El duro diagnóstico de la Corte Suprema de Justicia sobre los 20 años del Sistema Penal Acusatorio: son 'desconcertantes las cifras de impunidad'

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, lanzó un duro diagnóstico sobre los veinte años de funcionamiento de la Ley 906 de 2004, que introdujo el Sistema Penal Acusatorio, incorporando un andamiaje de partes, con oralidad y mayores garantías, que cambió el paradigma del proceso penal que antes se caracterizaba por la figura de un mismo juez que investigaba, acusaba y capturaba con hermetismo.

Según el magistrado, el sistema de tendencia acusatoria "ha revelado, a lo largo de sus dos décadas de operatividad, inquietudes problemáticas". Sin referirse directamente a la cifra del 90% de impunidad del sistema penal, del que han hablado diversos actores del poder judicial, Chaverra aseguró "las desconcertantes cifras de impunidad que elucidan las estadísticas son producto de las deficiencias estructurales de carácter cuantitativo en los órganos del poder judicial".

El presidente de la Corte llama la atención sobre la numerosa acumulación de noticias criminales que no se evacúan, año tras año, y que generan una grave mora en los procesos penales. "Los datos estadísticos revelan, preocupantemente, que desde la entrada en operación del sistema penal acusatorio, entre 2005 y 2006, la cantidad de noticias criminales acumuladas ha evidenciado, año tras año, una invariable tendencia ascendente. Así sólo para ejemplificar, mientras en 2007, la cantidad de expedientes acumulados ascendía a 6.129 para el 2022 reportaron 798.598 actuaciones", expresó Chaverra.

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El jurista citó cifras de un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia que advierten que en 2022 ingresaron 1.787.783 noticias criminales, y egresaron 1.661.814 noticias criminales, pero que la gran mayoría de casos evacuados quedan en archivos. 

"El 81.7% corresponde a archivo de las diligencias decretadas por la Fiscalía, el 2.7% a sentencias y el 1.4% a culminación del procedimiento por acuerdo conciliatorio. Y solamente un 0.3% en virtud de la aplicación de principios de oportunidad, añadió el magistrado.

Chaverra también aseguró que, en el año 2022, de 1 millón 130 mil audiencias programadas, solamente el 58% se llevó a cabo.

El magistrado también se refirió al talento humano para la atención de las noticias criminales, exaltando que "las problemáticas al trámite de los asuntos penales no sólo se encuentran ligadas al tamaño de la infraestructura".

"Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, para el año 2023, la tasa de jueces y fiscales por cada 100 mil habitantes se situó en 12 y 8.8 respectivamente. Pese a ello, una década atrás la proporción de jueces era de 13.1% y la de fiscales 9.2%, cifra superior a la registrada en pretérita anualidad", expresó. 

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Chaverra también se refirió a varias reformas legislativas que, no sólo han creado nuevos delitos, sino que han restringido la celebración de preacuerdos y "minimizado o suprimido las rebajas propias del allanamiento a cargos".

Se refiere a los artículos 157 y 199 de la ley de 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Al artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, que establece normas sobre la prevención, detección e investigación del terrorismo. El artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, o Ley de Seguridad Ciudadana; y la Ley 1761 de 2015  que creó el delito de feminicidio. 

"Los hallazgos que las estadísticas revelan, lejos de indicar que las reformas aludidas han contribuido a menguar las expresiones graves de criminalidad, en realidad demuestran que esta clase de medidas restrictivas han socavado profundamente la posibilidad de que las actuaciones culminen con una declaración de justicia dentro de un plazo razonable", manifestó el magistrado.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]