Paro: cortes responden a reclamo por declaración junto al Gobierno

El pasado 6 de mayo, los presidentes de las altas cortes y de la Jurisdicción Especial para la Paz se reunieron con el presidente Iván Duque en el marco del paro nacional y emitieron una declaración conjunta que ha sido criticada por algunos expertos y por los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Jorge Ibáñez Najar.

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Lo anterior porque en el comunicado conjunto, leído por el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, las cortes reconocieron “el conjunto de acciones y programas” ejecutadas por el Gobierno para atender la crisis social. Y porque no hubo una mención expresa al exceso de la fuerza empleada por la Policía para enfrentar la protesta.

EL TIEMPO conoció un derecho de petición que fue enviado a los presidentes de las altas cortes que cuestionó que en dicho pronunciamiento conjunto solo se hubiera hecho una condena general a actos criminales de violencia ocurridos en el paro, sin mención a desafueros policiales o la asistencia militar que ya había ordenado el presidente Duque en Cali.

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“No hubo pronunciamiento alguno sobre la imposición del ejercicio militar sobre el poder ejecutivo, es decir, el desvío de poder, cuando unidades militares y de policía atacaron a las manifestaciones en contravía de lo establecido por gobernaciones y alcaldías que primaban el dialogo sobre la represión. La declaración conjunta beneficia al gobierno como parte dentro de la protesta social, en tanto que es a quien directamente se le ha protestado”, señalaba el derecho de petición.

Por esa razón, se le pidió a las Cortes hacer una “rectificación pública de cada uno de los puntos señalados en la declaración conjunta”, así como un “pronunciamiento frente a los actos de uso excesivo de la fuerza, “asistencia militar”, desviación de poder y cualquier otra violación a los derechos fundamentales” y que se solicitara “de manera urgente el respeto al derecho humanitario por parte de la fuerza pública y las funciones constitucionales de los alcaldes y gobernadores”.

El pasado 25 de mayo, en un documento de dos páginas y luego de un debate interno sobre cómo hacerlo, los presidentes de las altas cortes respondieron el citado derecho de petición. La respuesta, en poder de EL TIEMPO, asegura que la declaración conjunta cuestionada “se limita a recoger los principales asuntos tratados en la reunión realizada con el señor presidente de la República”.

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Sobre el segundo punto, en el que se pedía un pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza y la asistencia militar, los presidentes de las cortes indicaron que “en esa declaración, y en la que suscribimos el miércoles 5 de mayo, en el marco del principio de imparcialidad, dejamos claro nuestro rechazo total a los actos de violencia de los cuales han sido víctimas tanto ciudadanos como los de la fuerza pública”.

Igualmente, señalaron que en esas declaraciones los presidentes de las Cortes pidieron “la investigación prioritaria y la sanción de las conductas criminales cometidas, en especial de aquellas lesivas del derecho fundamental a la protesta y demás derechos humanos, y apoyamos el diálogo nacional como la vía correcta para dirimir las controversias y superar la actual crisis que afecta al país, un anhelo que sin duda usted también comparte”.

Frente al pedido de hacer un llamado al respeto de derechos por parte de la Fuerza Pública, los presidentes respondieron remitiéndose a lo ya dicho “sobre nuestro rechazo a los actos criminales, de violencia, terrorismo, vandalismo y vías hecho ocurridos en el marco de las protestas sociales y que afecten, entre otros derechos fundamentales, protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, los de protesta y libre expresión".

Lo anterior, insistieron, "independientemente de quien o quienes hayan sido autores o agresores, bajo el entendido de que toda forma de violencia se encuentra proscrita”.

La respuesta fue firmada por el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio José Lizarazo; el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina; Julio Andrés Sampedro; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández; y la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez.

Luego de la declaración conjunta, los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar hicieron una constancia pública cuestionando el pronunciamiento en atención a que ese alto tribunal podría estudiar en el futuro actuaciones del Gobierno en relación al manejo del paro y por la falta de una condena expresa al exceso de la fuerza de la Policía.

"La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional", indicaron.

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El episodio generó una división evidente en la Corte que se evidenció de nuevo el 15 de mayo cuando sus integrantes no pudieron llegar a un acuerdo sobre si se debía emitir un comunicado rechazado la quema de Medicina Legal en Popayán por manifestantes, luego del suicidio de una menor de edad que había denunciado tocamientos indebidos por parte de integrantes del Esmad.

Al día siguiente, luego de una publicación, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denunció ante el  fiscal general, Francisco Barbosa, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, haber recibido una amenaza contra su vida el fin de semana.

EL TIEMPO estableció con múltiples fuentes que finalmente la Corte Constitucional decidió no suscribir mensaje alguno y que la idea de hacerlo fue una petición hecha por el fiscal Francisco Barbosa que solo fue apoyada por dos magistrados (de nueve). 

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Tras la amenaza, la Sala Plena de la Corte se reunió con el fiscal Barbosa el pasado 28 de mayo, en tanto que los integrantes del alto tribunal hicieron una manifestación pública de respaldo hacia Ibáñez.

"Rechazamos todo tipo de actos que afectan no solo la integridad del magistrado y su familia, sino la de muchos otros colombianos y colombianas que infortunadamente están en circunstancias similares. El camino hacia la paz solo puede construirse con la participación, en libertad, de todas y todos", indicaron.

En Twitter: JusticiaET