El Gobierno y las órdenes de las altas cortes / Análisis

Mientras insisten en la narrativa del supuesto golpe blando y del ‘bloqueo institucional’ frente a cada decisión autónoma y legítima de los otros poderes, el presidente Gustavo Petro y varios de sus alfiles mantienen la desafiante –y preocupante– posición de tratar de postergar hasta el máximo el cumplimiento de las órdenes judiciales.

En este punto no hay lugar a discusión: las decisiones de las altas cortes deben cumplirse, sin ambages. Todo servidor o funcionario público, empezando por el Presidente de la República, está obligado a acatar sus fallos y autos. Y sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, nos estamos encontrando con esguinces jurídicos, que rayan con el desacato, frente a mandatos judiciales.

En discursos, alocuciones y su cuenta de X, el presidente Petro sigue haciendo señalamientos y acusaciones que no están basados en hechos reales, amparándose en su derecho a la expresión y en la supuesta mordaza que le imponen unos medios que, dice, son “instrumentos de la oligarquía”. Pero ese derecho a la expresión, como le ha recordado ya varias veces el Consejo de Estado, tiene límites, empezando por la carga de verdad, imparcialidad, objetividad y soportes fácticos que debía ser inherente a cada afirmación presidencial. El presidente Petro se olvida de esos parámetros, que lo obligan por orden judicial, en medio de sus numerosas peleas vía X y en desarrollo de su estrategia política. Y sus rectificaciones suelen quedarse a medio camino.

El reencauche de funcionarios, sobre todo diplomáticos, cuyos nombramientos se han caído también por decisiones del Consejo de Estado porque no cumplían los requisitos, es otra posición desafiante. Que esos nuevos nombramientos se vuelvan a caer a los pocos meses no parece ser un asunto que importe mucho ni en Casa de Nariño ni en el Palacio de San Carlos.

Y la cereza del pastel ha sido la larga serie de maniobras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a la hora de cumplir la orden de la Corte Constitucional de conformar las mesas técnicas para el recálculo de la UPC y la de ponerse al día con pagos atrasados con las EPS. Tratándose de temas de salud y de vidas, se echan de menos actuaciones más contundentes de los organismos de control frente a las posibles dilaciones injustificadas.

Intentar desconocer la legitimidad de los otros poderes y sus decisiones –como bien lo reseñó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a raíz de los duros epítetos del presidente Petro contra los senadores que decidieron archivar la reforma laboral (maldiciones bíblicas incluidas)– es un peligroso juego que nadie en una democracia, empezando por el Presidente de la República, debe jugar.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET