Corte Constitucional dice que acciones del Gobierno respecto a las comunidades wayuu tuvieron un nivel de cumplimiento bajo

La Corte Constitucional anunció en la tarde de este 29 de julio que valoró en un nivel de “cumplimiento bajo” las acciones reportadas por el Gobierno respecto de la movilidad de las comunidades wayuu que residen en zonas rurales dispersas del departamento de La Guajira.

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La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, determinó que estas acciones para cumplir el objetivo constitucional mínimo cuarto, referente a mejorar la movilidad de esta comunidad wayuu, no tienen evidencia “de un impacto positivo en el goce efectivo de los derechos tutelados a la niñez wayuu”.

“En el auto, la Sala reiteró la necesidad del mejoramiento de las vías de los municipios priorizados para garantizar el ejercicio de los derechos tutelados en la Sentencia T-302 de 2017 y a partir de ello anotó que la información allegada era poco consistente, carecía de uniformidad, secuencialidad, precisión y orden en cuanto a los proyectos planeados, los tiempos para ejecutarlos y las entidades responsables de llevarlos a cabo, falencias que generan incertidumbres sobre: la ubicación geográfica de las vías a priorizar, las comunidades que se beneficiarían, las fechas de inicio y terminación de las obras, el número de kilómetros de cada tramo a intervenir”. señaló la Corte.

La Sala estableció nuevos parámetros para presentar la información, entre ellos un cronograma en el que se incluya un lapso “no superior a seis meses para acreditar, por lo menos, el 20 % de avance físico de cada una de las obras proyectadas”.

Para la verificación de los datos que se reporten en el informe la Sala solicitó la concurrencia del Ministerio Público. Asimismo, solicitó a los órganos de control "el seguimiento de unos contratos específicos dirigidos al mejoramiento vial de los cuatro municipios priorizados en la sentencia".

Redacción Justicia:

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