La defensa en la Corte de la Región Metropolitana de Bogotá

En la Corte Constitucional avanza el estudio de una demanda que busca tumbar la creación de la Región Metropolitana de Bogotá, que fue aprobada en el Congreso en 2020, como una entidad istrativa, con régimen especial, que permite al Distrito Capital, a la Gobernación de Cundinamarca y a sus municipios, tomar decisiones de forma integral sobre asuntos públicos.

La demanda fue presentada por los congresistas Feliciano Valencia, María José Pizarro y David Racero, así como por las concejalas de Bogotá Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal y María Muhamad, quienes aseguran que la Región Metropolitana -que es una reforma a la Constitución- se creó con vicios de trámite en el Congreso.

Según la demanda, el Congreso en la primera vuelta debatió la “conformación de un área metropolitana dentro de la autonomía que la Constitución les otorga a las entidades territoriales”, pero en segunda vuelta aprobó la “creación de una entidad istrativa de asociatividad regional de régimen especial”.

“Es muy diferente otorgar mediante un artículo constitucional la autorización y competencia a unos entes territoriales, Distrito Capital y los municipios circunvecinos, para poder conformar la Región Metropolitana cuando así lo decidan, y otra cosa muy distinta “crearles” una entidad istrativa de asociatividad regional de régimen especial para que los entes territoriales - Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca puedan asociarse en las condiciones que le fija el acto constitucional que la crea”, dijeron.

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“Lo anterior genera un cambio esencial y sustancial que vulnera el principio de consecutividad e identidad, porque no se trata de una simple modificación o adición sino que cambia la esencia de lo aprobado en la primera vuelta, pues los municipios que, junto con Bogotá y Cundinamarca, antes podían constituir y conformar la Región Metropolitana, en términos de igualdad, entre entes territoriales pares, ahora en actos posteriores e independientes, simplemente, los municipios se podrán asociarse a la Región Metropolitana”, indicaron.

Según los demandantes, “en caso de que ningún municipio se asocie, la Región Metropolitana podrá seguir existiendo y funcionando, pero solo podría tomar decisiones de mayor jerarquía para Bogotá y Cundinamarca en lo que a estos dos entes territoriales le competen, pero no podrán aplicarlas a los demás municipios”,

También aseguran que se creó una región con una jerarquía mayor a la de los entes territoriales sin ningún mecanismo de participación ciudadana, como un referendo o una consulta popular para introducir reformas en el ordenamiento territorial; y estiman que las decisiones de la Región Metropolitana no pueden tener mayor valor que las del Distrito, municipios o las del departamento.

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La demanda afirma que la reforma fue aprobada sin consulta previa a de 14 pueblos indígenas de Bogotá y Cundinamarca. “El acto legislativo 02 de 2020 no solo afecta las comunidades indígenas que habitan la ciudad capital, este acto estaría vulnerando el derecho que asiste a cinco comunidades indígenas del pueblo Muisca que habitan en Chía y Cota en donde hay resguardos constituidos y otros tres en proceso de legalización, al igual que un amplio número de cabildos autorreconocidos”, aseguraron.

El caso está en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo quien ya recibió los escritos de la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca, la Asamblea departamental y de Asocapitales, entre otros, todos ellos pidiendo que la Corte le dé su visto bueno a la reforma constitucional y desestime la demanda con argumentos similares.

La alcaldía de Bogotá destacó que la reforma señala que el Distrito, la Gobernación y los municipios “podrán” asociarse en la Región Metropolitana, con consulta del Concejo y la Asamblea y una vez se expida una ley orgánica que la regule. La Gobernación señaló que, en ese sentido, “no es correcto afirmar que la misma ya se encuentra creada como institución jurídica de asociatividad (no como entidad territorial)”.

La Alcaldía también señaló que, en su criterio, no hubo vicios de forma en el Congreso, no se incurrió en una sustitución de la Constitución ni se transformó la organización política del Estado.

“La norma acusada preserva y materializa los principios constitucionales de descentralización, autonomía y coordinación territorial. El constituyente previó la creación de un área metropolitana y/o una región para garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. La 'Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca' es un desarrollo del deseo inicial del constituyente que se adoptó a las condiciones territoriales actuales”, aseguraron.

La Gobernación resaltó que no era necesario hacer consulta previa porque esta opera cuando haya decisiones de orden istrativo, legislativo y/ o emprendimiento de proyectos económicos, más no un acto legislativo como este y teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la Región depende de una ley.

Según la alcaldía, el hecho que primero se haya aprobado que la vinculación del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca a la Región Metropolitana ya no se “consultaba” sino que se sometía a votación ante el Concejo y la Asamblea correspondiente, es insustancial. La Alcaldía señaló igualmente que la reforma sí garantiza la autonomía de las entidades territoriales de decidir si se integran o no la Región Metropolitana y dispuso que su funcionamiento se regulara con participación de todos los involucrados.

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La Alcaldía además señaló que, en Cundinamarca y Bogotá D.C. durante más de cuarenta años, se han reconocido interdependencias funcionales entre varios municipios, y la necesidad de constituir una autoridad o asociación supramunicipal de planeación que gestione los asuntos estratégicos de esta zona.

La Gobernación indicó que las interacciones son múltiples y para abordarlas se requieren soluciones integrales, concertadas y efectivas en materia de política pública regional en temas como transporte, movilidad, servicios públicos, protección al medioambiente y ordenamiento del territorio, entre otros.

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