstitucionalidad, el Consejo de Estado consideró que debía estudiarse como un recurso de nulidad simple, ya que el decreto no fue expedido por mandato constitucional y, para examinar las supuestas falencias, además de confrontarlo con la Constitución, se debe analizar de cara a otras normas. Si bien el alto tribunal itió para estudio la nulidad, por ahora no se pronunció sobre la medida cautelar.

Sumado a esta acción contra el decreto de febrero pasado, el Consejo de Estado estudia un desacato presentado por esta misma norma. En ese caso, los accionantes consideran que el Gobierno incumplió las condiciones que impuso el alto tribunal para permitir los proyectos piloto.

De otro lado, en el proceso principal contra las normas que regulan la técnica en el país, se está pendiente de una audiencia pública para que las partes puedan discutir un informe técnico sobre el fracking que entregó la Universidad Nacional, una de las pruebas claves en el caso.

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