‘El presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial no es suficiente’

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo Alfaro, habla sobre el avance de la virtualidad y el proyecto de ley que en ese sentido avanza en el Congreso e insiste en la necesidad de que haya internet en todo el país para el correcto funcionamiento de los despachos.

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En la entrevista, Trujillo se refiere al déficit de jueces en el país y a los ataques a la Corte Constitucional por las decisiones que toma. "Aunque las decisiones no gusten, o susciten controversia, no podemos llegar al punto de lesionar la autonomía judicial", dijo.

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Es un proceso que se viene adelantando por parte de la Dirección Ejecutiva de istración Judicial y sus seccionales, pues, por el amplio alcance de las actividades, era deseable que su desarrollo fuese cercano a los operadores judiciales, directamente en las regiones en que ejercen sus competencias. La digitalización es uno de los primeros pasos en el camino hacia el expediente electrónico de la istración de justicia. Esta transformación comenzó antes de la llegada de la pandemia y será el horizonte que guiará a la Rama Judicial en los próximos años.

La transformación digital es esencial para mejorar el servicio que prestamos a los colombianos. Sin embargo, para este propósito, la virtualidad y la presencialidad deben coexistir. Dependiendo de la actuación procesal no resulta adecuada una justicia plenamente virtual, pues también es necesaria la inmediación directa de los operadores judiciales. Para afianzar esa transformación estamos ejecutando recursos obtenidos a través de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con los que buscamos el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de justicia.

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Uno de los ejes de este proceso es el desarrollo del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial con el que pretendemos soportar e integrar el expediente electrónico y la gestión de los procesos. Igualmente, permitirá estandarizar los sistemas institucionales que actualmente son dispersos. Estimamos que, a través del Plan Estratégico de Transformación Judicial 2021 - 2025, alcanzaremos su implementación en todo el país en los próximos años.

Hemos adoptado decisiones orientadas al retorno progresivo a las sedes judiciales, sin dejar de considerar la evolución de la emergencia sanitaria. De este modo, buscamos promover el uso de los medios digitales, sin eliminar la presencialidad.

La Rama Judicial cuenta con 5.440 despachos ubicados en 1.440 sedes en todos los municipios y para el desarrollo de sus funciones se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por lo tanto, es prioritario contar con redes de comunicación y a internet en todo el territorio nacional. Naturalmente, las necesidades producto del covid-19 aceleraron los requerimientos de conexión digital en el sistema de justicia que de tiempo atrás la Rama venía incorporando. Con ocasión de la pandemia, fortalecimos el a internet pensando en la realización de audiencias virtuales, la gestión documental y a la información a través de medios digitales y buscamos consolidar los servicios ciudadanos digitales.

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Consiste en lograr la permanencia de las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 806 de 2020 (que implementó tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, para agilizar procesos y flexibilizar la atención a los s en la emergencia). En principio el decreto 806 tiene vigencia hasta junio de este año y, por eso, las Altas Cortes y el Ministerio de Justicia, decidimos promover su adopción como legislación permanente. No debemos dar ni un paso atrás en el camino hacia la transformación digital.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a la evolución de la pandemia, adoptó diversos Acuerdos orientados a garantizar la prestación del servicio de justicia. En un principio fue necesario suspender los términos judiciales, también fue perentorio implementar un conjunto de medidas que permitieran garantizar la prestación del servicio de justicia, a pesar del confinamiento y la imposibilidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales. Medidas como las audiencias virtuales, el almacenamiento de la información en la nube y el sistema de gestión de correspondencia, fueron solo algunas de las que permitieron levantar la suspensión de términos y restablecer el a la istración de justicia.

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El plan de inversiones se aprobó desde 2021. Para este año la Rama Judicial cuenta con programas de mejoramiento de las competencias de la istración de justicia y el fortalecimiento de su gestión institucional. Desde allí, se pretende atender necesidades en infraestructura, transformación digital, formación de servidores y en plataforma tecnológica. El propósito es generar el mayor valor por cada peso invertido a través de la Dirección Ejecutiva de istración Judicial.

La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que nuestro modelo de gobierno y istración defiende la independencia del Consejo Superior de la Judicatura y diferencia las labores de istrar justicia y gerenciar la Rama. Entendemos que la reforma, tal y como fue aprobada por el Congreso, se separa de esta intención, dado que genera una coistración judicial ya que dichos conceptos serían vinculantes.

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La demanda de servicios judiciales ha aumentado a un ritmo que, por las limitaciones presupuestales que tiene el país, no ha sido posible armonizar con la oferta. En otras palabras, el presupuesto de la Rama Judicial, en materia de funcionamiento, no es suficiente para atender las necesidades de los despachos y alcanzar estándares como los que sugiere la OCDE.

Partiendo de este escenario, además de la creación de despachos, el primer paso de la estrategia es la transformación digital, sin embargo, este reto exige más medidas y la participación de diferentes actores. Al Consejo Superior de la Judicatura corresponde, entre otras, la formación de nuestros servidores judiciales y los concursos de méritos para el a la Rama Judicial. Ahora bien, para aliviar la congestión, es necesario reconocer que existen causas que exceden de la estructura de la Rama Judicial.

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En una sociedad democrática es inevitable que existan desacuerdos. Es ineludible que surjan controversias en torno a los debates que se producen en los foros judiciales. Sin embargo, no podemos itir que los desacuerdos se tornen en ataques contra la independencia judicial.

Los ataques a la Corte Constitucional y, en general, a los Jueces, no tienen cabida en un Estado Social de Derecho. Nuestro modelo constitucional está construido sobre una amplia base de principios y, entre ellos, la independencia judicial es fundamental. Hacemos un llamado a respetar las decisiones de nuestros jueces.

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Estos ataques se dan cada tanto depende la decisión, ¿cuál es el daño que genera?

El daño siempre será grave. Aunque las decisiones no gusten, o susciten controversia, no podemos llegar al punto de lesionar la autonomía judicial. Los espacios para controvertir las decisiones judiciales deben ser los que previó el constituyente y el legislador.

La efectividad de los derechos de las personas es una de las funciones esenciales de la istración de justicia. Ahora bien, en muchas ocasiones, la protección de los derechos fundamentales lleva consigo un contenido económico. Sin embargo, es un terreno donde no me corresponde entrar, aunque en todo caso hacemos un llamado al acatamiento de las decisiones judiciales.

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Existen entidades a las que corresponde el conocimiento de estas graves denuncias. No puedo, en ese sentido, invadir su órbita funcional. Ellos deberán determinar lo sucedido y adoptar las decisiones a que haya lugar. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura es importante destacar que la Corporación participa en diferentes instancias de coordinación que buscan hacer frente a estas situaciones y abordarlas de forma estructural.

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