¿El aborto viola mandatos internacionales? El nuevo debate en la Corte Constitucional

En Colombia el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación y para su realización no se le pueden poner trabas a quienes lo soliciten, tras un fallo de la Corte Constitucional de 2022. Y desde ahí, es posible hacerlo en tres causales: malformación del feto que haga inviable su vida, riesgo para la salud física y/o mental de la mujer y abuso sexual e incesto, que están despenalizadas desde 2006 y que son un derecho fundamental.

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Ahora, la Corte Constitucional itió para su estudio una demanda de la reconocida abogada antiaborto Natalia Bernal Cano quien asegura que el aborto vulnera a quienes están por nacer y tienen situaciones de discapacidad, así como a mandatos internacionales.

La abogada Bernal Cano, quien ha impuesto múltiples demandas y recursos frente a este debate ante el alto tribunal, asegura que hay una desprotección del que está por nacer porque supuestamente los procedimientos abortivos en etapas avanzadas implican que los "bebes nazcan" o generen discapacidades  y porque generan daños en el útero que afectan a futuros embarazos.

Además, alega que la despenalización del aborto tal y como hoy se permite en Colombia permite que las mujeres aborten a los "los bebés discapacitados o con malformaciones".

La magistrada Cristina Pardo, quien es de origen conservador y no ha apoyado decisiones anteriores sobre la despenalización del aborto, itió la demanda para estudio, que se presentó contra el artículo 122 del Código Penal, bajo el cargo de que supuestamente el aborto de viola el artículo 93 de la Constitución Política que es el que indica que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia tienen prevalencia en el orden interno.

Así, se va a verificar si como dice la demandante, se estarían incumpliendo mandatos internacionales como el Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

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Al itir la demanda, la magistrada Pardo requirió a las especialidades de medicina materno-fetal y de anestesiología neonatal, o sus equivalentes, de las universidades El Bosque, La Sabana, la Nacional, la Javeriana, el Rosario, Los Andes; así como a diferentes hospitales, que le envíen un oficio respondiendo preguntas como si existen cirugías, desde qué momento de gestación se realizan y qué procedimiento tienen, entre otras.

"¿Existe algún caso en que la madre requiera anestesia para la realización del procedimiento de cirugía fetal? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? ¿Existe algún caso en que el feto requiera anestesia o algún tipo de analgesia para la realización del procedimiento de cirugía fetal? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? ¿desde qué edades gestacionales se aplican?", preguntó la magistrada.

La Corte, además, requiere información sobre los medicamentos que se usan para anestesiar al feto para la realización de cirugías fetales y cómo actúan estos. Tal vez una de las preguntas claves para este debate que se propone ahora es la siguiente que realizó la magistrada Pardo:

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"¿Desde qué momento (semana de embarazo) el feto es capaz de sentir dolor? ¿Cómo se manifiesta el dolor de un feto? ¿Qué es el estrés fetal? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo se manifiesta? ¿En los últimos quince años, ha aumentado el número de cirugías fetales que se practican en el mundo? ¿Por qué?", preguntó.

"Si a un recién nacido que nace después de la semana 22 de gestación se le practica una intervención quirúrgica ¿se le aplica anestesia? ¿se le aplica algún tipo de analgesia? ¿Según la literatura médica, existe alguna diferencia en la sensación del dolor entre un feto de 22 semanas de gestación o más que se encuentra dentro del vientre de la madre y un recién nacido con la misma edad gestacional que se encuentra por fuera del vientre de la madre? ¿Por qué?", agregó.

Entre las preguntas de la magistrada Pardo a los expertos está, por ejemplo, una precisión desde el punto de vista médico sobre cuándo se entiende que 'exista grave

malformación del feto que haga inviable su vida', que es una de las causales que hoy se permiten para abortar.

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"¿Cuáles son las enfermedades incompatibles con la vida extrauterina más comunes que ha identificado la ciencia médica? ¿Qué significa que un feto tenga una 'anomalía congénita de mal pronóstico vital'? ¿Cuáles son las anomalías más comunes de este tipo?", preguntó.

Igualmente, la magistrada Pardo hizo múltiples preguntas a expertos sobre las diferentes etapas del proceso de gestación y sobre cuando, médicamente, ¿desde se habla de embrión y desde qué momento se habla de feto y por qué-

"¿Cuáles son las características del embrión y del feto en las diferentes etapas de la gestación? ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para interrumpir un embarazo antes de la semana 24 de gestación?", preguntó al tiempo que pidió precisar si esos procedimientos implican riesgos para la salud de la mujer.

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¿Existe la posibilidad de que al practicar alguno de los procedimientos utilizados para interrumpir el embarazo el feto nazca vivo? De ser esto posible ¿cómo se procede en estos casos? Sírvase explicar su respuesta según las diferentes etapas de gestación", preguntó la magistrada.

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Pardo pidió a los expertos explicar si en os procedimientos para interrumpir un embarazo después de la semana 22 de gestación se anestesia solo a la madre o también al feto, si quien interrumpe su embarazo presenta los signos propios del postparto y si los abortos pueden generar complicaciones en futuros embarazos, entre otros.

De la misma manera, el Ministerio de Salud tiene diez días para informar las políticas públicas que en los últimos 15 años se han hecho sobre la divulgación clara de atención a la mujer embarazada, sobre la eliminación de barreras por parte de las EPS para la interrupción voluntaria del embarazo, sobre la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, y sobre el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.

Además, pidió entregar información sobre las campañas que se han hecho sobre el acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, las medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar, y medidas relacionadas con la salud mental de la madre gestante.

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Además, se solicitó entregar al Ministerio de trabajo las políticas públicas que en los últimos quince años se han dictado para la protección a la mujer embarazada cabeza de familia, la protección a la mujer embarazada víctima de violencia sexual, la garantía de la licencia de maternidad y la lactancia de la mujer y la protección a la primera infancia.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla