La Corte Constitucional seleccionó para estudio la tutela que presentó Yolanda Chaparro, una mujer mayor diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quien luchó para que le fuera autorizada la eutanasia.
La acción judicial busca ampliar el derecho a la eutanasia en Colombia y que este procedimiento no solo se realice a pacientes en etapa terminal. El caso le correspondió a la magistrada Cristina Pardo.
El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), que acompañó a Yolanda en su lucha judicial, explicó que si bien la pretensión inicial ya se superó debido a que Yolanda se le aplicó la eutanasia el pasado 25 de junio, el caso todavía puede estudiarse.
"La magistrada Cristina Pardo Schlesinger será la ponente del caso y deberá elaborar el proyecto de sentencia por medio del cual la Corte tendrá la oportunidad de cambiar el precedente frente a la enfermedad terminal como requisito para acceder a la eutanasia. Es decir, la Corte podrá eliminar la barrera que exige a las personas esperar que su salud se deteriore hasta un punto específico o tener un pronóstico de vida inferior a seis meses para poder acceder a una muerte digna a través de la eutanasia", indicó esa organización.
Según DescLAB, este es el primer litigio estratégico sobre muerte digna que busca profundizar y ampliar este derecho en Colombia. El legado de Yolanda se construye sobre las historias de vida y los casos que a lo largo de 25 años han llegado a la Corte Constitucional y han permitido que Colombia sea uno de los pocos países del mundo en los que la muerte digna y la eutanasia son un derecho de los ciudadanos”, indicó esa organización.
Yolanda Chaparro de Andrade falleció a los 71 años de edad el día 25 de junio de 2021 tal y como era su deseo.
DescLAB dijo que "en las últimas semanas, la condición de Yolanda se volvió insoportable para ella, y decidió que había llegado el momento de tomar el control de su vida ejerciendo su derecho a una muerte digna y cumplir su voluntad bajo el procedimiento legal de la eutanasia".
El abogado Lucas Correa, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, explicó que Yolanda pidió la eutanasia a su médico tratante y a su IPS que le negaron la solicitud por no estar en un estado "suficientemente deteriorado".
“A Yolanda le impusieron un nivel de deterioro específico para poder morir dignamente, los médicos le dijeron que tenía que esperar a que la salud estuviera muy deteriorada. Cuando se le aplicó el protocolo de eutanasia y se le exigió un nivel de deterioro específico, se vulneró su muerte digna, pero también el derecho a la vida digna al obligarla a vivir una vida contraria a su idea de dignidad; se le vulneró el libre desarrollo de la personalidad, al impedirle tomar las decisiones sobre su vida, y se la sometió a tratos crueles, al obligarla a vivir con dolor”, explicó el coordinador de investigaciones de DescLAB.
“Negarme la eutanasia fue algo que no esperaba porque siempre he pensado que el dueño de la vida es uno mismo y quien padece los sufrimientos no es nadie más que uno y la familia”, explicó la mujer frente a esa negativa.
Desde el año 1997, el derecho a morir dignamente fue reconocido por la Corte
Constitucional como un derecho fundamental.