Aunque el grupo, que hace tránsito a la vida política sin armas, saludó el concepto de exequibilidad proferido por la Corte, afirmó que hay aspectos que generan consecuencias “adversas” al cumplimiento de lo pactado con el Gobierno en La Habana.
Entre los puntos criticados, el nuevo partido señala que esa justicia quedó “concebida exclusivamente” para las Farc y no “para todos los actores del conflicto” como estaba contemplado.
De acuerdo con la Farc, este tipo de decisiones terminan “trasgrediendo” puntos que tuvieron una larga discusión durante la construcción del acuerdo de paz.
No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad
Según el líder de la Farc y candidato al Senado Iván Márquez, ese nuevo mecanismo –que juzgará a los actores que cometieron delitos en el marco del conflicto–
servía no solo para que la guerrilla hiciera el tránsito a la vida civil, sino para “superar el régimen de impunidad” de la justicia ordinaria, y, al “sacar” a los civiles y a los agentes del Estado, se preserva esa impunidad y se “desprecia” a las víctimas.
“No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad”, dijo Márquez.
Esa organización se declaró a la espera de conocer el contenido completo de la sentencia de la
Corte Constitucional, pues manifiestan que tienen varias preocupaciones sobre cómo operará el mecanismo al cual deben acudir para ser juzgados.
Entre los grandes interrogantes está lo relacionado con la extradición, pues dicen que aunque no se refiere “explícitamente” al tema, la Corte señala que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del régimen de condicionalidad lleva a la pérdida de tratamientos especiales de la JEP. “Falta esperar a ver qué dice el fallo”, afirmó Márquez.
La autonomía que supuestamente pierde el nuevo mecanismo, al declarar inexequibles algunos apartes del proyecto que reglamente la justicia para la paz, fue otro de los puntos tratados.
“La solución de recursos de tutelas contra fallos quedó en manos de la Corte Constitucional; la de conflictos de competencia, en manos de la justicia ordinaria, lo mismo que el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contravía de lo pactado, se impide la participación de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales”, argumentó el consejo político de la Farc.
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