Los integrantes de la comunidad indígena Embera Katío de Bagadó, Chocó, que se encuentran desplazados por la violencia en Bogotá interpusieron una tutela en la que solicitan la presencia de un traductor para poder hacer los trámites de registro como víctimas ante la Unidad de Víctimas, así como para los diálogos que se puedan presentar para resolver la situación humanitaria en la que se encuentran.
Se trata de comunidades que desde 2020 llegaron a Bogotá y que vivieron la mayor parte de la pandemia en las calles, en una grave situación humanitaria que llevó a una protesta y a una reunión, el pasado 19 de octubre, de sus voceros con el Presidente Petro.
Los representantes aseguran que de la reunión quedó un sinsabor ante la falta de respuesta “de los actores estatales frente a las necesidades urgente de la comunidad y, de manera particular, frente a la estigmatización y aparatosa burocracia que se está presentado”, indicaron en la tutela.
El recurso presentado ante los jueces de Bogotá dice que los embera que recientemente han llegado desplazados a la ciudad “no tienen garantizada la posibilidad de adelantar su declaración ante la Personería de Bogotá debido a la imposibilidad de comunicación (con las) autoridades por ausencia de traductor (…) para adelantar la Ruta de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
“De acuerdo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las condiciones de Riesgo en Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó) son elevadas, existen riesgos de deslizamiento en su territorio y no existe paso para los niños asistir a sus escuelas. A ese territorio es justo donde quieren retornar a la población desplazada y víctima que se asienta en Bogotá”, indicaron.
La tutela además se refiere al anuncio hecho el 3 de noviembre pasado entre el gobierno y la delegación de paz del Eln para garantizar el regreso al territorio de los emberas. En su criterio, esta posición, sin consulta previa, revela la ausencia de buena fe porque es contraria a la posición que ya expresaron los indígenas que están en Bogotá, de no querer regresar.
“Las condiciones de seguridad para el posible retorno no son claras para las autoridades Embera Katío asentadas en Bogotá, en un momento en que las condiciones de seguridad en sus territorios de origen dependen de que un actor armado ilegal cumpla con su palabra dada al gobierno nacional sin siquiera participación ni injerencia de la comunidad Embera al territorio”, indicaron.
La tutela presentada por los abogados José Manuel Marín y David Cuartas en representación de las comunidades fue radicada contra el presidente Gustavo Petro; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón; las autoridades de Bogotá, la Procuradora y el Defensor del Pueblo.
En la misma se solicita garantizar los medios para que los pueblos puedan participar libremente, con compañía de un traductor, así como que las “consultas se efectúen de buena fe y que se hagan de una manera apropiada a las circunstancias, aplicando enfoque étnico, y enfoque diferencial, en todo acercamiento que las personas Embera Katio asentadas actualmente en la ciudad de Bogotá hagan con el Estado colombiano con base en los hechos y consideraciones de la presente acción”.
@AlejaBonilla
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