Corte llama a indagatoria al congresista Edwin Ballesteros

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al representante a la Cámara Edwin Ballesteros por presuntas irregularidades en contratación en las que habría incurrido cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, entre noviembre de 2013 y enero de 2016.

Se trata de un proceso que se inició en el alto tribunal a raíz de la compulsa de copias de algunas piezas procesales en la investigación que avanza en la Corte contra el senador Richard Aguilar, exgobernador de Santander.

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La Corte analiza tres contratos. El 157 de 2014, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander e Ingream S.A.S (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento) el 29 de diciembre de 2014. Este es por la suma de $1.188.804.830,83 para la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos del municipio de Sucre Santander, el cual incluía la realización de estudios y diseños.

El segundo es un contrato del 23 de febrero de 2015 por $472 millones para una planta de potabilización de agua en Enciso, Santander, suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable (representada legalmente por Octavio Reyes Sarmiento).

El último contrato es del 4 de diciembre de 2015 por $4.346 millones para el acueducto del municipio de Landázuri, suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable.

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Además, se investiga a Ballesteros porque supuestamente, previo acuerdo con el entonces Gobernador de Santander Richard Aguilar, se habría comprometido a adjudicarle los contratos para la construcción de los acueductos de los municipios de Chipatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de $600 millones.

Con base en testimonios e interceptaciones telefónicas, la Sala de Instrucción abrió investigación formal por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho propio.

La Sala estimó que, por el momento, hay indicios de que al parecer se hacían acuerdos previos con los contratistas sobre los proyectos y se hacían ajustes irregulares a los pliegos de condiciones y términos de referencia a las condiciones de ciertos contratistas.

La Sala de Instrucción ordenó hacer un análisis al proceso de contratación de los tres convenios mencionados, así como establecer el estado actual de las obras a las que se refieren dichos contratos, entre otros.

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