Corte regaña a UNP por mal estado de la camioneta de un líder social

Desde hace seis años Henry Torres Torres tiene un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las amenazas que ha afrontado como líder social, lo que ha llevado a ser calificado como una persona con un riesgo extraordinario. 

Torres es un líder de las comunidades negras de Cauca que ha trabajado por la defensa del medioambiente, la recuperación del territorio y la protección de la minería artesanal, lo que le ha costado amenazas, desplazamientos y atentados. 

La historia de violencia que ha sufrido es amplia. En 1997, por ejemplo, fue secuestrado por varios días por la entonces guerrilla de las Farc mientras trabajaba como concejal de Buenos Aires (Cauca). 

Una de las primeras denuncias que presentó se dio en abril del 2010, cuando le dijo a la Fiscalía General que en medio de una reunión de la Cooperativa de Mineros Coomultimineros, de la que era gerente, le advirtieron que lo iban a matar por las investigaciones que estaba haciendo dentro de la misma Cooperativa y por un conflicto que tenía con algunas personas interesadas en la actividad minera en la región. 

Un año después Torres dejó abandonado su predio y una mina de explotación aurífera que tenía en Buenos Aires, lo que llevó a que lo inscribieran en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

En diciembre del 2013 volvieron las amenazas cuando dejaron una carta en su casa diciéndole que él ya no era el gerente de la cooperativa de mineros, ni tenía autoridad para decidir sobre la minería en la región, por lo que lo amedrentaron ordenándole que se dedicara a lo suyo y, si no, que se fuera de la región si quería proteger su vida. 

Y en diciembre del 2015, Torres le dijo a la Fiscalía que había sido víctima de un atentado contra su camioneta de la UNP mientras se desplazaba desde Suárez hasta Jamundí. 

Desde entonces, dice Torres, el riesgo se sigue manteniendo por sus actividades comunitarias, desarrolladas, por ejemplo, en la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de La Toma, y en el Consejo de istración de la Cooperativa Coomultimineros, organización de la que, en enero del 2018, fue asesinado su gerente y en julio de ese mismo año, su presidente de la junta de vigilancia. 

Además, dijo, el año pasado intervino en el taller 'Construyendo País', presidido por el presidente Iván Duque, en donde denunció la supuesta intención de entregar títulos mineros a unas pocas familias lo que, dijo, le costó nuevas amenazas. De hecho, asegura, días después del taller, el 22 de abril del 2019, hombres desconocidos dispararon contra su camioneta mientras se dirigía desde la vereda Gelima hasta el municipio de Suárez. Aunque él no estaba en el vehículo, su escolta relató que los disparos se hicieron contra la puerta de la silla en donde su protegido siempre se sienta por lo que consideró que el atentado iba en su contra. 

Y en noviembre del año pasado un desmovilizado de las Farc le advirtió que había grupos armados que querían tener el control de la minería en la región para legalizar sus rentas ilícitas, por lo cual le informaron que si Torres se oponía o no permitía su ingreso a la región, "sería declarado objetivo militar". 

Y en agosto de este año dijo que había recibido nuevas amenazas por parte de un grupo armado, hechos que se habían dado en el predio que le había sido restituido por un fallo del pasado 9 de marzo. 

Pese a todos esos riesgos, la Unidad de Protección, aunque le mantiene a Torres su esquema de seguridad desde hace seis años, explicó el líder social, la UNP no ha atendido de forma diligente sus solicitudes e, incluso, le dijo que le suspenderían el vehículo blindado por un presunto mal uso de la camioneta. También señaló que no confiaba en los escoltas que se le asignaron y por eso consideró que se le debía asignar alguien cercano a la comunidad en la que vive. 

Debido al mal estado en el que se encontraba su vehículo blindado por los disparos, así como por un hongo en vidrios y parabrisas, Torres presentó una tutela para que la UNP le cambiara la camioneta por una en mejores condiciones. También pidió que se ampliara el esquema de seguridad a su familia, que no se le quitara el carro por un mes -como se le había anunciado por la sanción- y se le permitiera además contratar un escolta de confianza. 

Durante el proceso la UNP había pedido negar la tutela afirmando que siempre ha actuado en el marco de sus competencias, de manera diligente para evitar cualquier amenaza contra su protegido. También dijo que no le habían dado un nuevo vehículo porque el que tenía estaba en buenas condiciones. 

La UNP también dijo que el proceso sancionatorio para quitarle por un tiempo el vehículo se dio porque en el 2017 recibió varios reportes negativos de escoltas de Torres. La entidad explicó que esos procesos no son aislado pues, informó, el año pasado adelantó 127 procesos sancionatorios de los cuales 25 derivaron a la suspensión de medidas de protección.

Así, señaló, en mayo del año pasado decidió adoptar las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) y ordenó suspender el uso del vehículo blindado por un mes. Esa medida, sin embargo, nunca se hizo efectiva porque Torres presentó una tutela. 

También señaló que la persona que Torres había propuesto para que fuera su escolta no cumplía con los requisitos, y que el Cerrem había recomendado no extender la protección a la familia del líder social. 

En agosto de este año, la Unidad también le dijo a la Corte que los escoltas que hacen parte del esquema de Torres han hecho varios requerimientos para el vehículo que "se han venido adelantando oportunamente en lo corrido del año", pues se ha hecho cambio de aceite, mantenimiento de frenos, cambio de cuatro llantas por desgaste, peritajes de las llantas y mantenimiento general preventivo. 

Al evaluar todos los argumentos, la Corte Constitucional aceptó las peticiones de la tutela de Torres y le dio la razón en que la UNP no ha obrado con diligencia en su caso.

También recordó que es un deber del Estado garantizar la protección efectiva de los líderes sociales, señalando que la creciente victimización que sufren las personas que cumplen estas funciones "es una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete, incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho". 

En primer lugar, la Corte tuvo en cuenta el grave contexto de violencia en Cauca en donde, según informó la Defensoría del Pueblo, las disputas entre grupos armados ilegales disidentes de Farc, así como entre hombres del Epl y el 'Clan del Golfo' afectan todo el territorio y la seguridad de las comunidades. 

También recordó que en esta región el mismo alto tribunal ha tenido que decidir otras tutelas sobre comunidades del corregimiento La Toma, por la vulneración de su derecho a la consulta previa ante la entrega de títulos mineros, situación que ahora ha redundado en amenazas contra estas comunidades. 

Según la Corte Constitucional, la situación de Torres lo pone en una doble condición de riesgo, que es la que ha llevado a que siga teniendo un esquema de seguridad: "De un lado, es un líder afrocolombiano, una de las poblaciones más golpeadas por la violencia y la marginalización. De otro lado, su defensa del medio ambiente y del territorio constituye otro de los patrones más comunes de victimización". A esto se suma que el Cauca es una de las regiones en donde se han reportado más agresiones y asesinatos de líderes sociales. 

Por todo esto, la Corte señaló que la UNP no ha actuado "con la debida diligencia" porque su información sobre el estado del vehículo asignado a Torres es contradictoria y no entregó pruebas para asegurar que estaba "en buen estado", a pesar de que es su responsabilidad velar porque las camionetas se encuentren  en las mejores condiciones. 

El alto tribunal tuvo en cuenta la revisión técnica que hizo Autos Sura sobre el carro blindado asignado a Torres, en agosto de este año, y allí se especifica, por ejemplo, que las llantas tienen una mala profundidad y que presentan un desgaste irregular. También hubo reportes de los escoltas que informaron que en dos ocasiones se les han estallado las llantas y han sufrido percances por pinchazos en carretera. 

"La idoneidad del vehículo de protección asignado al señor Henry Torres no es un asunto menor. Su vida, en gran parte, depende de este medio de transporte blindado", señaló el alto tribunal, afirmando que si él llegara a quedarse varado por las carreteras de Cauca esto podría aumentar el riesgo para su vida y la de sus escoltas. 

Por eso le ordenó a la UNP que, en compañía de Torres, adelante una revisión técnica integral de su vehículo y garantice que se le hagan todos los ajustes necesarios. Además deberá evaluar de forma periódica el carro y, de ser necesario, deberá entregarle un nuevo carro que cumpla con los estándares de protección. 

La Corte Constitucional también compulsó copias para que la Fiscalía General y la Contraloría revisen la forma en la que la UNP está contratando sus vehículos para los esquema de seguridad, así como "posibles irregularidades que impiden, como ocurrió en este caso, que los automotores presten el servicio de seguridad con calidad, poniendo en riesgo la vida de los protegidos". 

De otro lado, la Corte afirma que aunque las medidas sancionatorias contra Torres -para quitarle la camioneta por un mes- nunca se materializaron, la sola amenaza de suspenderle el vehículo aumentó de forma desproporcionada el riesgo contra su vida. Además, la decisión se tomó sin una motivación fundada, pues aunque la UNP dijo que se encontró que en la camioneta él movía a desconocidos, así como materiales de minería y hasta explosivos para esa actividad, el alto tribunal señaló que esto no se probó. 

Según la corporación, para suspenderle la camioneta a un protegido, la UNP tiene una carga argumentativa mayor ya que en principio "no es razonable aceptar que el uso indebido de los instrumentos de protección permita interponer una sanción que signifique el sacrificio de la vida". 

Un escenario extremo y excepcional en el que se permitiría quitar el vehículo, sería en el caso en que se use para cometer un delito, pero en todo caso esas medidas deben ser justificadas por la UNP. 

También ordenó que se reanude la ampliación del esquema de protección al núcleo familiar de Torres porque no se justificó por qué se le quitó la protección a la familia. Y señaló que, ante la tensiones entre Torres y los escoltas que tenía, la UNP debe contratar a un escolta de su confianza, que garantice el informe diferencial por ser un líder social afro, y que sea idóneo para las particularidades del protegido y su entorno.  

-Él es Eduardo Cifuentes, quien se posesionó como presidente de la JEP

-Motociclista cometió una infracción y terminó acusado de homicidio

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET