‘El colapso en la justicia ya va en 3 millones de casos’: Francisco Bernate / Entrevista de María Isabel Rueda

En interesante conversación con el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, le preguntamos por el estado de la justicia, su opinión acerca de la constituyente y de las cortes. A la Constitucional le echó un ‘vainazo’ que obliga a la reflexión.

Es una agremiación profesional que comienza con el esfuerzo de 32 personas y hoy congrega a más de 5.000 abogados y abogadas en todo el país, y tiene presencia en los 32 departamentos de Colombia. Somos la profesión más perseguida, ponemos más muertos que ninguna otra, muchos de nosotros están exiliados; somos los que más recibimos la exposición mediática, el odio de las personas, los cuestionamientos.

Estamos actualmente trabajando en un código de ética que nos desmarque de cierto tipo de prácticas.

A la gente le gusta el linchamiento.

Represento los intereses de Luis Eduardo López Rosero, contratista que vendió 40 carrotanques a la UNGRD por un valor de 46.800’000.000 de pesos, contrato en el que medió un soborno a funcionarios de la Unidad. Desde el primer momento, ante la contundencia de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, decidimos que la única salida era negociar. Se entregó información que comprometería a tres exfuncionarios de la entidad, a cambio de que se pueda generar una rebaja en la pena para este contratista. El miércoles 7 de agosto será enviado a prisión y comenzará a asumir las consecuencias de sus hechos.

Mire que ya se nota el cambio de orientación de la Fiscal. Ella viene de la Fiscalía, la conoce, está muy bien rodeada, pero más que eso, pienso que ha hecho un trabajo un poco más silencioso, y ese ha sido un estilo disruptivo. Por ejemplo, en el escándalo de los carrotanques está entregando unos resultados casi sin precedentes en nuestro país.

Ella no detuvo para investigar, espera tener todas las investigaciones terminadas para ya proceder a detener. Eso es un cambio sin precedentes en Colombia, que nos muestra que vamos en el sentido correcto, de una justicia negociada, una Fiscalía que pretende resolver los casos muy pronto, con un trato bastante humano, digno, correcto, justo y muy poco dado a la exposición mediática, a la que tal vez estábamos muy acostumbrados en las istraciones anteriores. Creo que la Fiscal lo está haciendo muy bien, pero el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia le ha pedido varias veces así sea que nos lea una cartita; no ha sido posible, porque a los penalistas nos tratan de una forma indigna en la Fiscalía.

El único que entra requisado y escoltado es el abogado, el preso entra tranquilo, el funcionario entra tranquilo, y a nosotros nos quitan las llaves, los relojes, los teléfonos. En un tiempo donde su agenda está en un teléfono, es absurdo que no nos dejen entrar con uno.

Tenemos todo el respeto y todo el apoyo de la doctora Ángela María Buitrago. Es una jurista del más alto nivel, madrina del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y creemos que sí hay que avanzar hacia quitar las funciones electorales de las cortes, por lo menos a que no se den espacios para el lobby, las visitas, las citas, las designaciones.

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Frente a muchas de las reformas, no es necesaria una constituyente. Salud, pensiones, aunque hay aspectos que hay que mejorar, pero se puede hacer a través de un buen proceso de ley. Hay aspectos, por ejemplo, de reformas de la justicia, en los que sí creo que no se va a lograr un consenso en el Congreso y tenemos que preguntarle al pueblo colombiano si está de acuerdo con eso.

Y lo que dijo la doctora Buitrago, tener un padrino, hacer la campaña, llegar a acuerdos, y eso no debe ser así. Y tal vez no hay un acuerdo, por lo menos entre los congresistas, o no quieren decirlo porque la Corte es la que los juzga, ¿no? Apoyamos la idea de que el Congreso le pregunte al pueblo si quiere o no una constituyente, y que los colombianos decidan.

Desde el año 2017 se estableció un procedimiento legislativo especial para lo relativo a la normativa relacionada con la implementación de los acuerdos de paz, que fue avalada por la Corte Constitucional, y, en este sentido, es viable acudir a este procedimiento expedito.

Pero hay cosas que han resultado imposibles. Por ejemplo, la modernización de la justicia. Qué bueno que sean los colombianos de a pie los que decidan si quieren o no que se elijan personas correctas, para que tomen las decisiones correctas.

Muy bien. Se han presentado muchas propuestas sobre temas muy coyunturales como procesos más ágiles, asuntos de género. No fue fácil, obviamente, poner de acuerdo a 40 y menos a 40 abogados.

90 por ciento. ¿Eso implica que falló el sistema acusatorio?

A diferencia de lo que ocurre en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia hoy recoge a varios de los más avezados, recorridos, experimentados profesores, jueces, magistrados, que tienen una visión muy clara. Siento un profundo respeto por nuestra Corte Suprema de Justicia y por quienes la integran. Y sí, el sistema acusatorio hoy en día está colapsado.

A que estaba pensado para que solo el 10 por ciento de los casos llegaran a juicio. Se eliminaron beneficios, se estigmatizó el principio de oportunidad, se cuestionó el preacuerdo, y hoy es a la inversa, solo el 10 por ciento escapa de un juicio y el colapso ya va en más de tres millones de casos. Y cuando la pandemia le arrojó el salvavidas de las TIC, la Corte Constitucional lo echó por la borda. Entonces, le asiste toda la razón al presidente de la Sala Penal, que propone volver a esa idea original de una justicia negociada, más ágil. 

Crecí con una Corte Constitucional perfectamente irable, Vladimiro Naranjo, Ciro Angarita, Jaime Sanín, Carlos Gaviria, personas muy recorridas, que llegaron a ella al final de su carrera, fueron profesores todos. Trata de recitar hoy los nueve nombres de la Corte Constitucional… Cristina Pardo, Juan Carlos Cortés, el doctor Ibáñez, que han recorrido todas las plazas, tienen toda la experiencia y son garantía para el país. En los otros casos, mire no más cómo el presidente de la Corte Constitucional ya salió a cuestionar la constituyente, con eso se sacó del camino, ya no podrá el día de mañana intervenir en ese tema. No es una garantía. Además, no se ven esos debates tan elevados de antaño. Si miramos, la Corte hoy está produciendo menos sentencias que nunca y sentencias de 800 páginas que no resuelven nada.

Muy convenientes, como abogado, como ciudadano, pero es el presidente de la Corte Constitucional, corporación que tendrá que revisar la convocatoria a la asamblea constituyente. Entonces, puso en aprietos a la propia corporación, ahí es donde viene el talante. Además, el presidente va a escoger próximamente a tres de sus .

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Ojalá pongan a personas con recorrido, con reconocimiento, que lleguen ahí a terminar su carrera. Sobre todo, el Consejo de Estado ha estado un poco desacertado en sus últimas postulaciones. Y que los designados no lleguen a pretender que el Gobierno, al que complacieron, los designe en la Corte Interamericana.

El doctor Ibáñez es uno de los juristas más reconocidos de Colombia. Lo demuestran sus libros, sus doctorados, sus clases, la persona que es. Él no hizo esa afirmación a la ligera y recibió el respaldo de los medios, de la población, de todo el mundo; pero de su propia corporación, un discurso destemplado del presidente, no hubo más. Hay que decirlo, no tenemos un presidente a la altura de la importancia de la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado hoy en día ha seleccionado personas muy buenas, han superado de pronto algunas prácticas, pero a la hora de postular a los magistrados de la Corte Constitucional tal vez han sido un poco precipitados cuando hay que privilegiar la experiencia, el conocimiento que dan los años, porque lo que vemos es que las designaciones han resultado bastante negativas para la propia Corte.

A diferencia de las anteriores, ha tenido una evolución un poco más positiva. La diferencia que marcó Eduardo Cifuentes, un señor, y ahora Roberto Vidal. Sus magistrados son hoy mucho más ponderados, más institucionales, menos dados al histrionismo, al exhibicionismo, han hecho que la JEP tenga una estabilidad.

Sí, a partir de la famosa tesis de la bisagra cambiaron su postura, pero en general la misma forma de comunicarse a la ciudadanía ha sido ha sido muy asertiva.

También.

Seguimos sin justicia, mírelos en el Congreso, nosotros los vemos en el centro de la ciudad permanentemente; ya nos familiarizamos con Martín Sombra, que prácticamente es un inquilino de la plazoleta del Rosario…

Siempre está ahí, hay unos eventos de ajedrez. Es importante sí que la JEP comience a producir decisiones, no ver a estas personas impunes burlándose de las personas, ocupando puestos de representación política, sin haber reparado, sin nada, muy poquita verdad.

Ni hubo de parte de ellos una iniciativa hacia sus propios excombatientes, de darles una alternativa, siendo congresistas.

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Porque hay una generación de abogados, en todas las áreas, bastante disruptiva, bastante innovadora, hay una juventud que está empujando a una velocidad increíble, que trajo las tecnologías de la información y la comunicación, que son una revolución para la justicia colombiana. Hay una generación que está empujando y que va a lograr cambios en materia de justicia muy pronto. Desafortunadamente, los que se están yendo no se quieren ir y encontraron un aliado donde menos pensamos: en una Corte Constitucional que siempre iba hacia el futuro, y la de hoy, mira es al pasado.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO