Las demandas que tienen en vilo la ley de financiamiento

Al menos dos de las 30 demandas que tiene la ley de financiamiento del presidente Iván Duque, a juicio de magistrados consultados, tienen poderosos argumentos que podrían llevar a que la Corte Constitucional hunda esta norma con la que el Gobierno aseguró que recaudaría 19 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto del 2019, y hacer correcciones al sistema tributario.

La ley de financiamiento tiene 10 demandas por vicios de forma (es decir, vicios durante su trámite en el Legislativo), y otras 20 por temas de fondo, casos en los que los demandantes alegan que uno o varios de sus artículos violan principios constitucionales.

Esta semana –y en las que vienen–, el alto tribunal estudiará dos de las demandas que alegan vicios de forma y que piden tumbar la ley en su totalidad. El primero de estos recursos fue presentado por los investigadores de la Universidad Nacional Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso, caso que está en el despacho del magistrado Alejandro Linares. La segunda demanda es la del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, y la ponencia le correspondió al magistrado Carlos Bernal Pulido.

Aunque aún falta que la Corte se siente a estudiar las demandas en Sala Plena y vote para tomar una decisión, fuentes del alto tribunal aseguran que en la corporación habría por lo menos tres magistrados a favor de mantener la ley, mientras que otros seis considerarían que, en efecto, la norma tuvo defectos y errores de trámite en el Congreso.

La demanda de Libreros y de Retamoso establece que la ley de financiamiento debe caerse porque, supuestamente, violó el principio de consecutividad y le faltó publicidad durante su trámite en el legislativo. Así, aseguran, los representantes a la Cámara desconocían el texto que se había aprobado en el Senado un día antes. “Los representantes el día 19 de diciembre del 2018 solo conocían la ponencia para debate en la plenaria de la Cámara, pero no las modificaciones que se hicieron la noche del 18 de diciembre en el Senado”, dice el texto de la demanda.

Los demandantes aseguran que al no haber publicidad de lo que el Senado había aprobado una noche antes, “los congresistas no sabían qué estaban votando (...) la inexistencia de los debates tiene trascendencia sustancial, pues no se discutieron modificaciones importantes, violando el principio democrático y la participación política en la negociación de la ley”.

En esa demanda, la Procuraduría entregó un concepto en el que asegura que la norma debe mantenerse porque no se violó el principio de consecutividad ni de publicidad, como aseguran los ciudadanos.

Por su parte, la demanda de Vargas Lleras coincide con la anterior en que los días 18 y 19 de diciembre del año pasado, en el trámite de la ley, hubo vicios de procedimiento.

Vargas Lleras dice que, en efecto, los representantes de la Cámara votaron la proposición que había sido aprobada la noche anterior por el Senado, pese a que no la conocían.

“Esta proposición se hizo sin que se presentara al Secretario de la Cámara el texto que se proponía para debatir y votar, sin que el mismo hubiese sido repartido con anterioridad a los de la Plenaria, y sin que siquiera se hubiese leído durante la sesión”.

En la revisión de las demandas, Presidencia envió un concepto en el que asegura que en el trámite de la ley “no se incurrió en ninguna de las irregularidades alegadas” pues, a su juicio, el contenido del articulado que había aprobado el Senado sí fue conocido “oportunamente por la Plenaria de la Cámara”. Además, dice Presidencia, esa célula legislativa “sí debatió y votó el título del proyecto”, por lo que la Corte debería mantener la norma acusada.

Aunque estas son dos de las demandas más importantes contra la ley de financiamiento, y sobre las que habría decisiones en los próximos días, la Corte tiene en su poder otros recursos que también piden que se caiga toda la norma.

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