Las explicaciones de la Corte ante señalamientos alrededor de una tutela

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos se declaró impedido para  participar en el trámite de selección de una tutela que presentó la Gobernación de Córdoba en medio de una disputa judicial con la IPS Funtierra por el pago de servicios de salud.

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El impedimento tuvo origen en una publicación de un portal en internet que aseguraba sin mayores elementos de prueba que se habría dado un pago para que la tutela, en efecto, fuera seleccionada.

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El impedimento se conoció este miércoles, durante la Sala de Sección 12 de tutelas, que debía determinar si escogía para revisión dicho expediente.

Rojas pidió separarse del caso, “en aras de la transparencia, la claridad y el resguardo de la institucionalidad y de su derecho a la dignidad” en atención a que en la publicación se dijo que “la selección obedecería al pago de sobornos y o actitudes corruptas".

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Ese impedimento le tocó resolverlo al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien, en Sala de Selección, dijo que ese recurso fue aceptado “en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las decisiones judiciales”. El caso es el expediente T- 8.509.890.

Ahora bien, el magistrado Ibáñez explicó que, de todas maneras, ese expediente “mencionado en las aludidas notas, como presunto acto de corrupción, en ningún momento fue ni podía ser objeto de conocimiento por parte de la Sala #12 de Selección”.

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Lo anterior, dijo, porque las tutelas son seleccionadas por la Corte o porque un magistrado presenta reseña esquemática, porque se presentan escritos ciudadanos o insistencias de los magistrados, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Ibáñez explicó que ese expediente no tuvo ninguna de esas rutas. “El mismo nunca ingresó al estudio de esa sala porque no cumplió bajo ninguna de las rutas de entrada”, dijo el jurista.

En diálogo con EL TIEMPO, el magistrado Ibáñez reiteró que la nota que circuló en redes sociales "constituyó una alerta para verificar sobre el estado del expediente al que ella se refería".

"Inmediatamente verifiqué que dicho expediente había sido repartido para su análisis al despacho del magistrado (José) Reyes Cuartas pero allí no presentaron ninguna reseña esquemática del mismo; tampoco hubo escrito ciudadano que hubiere solicitado su selección ni mucho menos solicitud de insistencia por ninguna autoridad o magistrado habilitado para ello, que son las rutas de conforme al reglamento de la Corte para que pueda ser estudiado y eventualmente seleccionado. Eso significa que el expediente no podría ni debería ser objeto de examen ni mucho menos de selección", explicó.

El magistrado Ibáñez aseguró que si bien el magistrado Rojas Ríos presentó impedimento para no participar en el examen de dicho caso, él no lo hizo porque "no concurre en mi causal de impedimento alguno".

"No era procedente que yo presentara impedimento alguno y por el contrario, con absoluta transparencia, objetividad e imparcialidad y conforme a las reglas que orientan la moralidad y la ética pública, resolví aceptar el impedimento del magistrado Rojas, lo separé del caso y conforme al ordenamiento jurídico aplicable, decidí según los antecedentes del mismo, que no cumplía los requisitos para ser examinado y por ello fue excluido para selección", explicó Ibáñez.

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