Ante la Corte, Gobierno defiende cadena perpetua y juristas se oponen

Aunque apenas han pasado siete meses desde que el presidente Iván Duque sancionó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, a la Corte Constitucional ya le han llegado nueve demandas que piden tumbar esa norma.

Esas demandas son una muestra de la polarización que ha generado esta ley, a la que aún le falta una reglamentación que será presentada por el Ministerio de Justicia en marzo ante el Congreso.

La misma división de opiniones se dio ante la ley que se sancionó esta semana y que impide que, de ahora en adelante, prescriban los delitos contra menores de edad (ver nota anexa).

En un país en donde los delitos contras niños y niñas vienen en aumento, y en donde el año pasado, según Medicina Legal, 15.359 menores de edad sufrieron delitos sexuales y 579 fueron asesinados, tanto el Gobierno como los legisladores que promovieron estas leyes, contra hechos tan atroces, han defendido su constitucionalidad y necesidad.

Pero son muchos los reparos de la academia y expertos en política criminal, quienes han calificado estas normas como populistas y poco efectivas para conseguir lo más importante: la disminución de delitos que afectan a los niños y niñas y combatir la impunidad.

Ese debate se está dando en la Corte Constitucional, que decidió acumular varias de las demandas que ha recibido contra la cadena perpetua, y ya rechazó por lo menos dos. La demanda cuyo trámite va más avanzado es la que presentó el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, encabezado por el profesor de derecho Alejandro Iturralde Sánchez.

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Su documento sostiene que la ley de cadena perpetua no solo tiene vicios de forma (por la forma como se tramitó en el Congreso), sino de competencia, porque el Legislativo sustituyó ejes centrales de la Constitución y se arrogó funciones de constituyente que no tenía.

Entre otras razones, la demanda expone que, en un Estado social de derecho como el colombiano, las personas detenidas tienen derecho a la resocialización, que es una garantía de la dignidad humana. Esa posibilidad se viola con la cadena perpetua, que por su duración es desocializadora y tiene un fin de incapacitación del condenado y mera retribución, en contra de la reinserción como fin de la pena.

Aunque en este caso la cadena perpetua sería revisable a los 25 años (ver recuadro), para los demandantes esa revisión es lejana y de todas maneras mantiene al detenido en la incertidumbre.

También aseguran que esta ley se basó en prejuicios sin argumentos empíricos, como que “quien comete delitos sexuales y otros delitos graves en contra de menores son incorregibles, y por lo tanto irremediablemente peligrosos”, por lo que se termina juzgando a las personas no por el delito cometido, sino por lo que podrían llegar a ser.

Sobre esta demanda ya han llegado varios conceptos a la Corte. En la orilla de los defensores de la norma está el Gobierno, que a través del Ministerio de Justicia le pidió mantener la ley.

El Ejecutivo afirma que la cadena perpetua no sustituye la Constitución porque es una “manifestación democrática” de la competencia del Congreso para reformar la Carta Política, y en este caso la pena perpetua –que es excepcional– se da para quienes “se han comportado como depredadores de los más caros derechos de los menores”.

También le pidió a la Corte tener en cuenta que en el 2019 el Consejo Superior de Política Criminal le dio el visto bueno a esta pena y dijo que no va en contra del derecho internacional, porque los tratados ratificados por Colombia no la prohíben, pues este tipo de sanciones se han aprobado en países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Perú, Chile o Argentina.

Además, señala que las penas actuales para los delitos sexuales contra niños van entre los 27 y 37 años, por lo cual considera que no son proporcionales “frente a la gravedad del daños causado”. En este punto, el Gobierno dice que la posibilidad de reincidir pone en riesgo a los menores.

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Sobre la reincidencia, el Inpec, que en un concepto técnico le dijo a la Corte que las detenciones por un largo periodo generan pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, despersonalización, riesgo de dependencia a las drogas, entre otros, señaló que hay 1.055 detenidos reincidentes en delitos sexuales contra menores.

El ICBF también se manifestó a favor de la cadena perpetua, afirmando que esa sanción se justifica para preservar el interés superior de los menores. Y dice que esa pena no anula la resocialización porque los presos podrán estudiar o trabajar y su pena se revisará a los 25 años.

Esto contrasta con la posición de la academia y los juristas, que le pidieron a la Corte tumbar la cadena perpetua. El profesor de derecho Ricardo Posada Maya, por ejemplo, le dijo a la Corte que esta pena –como otras medidas aprobadas por el Congreso– es populista o de demagogia penal, que busca “réditos electorales”, pero no sirve para prevenir el delito, y además va en contra del espíritu humanista de la Constitución.

Según Maya, esa ley fue aprobada sin evidencia para concluir por qué permitirá reducir los delitos, por lo cual termina convirtiéndose en una “venganza social” y “un peligroso experimento” que va en contra de la dignidad.

Maya también recuerda que los índices de impunidad están sobre el 97 por ciento, lo que muestra el problema de impunidad frente al delito.

Esa posición es acompañada por la Universidad Externado, que le dijo a la Corte que esta pena es una medida reactiva y no de prevención. Recordó que a pesar de que el Congreso ha aumentado las sanciones en los últimos años, los delitos sexuales contra niños vienen en aumento, por lo cual la respuesta debería ser atacar “las causas estructurales de estas violencias” que se dan en su mayoría en los hogares, con victimarios que son familiares y afectan en mayor medida a las niñas.

Y el exministro de Justicia Yesid Reyes aseguró que, según lo dicho por la Corte, solo son compatibles con los derechos humanos las penas que busquen la reinserción del condenado en la sociedad, pues de lo contrario se lo estaría excluyendo del pacto social.

En ese mismo sentido se pronunció la Universidad Javeriana, que aseguró que la cadena perpetua vulnera la dignidad porque obliga a los condenados a estar toda su vida en cárceles que no brindan condiciones mínimas para vivir sin humillaciones, y porque además se convierte en un mecanismo para “excluir a ciertos individuos”.

Lo mismo dijo la Universidad del Rosario, afirmando que una pena perpetua agravaría el estado de cosas inconstitucionales que viven las cárceles desde 1998, aumentando el hacinamiento. También comparte la posición de otros juristas de que esta medida es populista y crea una “falsa idea de seguridad y justicia”.

Todas estas posiciones serán estudiadas por la Corte Constitucional, que aún no ha recibido el concepto de la Procuraduría General, pues la cabeza de este organismo, Margarita Cabello, se declaró impedida ya que como ministra de Justicia del actual Gobierno apoyó la pena perpetua.

El próximo mes, el Ministerio de Justicia llevará ante el Congreso el proyecto para reglamentar la cadena perpetua. Uno de los aspectos que se regularán es el de la revisión de esa condena tras 25 años, que se haría en una audiencia con los representantes de las víctimas, y en la que se conocerá un dictamen de peritos sobre salud mental y riesgo de reincidencia.

Si el detenido queda libre, se lo pone a prueba por 10 años. Además, toda pena perpetua sería revisada por la Corte Suprema y los tribunales. Y se propone que no se les imponga prisión perpetua a menores de edad, y eliminar permisos de salida por 72 horas a los condenados a esa pena. Además, el Inpec y Minjusticia tendrían que presentar en 6 meses planes de resocialización.

No pasó ni siquiera un día desde que el presidente Iván Duque sancionó, este miércoles, la ley que impide que ahora prescriban los delitos sexuales que se cometen contra los menores de edad, cuando abogados penalistas anunciaron que demandarán esa norma. Esta ley establece que en cualquier momento, sin importar cuánto pase desde que se cometió el delito, la Fiscalía podrá investigarlo.

El Colegio de Abogados Penalistas anunció que demandará ante la Corte Constitucional esa ley. Aunque el Gobierno y la representante Katherine Miranda (promotora de la norma) aseguran que ayudará a combatir la impunidad, para los penalistas creará el efecto contrario: como la Fiscalía ya no tendrá afán porque no tiene que responder por un vencimiento de términos, estos expedientes podrían quedar dormidos en los despachos judiciales.

Añaden que esto va en detrimento de los menores, porque en lugar de conseguir una justicia pronta, se podrán quedar esperando un fallo durante años o toda la vida. El Gobierno considera que la norma será útil para enfrentar la impunidad y judicializar a los responsables de esos delitos. El Ejecutivo argumenta que las víctimas empiezan a denunciar cuando son mayores y deben tener el tiempo para presentar la denuncia y que la Fiscalía investigue.

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MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

En Twitter: @MSarralde